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Carlos Negro, Fernando Pereira y Gabriela Valverde, el 1° de diciembre, en La Huella de Seregni.

Foto: Alessandro Maradei

Negro anunció en la Mesa Política del FA que el Plan Nacional de Seguridad Pública empezará a regir el 1° de enero de 2026

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El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, definió el cierre del diálogo convocado por el gobierno como “un punto de partida para un plan que tiene que ser pensado, como mínimo, a diez años”.

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La Mesa Política del Frente Amplio (FA) recibió este lunes a las autoridades del Ministerio del Interior, quienes informaron sobre “las innovaciones que se están llevando adelante de cara al Plan Nacional de Seguridad que comienza a regir el 1° de enero de 2026”, según informó la fuerza política al término del encuentro. Asistieron el ministro Carlos Negro, la subsecretaria Gabriela Valverde, el coordinador del proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, Emiliano Rojido, y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Víctor Abal.

“Lo fundamental es que lo que se dijo en campaña por parte de todos los partidos políticos”, esto es, “que era necesario construir una política de Estado” en materia de seguridad pública, “está avanzando”, afirmó en rueda de prensa el presidente del FA, Fernando Pereira, luego de la reunión.

“Todos los partidos participaron en este diálogo en materia de seguridad pública, igual que las principales organizaciones sociales vinculadas a la materia, igual que la academia, y, al mismo tiempo, se tuvo cooperación de distintas agencias internacionales”, agregó.

La etapa participativa de la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, denominada Encuentros por Seguridad, finalizó a mediados de noviembre. En total, participaron 79 organizaciones de distinta índole y se recogieron 92 propuestas concretas. Hubo también alrededor de 50 aportes por parte de la ciudadanía en general, a través de una plataforma digital.

Pereira indicó que el gobierno tiene previsto presentar el lunes 8, en un evento especial, una síntesis de todo este proceso. A la presentación asistirá el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Este documento de resumen de la fase de intercambio, a su vez, será un insumo central durante la etapa de elaboración final del Plan Nacional de Seguridad, en la que también se sumará una revisión de la literatura científica internacional.

Pereira sostuvo que la seguridad pública es un asunto lo “suficientemente delicado como para que todo el sistema político le preste atención”. “Esto es un punto de partida para un plan que tiene que ser pensado, como mínimo, a diez años”, señaló, y añadió: “No es un problema de sensación térmica, como alguna vez dijimos”.

Consultado sobre el conjunto de medidas que anunció este mismo lunes el Partido Nacional para mejorar la seguridad pública –entre ellas, el combate a “la mendicidad hostil, la ebriedad pública y la limpieza forzada de parabrisas”–, el presidente del FA dijo que “se van a estudiar”. “Nosotros no opinamos a esta velocidad, nunca; no lo hemos hecho en cinco años”, afirmó.

No obstante, Pereira comentó que algunas de las propuestas de la oposición “son bastante repetitivas”, en referencia a los cambios normativos que se introdujeron al comienzo del gobierno anterior mediante la ley de urgente consideración, “que claramente no han dado resultados positivos –sino más bien negativos– a Uruguay”.

Hasta ahora, continuó el presidente del FA, “lo que hemos logrado es tener cárceles superpobladas, lo que hemos logrado es tener mayor cantidad de mujeres presas por delitos menores de tráfico. Y lo que no hemos logrado superar es la seguridad de las personas”.

Por otra parte, consultado sobre el modelo de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que fue objeto de controversia la semana pasada a partir de algunos comentarios de Orsi, Pereira manifestó: “En el Frente Amplio pensar en el modelo Bukele es imposible porque violenta estándares de los derechos humanos, porque violenta las libertades, porque violenta la República. Entiendo que en países que vivieron 40 años en guerras civiles y dictaduras este valor no esté tan instituido como en Uruguay, y la gente esté dispuesta a dejar toda su libertad, o buena parte de su libertad, en razón de su seguridad, pero en Uruguay esto no está laudado así”.

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