La Intendencia de Salto anunció el fin de semana que aguarda por la aprobación de un estudio de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente (MA) para presentar un proyecto de decreto ante la Junta Departamental que autorice la instalación, por parte de inversores privados, de tres barrios residenciales. Denominados La Calandria, Apolón y Altos del Río Uruguay, ocuparían unas 40 hectáreas al norte de la capital departamental.
Esto requirió modificaciones al plan director local de la ciudad, que contempla el área para su realización, y no estuvo exenta de polémica. Si bien se respetaron los procesos establecidos por la Ley 18.308, que establece la obligatoriedad de un período de audiencia y puesta de manifiesto al público previo a su aprobación, el gobierno departamental se acogió únicamente al período mínimo establecido, de 30 días, y no dio lugar a solicitudes de extensión del plazo, según informó Brecha.
La situación se ganó el reproche de organizaciones sociales e incluso de sectores del Frente Amplio (FA), como Seregnistas y espacio Raíces, una agrupación departamental. En un comunicado del sector con motivo del vencimiento del plazo legal, los integrantes de Espacio Raíces denunciaron las “grandes implicancias negativas en lo ambiental y social” que tendrían los emprendimientos y argumentaron que carecen de “razones fundadas desde lo económico, social y ambiental”, recogió el citado medio.
En una línea similar, el exintendente de Salto Ramón Fonticiella, candidato a la comuna departamental por el Frente Amplio –cuya candidatura acompaña Raíces–, expresó sus reparos en una carta en el medio digital Uypress. Consultado por la diaria al respecto, prefirió no referirse a las características de los proyectos, ya que aún no han sido tratadas por la junta y desconoce sus pormenores, pero remarcó la necesidad de desarrollar emprendimientos que no afecten el desarrollo de la ciudad y tengan en cuenta las consideraciones técnicas necesarias.
Asimismo, y según lo establecido por la ley, la concreción de este tipo de proyectos requiere la aprobación de dos carteras de Estado: el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), que ya dio el visto bueno, y el MA. Si estos organismos hacen reparos, la intendencia podrá presentar su proyecto de decreto ante la junta, que, de aprobarse, destrabará el proceso.
Lima: “Hemos sido muy cuidadosos” y se buscó que los emprendimientos “tengan un vínculo fluido con la ciudad”
En diálogo con la diaria, el intendente de Salto y futuro presidente de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir), Andrés Lima, destacó que los tres proyectos a estudio tienen sus orígenes en inversores locales y nacionales, algo que calificó como “importante”. Explicó, a su vez, que, ante la falta de un “marco legal” que articule proyectos de barrios residenciales, la comuna debió trabajar en torno a uno durante los últimos tres años, lo que insumió las discutidas modificaciones al plan director.
Lima descartó que la instalación de los barrios constituya una contradicción con las bases programáticas del gobierno del Frente Amplio (FA) –en cuyo capítulo “Vivienda, hábitat y espacio público: territorios y ciudades integradas y habitables” se establece que “se deberá evitar la construcción de barrios o enclaves cerrados”– ni tampoco con el programa de gobierno departamental. Según dijo, la intención es que los proyectos constituyan “experiencias integradoras que no estén alejadas de la ciudad” ni “funcionen como gueto”, sino que “tengan un vínculo fluido con la ciudad”.
Asimismo, dijo que el caso “a veces se puede interpretar de distintas formas” y lo relativizó. En los hechos, sostuvo, también podría considerarse como casos análogos los de “una cooperativa con cerramientos” o edificios “donde hay un portero y se puede ingresar solamente con autorización”.
“Es una cosa positiva que hace bien al departamento”, afirmó, y puntualizó que eso no implica aceptar “una inversión que no tenga requisitos y venga a hacer lo que le parezca”. Así, expresó su desacuerdo con una situación frecuente para tales desarrollos, que consiste en recategorizar terrenos rurales a urbanos para luego fraccionarlos y venderlos, donde “el único que sale ganando es el dueño de la tierra”. Aseguró que eso “no es lo que se está planteando” en este caso. “Hemos sido muy cuidadosos de que eso no suceda acá”, resumió.
En esta línea, destacó tres requerimientos que contempla el borrador de decreto que presentará ante la Junta Departamental: en primer lugar, que las obras no se resuman en especulaciones, sino que constituyan “una inversión efectiva que genere trabajo”. También que, “como todo fraccionamiento, por la Ley de Ordenamiento Territorial, el 10% o una superficie equivalente” sea transferido a la intendencia para que “pueda desarrollar aquello que considere que es lo mejor para esa zona o para la ciudad”.
En tercer lugar, dijo que deberá haber contraprestaciones en función del “plusvalor” de las obras, que “se traducen en una determinada suma de dinero en relación con la inversión”, en “invertir en obras en aquellas zonas de la ciudad donde se necesitan servicios básicos como saneamiento” que “se pueden lograr con este tipo de inversiones”, consideró.
Más allá de que el gobierno departamental aún aguarda por la autorización del MA, algo que sabe que puede implicar nuevos cambios al proyecto, de acuerdo con las recomendaciones de la cartera, Lima dijo tener la expectativa de que, una vez presentada ante la junta, la iniciativa cuente con el apoyo no sólo de ediles del oficialismo, sino también de la oposición, algo que “daría una fortaleza en el arranque de este tipo de inversiones que pretendemos que puedan llegar más seguido a Salto”.