El 15 de febrero en el Palacio Legislativo asumió la 50ª Legislatura del Poder Legislativo uruguayo. Algunos días más tarde, el 1º de marzo, asumió el Poder Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsi. Desde ese entonces, son dos las interpelaciones que se han concretado. La primera fue al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización de más de 4.000 hectáreas, donde funcionaba la estancia María Dolores. La segunda fue al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la cancelación del Proyecto Neptuno y el anuncio de nuevas obras para el suministro de agua potable para el área metropolitana.
Con el tratamiento del proyecto de presupuesto en el medio, la herramienta parecía haber quedado guardada. Sin embargo, en las últimas semanas se anunciaron tres nuevas interpelaciones. Dos tienen que ver con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza. Concretamente, se interpelará a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por la presunta incompatibilidad de roles que mantuvo el jerarca hasta hace algunos días entre el prestador público y el ámbito privado. Asimismo, se interpelará al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, tras cuestionamientos a la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre Danza.
La tercera interpelación de las próximas semanas tiene que ver con que algunos días antes, en una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, se había anunciado la pretensión de rescindir el contrato del Estado uruguayo con el astillero Cardama. En ese marco, se señaló la existencia de “indicios de fraude o estafa” en el establecimiento de la garantía para la construcción de dos patrulleras oceánicas por un costo de 82 millones de euros. Esta decisión generó molestia en la oposición, dado que se entiende imprescindible la incorporación de ese material militar y se apunta a que lo de la garantía es “una parte lateral” del contrato.
En definitiva, son cinco las interpelaciones sobre la mesa en el primer año de gobierno de Orsi. El lunes 24 de noviembre el diputado del Partido Independiente (PI), Gerardo Sotelo, interpelará a Lustemberg. Con fecha a definir, el senador Javier García del Partido Nacional (PN) interpelará a la ministra de Defensa, Sandra Lazo. En el caso de la interpelación a Mahía, que tampoco tiene fecha fijada, se plantea que el interpelante sea el diputado nacionalista Pablo Abdala.
Cinco interpelaciones, un contexto
Según datos del Programa de Estudios Parlamentarios, no es inédito alcanzar cinco interpelaciones el primer año de gobierno. Esto ya sucedió durante los dos períodos del presidente frenteamplista Tabaré Vázquez. Otro presidente que tuvo un primer año agitado en materia de interpelaciones fue Julio María Sanguinetti, con cuatro, en el primer año luego del retorno a la democracia.
En el período anterior, liderado por Luis Lacalle Pou, hubo 17 interpelaciones. En el primer año, se promovieron dos, pero una de ellas fue impulsada por el entonces diputado de la coalición de gobierno, Eduardo Lust. La cifra total de interpelaciones del gobierno pasado fue menor a la de cada uno de los gobiernos frenteamplistas, dado que en la primera administración de Vázquez se alcanzaron 23 interpelaciones y en la segunda, 20. Por su parte, la de Mujica llegó a 25 interpelaciones.
El politólogo Daniel Buquet comentó a la diaria que, por más que los planteos se hacen en el ámbito legislativo, todo se “juega en el terreno de la opinión pública”. Aseguró que, por más que están previstas en la ley, no se espera que existan “consecuencias” sobre alguno de los ministros interpelados. En ese sentido, evaluó lo que sucede en estas instancias como “actos públicos de debate”.
Por su parte, la politóloga Camila Zeballos comentó a la diaria que, dada la falta de mayorías del oficialismo en Cámara de Diputados, era esperable en el actual parlamento un “delay en el proceso legislativo”, pero también una más baja “productividad legislativa” y un “aumento” de “controles horizontales” al Poder Ejecutivo.
Si bien el número es similar a los primeros años de los gobiernos de Vázquez, la especialista puso el foco en lo “encendido” del discurso de la oposición. “Tiendo a pensar que lo que hay es una extensión del clima de la campaña electoral, de una constante arremetida”, remarcó. Zeballos analizó que esto se ve favorecido, por un lado, por un gobierno al que “le costó tener la agenda”. Asimismo, se refirió a la existencia de “rispideces” a la interna de los partidos de oposición, lo que impacta en el “comportamiento” hacia afuera.
En general, Zeballos diferenció dos tipos de interpelaciones, por un lado, las de “defensa de la antigua gestión” (Cardama y Proyecto Arazatí), y por el otro, las “denuncias” al actual oficialismo (María Dolores y caso Danza). Coincidiendo con la clasificación de los dos tipos de interpelaciones, Buquet señaló que el primero tiene que ver con un gobierno que no tiene “una agenda fuerte” y “está usando como bandera” denunciar al gobierno anterior.
Más allá de ese rol de “defensa”, para el politólogo, la interpelación a Lustemberg tiene un perfil más de “contraataque”. Desde esa visión, comentó que “en el caso de Danza la oposición quiere meter un gol” y “en el caso de Cardama, quiere que no le metan un gol”.
En términos generales, para Buquet, al ser el primer año de gobierno, se está lejos de las elecciones, y por eso “debería predominar la cooperación frente a la competencia” por parte de los partidos de la oposición. Sin embargo, al Cabildo Abierto haberse ubicado como aliado al gobierno, el PN, PI y el Partido Colorado se ubican como “prescindibles” en el escenario de cooperación, y apuestan a “oponerse”, consideró.
Según el politólogo, se suma a eso un presidente que “es débil en los dos frentes”: legislativo y de popularidad. Por un lado, la “cooperación” es “irrelevante”, y por el otro, al no tener una “alta popularidad”, se puede “pegarle” sin temer a lo que “rebota” a nivel de la opinión pública.