Días después del comienzo del conflicto entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama Shipyard, el diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Defensa de la cámara baja, Gabriel Gianoli, financió su propio viaje a Vigo para corroborar el avance de la construcción de las patrulleras oceánicas y publicó un video en su cuenta de X. Dijo a la diaria que encontró “una empresa seria” y un “avance significativo” de las obras, pero su visita propició un cruce entre oficialismo y oposición.
Este lunes, en una entrevista con el programa Nada que perder de M24, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian se sumó a la discusión. En primera instancia, evaluó que el proceso de adquisición ha sido “muy desprolijo desde el período pasado” y “venía planteando dificultades”. Incluso recordó que “en noviembre de 2024 –tenemos las actas–, el propio Mario Bergara [en ese entonces integrante de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, hoy intendente de Montevideo] decía: ‘Me da la impresión de que hay que hacer un nuevo llamado a licitación’”, reconstruyó. “Ahora estamos esperando fundamentalmente la investigación administrativa, que nos va a dar mucha información”, señaló.
“El gobierno tenía que actuar cuando fue consciente de que tenía una garantía falsa de una empresa que no existía. [...] No se debió nunca aceptar una garantía que, por todos lados, estaba claro que no tenía el más mínimo respaldo, pero si además le sumás que después hay testimonios de incluso firmas falsificadas, el gobierno tenía que actuar”, acotó.
Sobre el accionar de Gianoli, la senadora reiteró que “nadie está en contra de las OPV”, sino que en el Estado no se puede “mirar para el costado” ni “hacer cualquier cosa”, y hay “harta evidencia de que hubo cosas que no estuvieron bien hechas, eso va a haber que esclarecerlo”. “La autodesignación de auditor de Gianoli me pareció una cosa patética, realmente patética, porque no corresponde, no tiene ningún valor institucional –más allá de que dentro de su partido les haya parecido interesante– y me parece que es el corolario de un conjunto de cuestiones que no están bien en la forma en que el Partido Nacional ha reaccionado ante este tema”, resumió sobre el comportamiento del legislador.
Coincidió con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en que desde el PN “no han hecho otra cosa que defender a Cardama” y “no somos anti Cardama, somos anti malos procedimientos”. “Lo único que hacen cuando hacen declaraciones es defender a la empresa, que hizo movimientos que estuvieron muy mal hechos, en vez de defender al Estado uruguayo, y como el presidente Orsi correctamente dice, nosotros no queremos que el Estado uruguayo pierda ni se vea afectado, y por eso estamos dando estos pasos”, cerró.
Consideró que “este ritmo de enfrentamiento” que lleva adelante la oposición, “de casi cinco interpelaciones en unos meses de gobierno, es decir, antes de que lleguemos al año”, es “imposible de sostener”.
Alejandro Sánchez sobre Cardama: “Se está conversando con la empresa”
El presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, anunció este lunes que la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por la decisión del gobierno de iniciar acciones legales para rescindir el contrato con el astillero español Cardama se realizará el lunes 8 de diciembre. El miembro interpelante será el senador nacionalista y exministro de Defensa Nacional, Javier García.
Consultado al respecto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo este lunes en una rueda de prensa que “está muy bien” que ya se haya fijado una fecha, porque “es bueno que la información sea la que todo el mundo está reclamando”, es decir, “la mejor información posible”.
“Cada vez esta situación es más turbia”, sostuvo Sánchez, en referencia al contrato firmado con la empresa española para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya. El secretario de Presidencia remarcó que Eurocommerce, la empresa garante de Cardama, fue disuelta por el organismo regulador de sociedades anónimas de Reino Unido “porque no tiene actividad económica”, con lo cual “rompe los ojos que hubo un proceso de fraude o de estafa al Estado [uruguayo], o de mala fe”.
“Habrá que ver quiénes son, si también estuvo involucrado [Mario] Cardama o no estuvo involucrado Cardama. Eso lo tendrá que definir la Justicia, no lo vamos a definir nosotros”, señaló Sánchez, y sostuvo que “el gobierno hizo bien en hacer la denuncia y esperar que la Justicia resuelva”.
De todos modos, afirmó que “se está conversando con la empresa”. “Yo no estoy involucrado en la negociación, específicamente, con la empresa Cardama, pero sí se está en conversaciones”, añadió.
Sánchez dijo que los procesos de mediación internacional “siempre tienen dos componentes”: por un lado, los espacios de mediación, que “son reservados”, y, por otro lado, que “hasta que no culminan” los procesos de negociación, “uno no sabe en qué escenario y en qué hipótesis están”.
“Nosotros queremos tener OPV [Offshore Patrol Vessel] en Uruguay. Tenemos que tener la certeza de que quien las construya las pueda construir y lo haga bien. Ese tiene que ser el objetivo. Además de eso, necesitamos esclarecer la constitución de la garantía”, aseveró.
Sánchez también afirmó que el Poder Ejecutivo no ha tenido acceso a la información que el diputado nacionalista Gabriel Gianoli recabó en su visita al astillero español recientemente, y que este lunes presentó al directorio del PN.