A tres semanas de iniciado el nuevo período parlamentario, mientras se desarchivan algunos proyectos de ley, cada bancada baraja sus prioridades legislativas. En filas de Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi, una de las coordinadoras de la bancada nacionalista de la cámara alta, señaló a la diaria que en la reunión de este miércoles con sus colegas ya planteó que se debe “hacer algo” con el Código del Proceso Penal (CPP) (Ley 19.293). La senadora adelantó que ya tiene un anteproyecto de ley que le hizo llegar “la academia” para modificarlo, e incluso se plantea “derogarlo totalmente” e instalar un equipo técnico para que proponga uno nuevo.
Bianchi sostuvo que el tema “no se puede centrar” en si nombran a un nuevo fiscal de Corte o no, porque eso “es un nombre”, aunque aclaró que no quiere decir que no sea importante. “El problema es el diseño del CPP, que ha demostrado que no funciona. Gente que estuvo en el equipo técnico, como el doctor [Jorge] Chediak, que me aburro de decir que fue tres veces presidente de la Corte [Electoral], dijo que había que hacerlo de nuevo”, señaló.
Además, recordó que representantes de la cátedra de Derecho Procesal, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en la Comisión de Constitución del Senado, dijeron que convenía derogar el CPP. Sostuvo que ahora, con el exfiscal de Corte Jorge Díaz como prosecretario de Presidencia, “va a ser difícil”, pero lo van a intentar.
Bianchi subrayó que el CPP ya lleva cerca de 17 modificaciones y entró en vigencia en 2017. Agregó que en caso de proponer un código nuevo se instalaría un equipo técnico “integrado por la academia” que crearía el Parlamento, con un plazo para que redacte un nuevo CPP, que al estar pronto y aprobado, se derogaría el vigente. Además, dijo que “hay que cambiar la ley orgánica de la Fiscalía” (Ley 19.483) “pero eso después de que tengamos el nuevo código”.
Por último, Bianchi sostuvo que “sin duda” lo más importante para trabajar en este período es un nuevo CPP. Además, destacó que ni el oficialismo ni la oposición tienen mayoría para nombrar a un nuevo fiscal de Corte, “y es muy difícil lograr un candidato o candidata ecuánime, con la impronta que dejó Díaz, de enfrentamiento brutal”.
En tanto, el diputado blanco Mario Colman, también piensa impulsar una reforma del CPP. De hecho, junto con los por entonces diputados Gustavo Zubía (Partido Colorado) y Eduardo Lust (Cabildo Abierto), a mediados del período anterior empezaron a insistir con un proyecto en ese sentido.
En diálogo con la diaria, Colman, que integra la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja, señaló que “obviamente” las modificaciones del CPP “merecen atención”. Recordó que el proyecto que presentó junto con sus dos colegas no tuvo tratamiento y señaló que generalmente se desarchivan los proyectos porque “es lo más rápido”, pero también se puede presentar un nuevo proyecto.
Colman subrayó que para él también es fundamental que se trate un nuevo proyecto del CPP, porque “hay un montón de gente que está presa sin proceso”. Sostuvo que el problema, sobre todo, es “la indefensión que uno tiene frente a un proceso” porque “la capacidad de la defensa es casi nula”. Dijo que no se refiere sólo a las posibles modificaciones a la ley de violencia de género (Ley 19.580), que hace pocos días volvió a presentar el senador Zubía sino que abarca más. Sostuvo que el nudo está en la “semiplena prueba”, porque “hoy con un relato bastante fundamentado y coherente de un fiscal, un juez ya te mete preso”.
De todos modos, Colman dijo que “es cierto” que el CPP “ha sido muy efectista, en el hecho de que antes había miles y miles de presos con proceso pero sin sentencia”. Dijo que hoy hay un porcentaje grande de presos con sentencia “pero porque son todos acuerdos” abreviados.
A su vez, en los primeros días del nuevo Parlamento se desarchivaron varios proyectos de ley. Entre ellos, 14 iniciativas del senador nacionalista Sergio Botana. Siete de esos proyectos están relacionados con los negocios de Ancap y el precio de los combustibles. En diálogo con la diaria, Botana dijo que su idea es contribuir “a la rebaja del costo de trabajar y vivir en Uruguay”.
Explicó que uno de los proyectos relativo al gasoil, elimina el IVA y lo cambia por un Impuesto Específico Interno de tres pesos, lo que según el senador, “mejora la recaudación de la DGI y solo ese proyecto baja más de nueve pesos el precio del gasoil”. En la exposición de motivos de este proyecto, que fue presentado originalmente en diciembre de 2021, Botana sostuvo que busca plantear “esquemas diferentes a los ya —hace años— establecidos, con la finalidad primordial de hacer más justo el mercado de combustible para todos los actores de la cadena y sobre todo más competitivo, seguro y accesible para el consumidor”.