Este jueves en la Torre Ejecutiva se realizó la primera reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo desde que asumió el nuevo gobierno. En el encuentro estuvo el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, la titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, entre otros jerarcas.
Al finalizar la reunión, Libonatti dijo al portal de Presidencia que la prioridad es la estrategia nacional contra el lavado de activos, que estaba ya circularizada desde junio de 2024, en el gobierno anterior, pero no fue aprobada. Agregó que la agenda la están redistribuyendo para que las nuevas autoridades tomen conocimiento de ella y hagan sus comentarios. “Es prioridad tener la estrategia, que va a ser nuestra hoja de ruta, no solo de la prevención, sino de todo el funcionamiento”, acotó.
La jerarca dijo que otro punto que entienden fundamental es “la coordinación interinstitucional”, porque es la que los puede llevar “a tener un sistema funcionando efectivamente con logros, con incautaciones, que es el objetivo final de un sistema”. Sobre este último punto, Libonatti dijo que ya en este mes estuvieron trabajando en reuniones para elaborar un protocolo de coordinación entre los distintos organismos.
A su vez, otro integrante de la reunión señaló a la diaria que lo primero que deben hacer es dinamizar esa hoja de ruta, y que la estrategia “no es la misma que se había discutido” en el gobierno anterior, pero se tomó aquella como base y se le introdujeron modificaciones “y algunas prioridades diferentes”. Agregó que la idea es tener la estrategia aprobada en un corto plazo, de uno o dos meses. En cuanto a la coordinación, la fuente subrayó que en “períodos anteriores no todos los organismos del Estado participaron con la misma potencia en la lucha antilavado”. Subrayó que el principal cambio, “más allá de las medidas concretas”, es “la voluntad política de que los recursos de los distintos organismos se vuelquen a la tarea”.
La fuente dijo que dentro de las medidas que contempla la estrategia nueva están “algunas actualizaciones legales”, como bajar el monto permitido para las transacciones en efectivo (actualmente el tope es de 150.000 dólares, según la última modificación en la ley de urgente consideración, LUC), una iniciativa que ya fue propuesta por legisladores del Frente Amplio.
Además, la fuente señaló que también se prevé cambiar las modificaciones que se hicieron mediante la LUC a la Ley 19.574 (contra el lavado de activos), en particular al artículo 17, referente a las “medidas simplificadas de debida diligencia”. Ese artículo establece que “los sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de debida diligencia respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de lavado de activos o financiamiento del terrorismo”. La fuente subrayó que “eso se va a proponer cambiar porque no cumple con las recomendaciones internacionales”.