El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó este sábado mediante un comunicado que resolvió mantener el convenio entre la cartera y la Fundación A Ganar que comenzó en 2022 y que el expresidente Luis Lacalle Pou renovó en febrero de este año, pocos días antes de dejar el mando, lo cual suscitó críticas desde el Frente Amplio y motivó un pedido de informes sobre los vínculos entre la administración pasada y la organización.
El Mides, que encabeza el ministro Gonzalo Civila, tomó la decisión “en consulta con el presidente de la República”, según informó en el comunicado, y “teniendo en cuenta los efectos que podría tener sobre 230 personas en situación de dependencia la caída intempestiva del servicio”. El ministerio argumentó que el servicio que presta la fundación, en establecimientos de larga estadía, es “de alta relevancia” porque se presta a “personas que presentan diagnóstico de cuidado permanente”, en algunos casos, a personas con dependencia severa.
En el comunicado, la cartera informó que el monto de la contratación –alrededor de 3,6 millones de dólares– “refiere a una contratación anual y más del 90% del mismo está destinado al pago de las mensualidades a los establecimientos y gastos por usuario/a”, y que “el Mides es habilitado por el Tocaf [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera] al procedimiento de contratación directa por excepción bajo ciertas condiciones”, con “variados antecedentes de contratación directa en similares circunstancias”.
También se señala que “luego de realizar observaciones y habiéndose corregido las mismas, la renovación del convenio fue autorizada por el expresidente Luis Lacalle Pou el 25 de febrero de 2025, pero no ha sido firmada aún por el Mides y la organización involucrada, fase que ha quedado pendiente para la actual administración”, que continuará con el proceso.
El Mides afirma que “la pertinencia de esta contratación y sus prestaciones, junto con otras, se valorará en el marco de la revisión que la nueva administración en su conjunto está llevando adelante a partir de la asunción de sus funciones”, y que “esa evaluación se procesa con datos sobre los servicios y el cumplimiento de los objetivos de las políticas, así como con información referida al apego a los procedimientos y estándares normativos y éticos, sin ningún sesgo político partidario”.
Finalmente, afirma que a los efectos de “una evaluación adecuada de los convenios con organizaciones de la sociedad civil, el ministerio está trabajando en el perfeccionamiento de los mecanismos que permitan la realización de denuncias o valoraciones por parte de participantes y trabajadores/as de los distintos programas y dispositivos”.