El debate sobre la correcta interpretación del artículo 200 de la Constitución de la República incorporó en las últimas horas un nuevo elemento. A la situación de Eduardo Viera, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional de Colonización por ser colono, y al caso del actual titular de ASSE, Álvaro Danza, quien días atrás anunció que dejará sus trabajos en el sector privado, se sumó recientemente un proyecto de ley, elaborado por el senador del Partido Colorado (PC) Robert Silva, que faculta a la Suprema Corte de Justicia a zanjar este tipo de discusiones.
La iniciativa, a la que tuvo acceso la diaria, tiene como cometido central “dar adecuado cauce jurisdiccional a cuestiones que, pese a su relevancia institucional y a sus repercusiones políticas, actualmente carecen de él”. Por ejemplo, “si el titular de un determinado cargo público se encuentra en una situación incompatible con el mismo, o si ha violado normas prohibitivas en el desempeño de sus funciones”.
En la exposición de motivos, Silva marca que actualmente las discusiones sobre posibles incompatibilidades entre la función pública y la actividad privada sólo tienen lugar “en ámbitos políticos y periodísticos”, lo cual “genera la percepción general de que la controversia es solo una disputa partidista y puede resolverse según la fuerza de los bandos en pugna o quedar sin solución”.
Para el senador colorado, “es necesario que un Poder Judicial independiente, como lo es el uruguayo, le dé a la ciudadanía la tranquilidad de que las controversias acerca de la correcta aplicación de la Constitución se dirimen con criterio jurídico y no partidario”.
El mentado artículo 200 establece, entre otras cosas, que los directores de entes autónomos o servicios descentralizados no podrán ejercer de forma simultánea “profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen”. Al respecto, el legislador del PC señala que la carta magna no “dice qué sanciones se aplican en caso de violarse las disposiciones del artículo 200”, un vacío que pretende llenar el proyecto.
En concreto, Silva propone crear una acción declarativa especial para que la Suprema Corte de Justicia (SCJ), “en instancia única, diga si quien ocupa un cargo público se encuentra alcanzado por una incompatibilidad de rango constitucional que le impide seguir desempeñándolo, o ha incurrido en conductas que violan expresas prohibiciones constitucionales”. La iniciativa establece que cualquier ciudadano podrá solicitar el pronunciamiento de la SCJ.
Por otra parte, el senador colorado señala en la exposición de motivos que, si bien los efectos del fallo de la SCJ “serán meramente declarativos”, en caso de comprobarse que existe una incompatibilidad se procederá por ley a la “pérdida automática” del cargo público en cuestión. Y se advierte que, “si el demandado continuara actuando como si siguiera desempeñando el cargo en el que ha cesado”, incurrirá en el delito de usurpación de funciones.