El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) volvió a comparecer este martes en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, que se encuentra discutiendo, desde finales de agosto, el proyecto de ley del presupuesto nacional enviado por el Poder Ejecutivo. El ministro Gabriel Oddone explicó las modificaciones planteadas al texto de la ley, específicamente aquellas relacionadas con el impuesto mínimo global y los cambios que se introducían en el sistema del secreto bancario.
Algunos de estos cambios ya habían sido adelantados por el propio jerarca este lunes, cuando en una actividad de la Fundación Disciplinas Aplicadas al Trabajo (DAT) anunció que aquellas empresas que están dentro del régimen de zonas francas y que, a su vez, su empresa madre se encuentre en un país no adherido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a la instrumentalización del impuesto mínimo global no serán alcanzadas por la “relocalización” impulsada por el gobierno uruguayo.
En la noche del martes, tanto el ministro como algunos actores de la oposición brindaron una conferencia de prensa apenas el jerarca terminó de contestar algunas de las preguntas planteadas por los legisladores, para luego reanudar la sesión de la comisión.
La visita del ministro se dividió en dos bloques; el primero sirvió para que el jerarca volviera a hacer una explicación del inciso del MEF y para el segundo quedaron todos los aspectos vinculados a lo tributario. En conferencia de prensa, Oddone comentó que todavía no había terminado el primer bloque y dijo que esperaba “poder completar nuestra actividad a lo largo de la noche de hoy (por el martes)”.
El jerarca contestó sobre los anuncios que hizo el lunes sobre las modificaciones al impuesto mínimo global. Dijo que, como aún no lo había presentado ante los legisladores, iba a ser muy “cauto” en lo que transmitiría. Esos cambios, aseguró, “no tienen ningún impacto sobre la recaudación” que el gobierno había planificado cuando propuso esta relocalización del impuesto global.
Simplemente, comentó, lo que se hace es “disponer un mecanismo legal” mediante el cual las empresas “que son beneficiarias de algún acuerdo en materia de estabilidad tributaria”, que “no estén comprendidas dentro de los países que están adheridos o que sus matrices no estén instaladas en los países donde el impuesto mínimo global ya rige”, no tendrán que relocalizar el impuesto.
El ministro aseguró que se trata de objetivos que el gobierno ya perseguía, porque no era la intención del Ejecutivo desproteger los acuerdos y las reglas que Uruguay ya había establecido, en referencia a la ley de zonas francas. Lo que cambia, apuntó, es que se pondrá por escrito en la ley.
En esa dirección, el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, puntualizó que este cambio “no impacta” en las estimaciones de recaudación que el MEF tenía planeadas, porque “originalmente se había contemplado que estas empresas no iban a ser alcanzadas”. “Simplemente lo que se hace es explicitar en el marco legal, pero no es un cambio respecto a lo propuesto originalmente”, dijo.
Sobre los cambios relativos al sistema bancario, la versión original del Presupuesto planteaba la posibilidad de que la Dirección General Impositiva (DGI) pudiera tener de oficio la posibilidad de solicitar ante el Banco Central (BCU) el levantamiento del secreto bancario. Ahora se introduce un procedimiento por el que se deberá cursar una denuncia fundada al Poder Judicial para que, en un plazo máximo de diez días, se autorice al BCU a levantar el secreto.
Oddone comentó que el cambio introducido es que se mantiene la intervención de la Justicia, tal como sucede ahora, pero con plazos establecidos menores, “de tal manera de poder cumplir con lo que la OCDE establece en materia de plazos, pero al mismo tiempo porque hemos sido sensibles a entender que las garantías para los contribuyentes están bien custodiadas por el Poder Judicial”.
“Simplemente estamos manteniendo la intervención preceptiva del Poder Judicial con plazos más acotados a los que están establecidos. Eso es una diferencia con lo que nosotros originalmente habíamos remitido, donde el Poder Judicial no tenía intervención”, aseguró Oddone.
Según el texto modificativo, al que accedió la diaria, el levantamiento del secreto podrá realizarse cuando la administración tributaria presente una denuncia fundada. En esos casos, la DGI deberá pedir autorización previa a un Juzgado Letrado de Primera Instancia, que sólo la concederá si se comprueba la existencia de indicios objetivos que permitan presumir razonablemente evasión, deudas tributarias o infracciones tipificadas.
La solicitud debe tramitarse según los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso (CGP) y, si el juez no se pronuncia en un plazo de diez días hábiles, la autorización quedará otorgada automáticamente. Además, se mantiene la posibilidad de pedir esta autorización a solicitud de una autoridad extranjera, siempre que sea en el marco de tratados internacionales ratificados para el intercambio de información.
Oposición critica el plazo de diez días
En un principio, estaba previsto que la oposición saliera en bloque a brindar una conferencia de prensa, pero lo extenso de la jornada y el hecho de que Oddone no había terminado de contestar las preguntas cuando se decidió la conferencia motivaron que el Partido Colorado (PC) definiera no hablar. Sí lo hizo el diputado Álvaro Rodríguez Hunter, del Partido Nacional, quien aseguró que los cambios introducidos al impuesto mínimo global “cambian sustancialmente” la propuesta original.
En cuanto a esa modificación, Hunter prefirió no ahondar hasta escuchar a Oddone, pero sí cuestionó las modificaciones a la propuesta sobre el secreto bancario. “A priori vamos a escuchar las explicaciones, pero nos llama verdaderamente la atención eso del plazo de diez días y que si la Justicia no se expide se pueda acceder” al pedido, consideró.
El PN está de acuerdo, aseguró, con que se “cumpla” con la OCDE, pero dudó de si la Justicia podrá en “sólo” diez días poder expedirse. “Todos sabemos que evidentemente la Justicia en ese plazo no se va a expedir y por tanto se va a poder acceder a las cuentas bancarias”.
La OCDE, sostuvo, exige 90 días días de plazo, por lo que aseguró que sería bueno considerar un plazo similar, teniendo en cuenta que “en Uruguay con los requerimientos, con el poco personal que muchas veces tiene la Justicia y de recursos, sabemos que es difícil de cumplir”.
Oddone sobre reasignaciones presupuestales: “Eso está en manos del Poder Legislativo”
Desde la oposición se planteó que el MEF pueda redireccionar recursos del Presupuesto hacia la Fiscalía General de la Nación, sobre todo tras lo que sucedió el fin de semana con la fiscal de Corte Mónica Ferrero, pero también hacia la Universidad de la República. El ministro fue consultado sobre este punto y dijo que el Poder Ejecutivo definió una asignación presupuestal en el marco de un “esquema de financiamiento”, pero apuntó que el Poder Legislativo tiene dentro de su “libertad de acción” la posibilidad de reasignar recursos.
“Nosotros vamos a estar con lo que establezca el Poder Legislativo, y eso está en manos del Poder Legislativo. La definición del Ministerio de Economía sobre eso es que quisiera poder tener más recursos para volcarlos en el presupuesto”, comentó.