La Junta Nacional de Drogas (JND) presentó este jueves sus lineamientos para la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030, iniciando un proceso de consulta y participación pública para “enriquecer” la estrategia y presentarla formalmente en noviembre. Entre las iniciativas que propondrá, se evaluará el uso de psicodélicos y disociativos, como la ketamina, para tratar la salud mental.
La estrategia está basada en siete lineamientos y presenta más de 100 medidas: rectoría y gobernanza, un sistema integral de prevención y promoción de la salud, la creación de un sistema unificado de atención y tratamiento en drogas, la regulación de los mercados, las relaciones internacionales, el control de los mercados ilícitos y la innovación e investigación.
“Es una estrategia a la que le ponemos mucho corazón y mucho pienso, con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida para todos nosotros”, destacó durante la presentación el presidente de la JND, Gabriel Rossi. Según la junta, Uruguay logró “construir una política de drogas reconocida por su innovación y compromiso, sostenida a lo largo del tiempo”.
Según el documento de la estrategia, al que accedió la diaria, en este período se trabajará en la regulación de los mercados de drogas, entendiendo que “forma parte esencial de las políticas” en este sentido. En esa dirección, Uruguay se propone avanzar en la regulación del alcohol, el tabaco, la nicotina y dispositivos emergentes, los psicofármacos, las bebidas estimulantes, el cannabis y las sustancias psicodélicas y emergentes.
Sobre el alcohol, la junta propone “revisar integralmente el marco normativo vigente”, con el objetivo de “reducir los impactos negativos asociados” al consumo de esa sustancia. Dentro de ese marco, se impulsará la regulación del marketing y la publicidad, el etiquetado visible en todos los productos alcohólicos con advertencias sobre el riesgo para la salud, recomendaciones y mensajes dirigidos a grupos vulnerables como embarazadas y jóvenes.
También se intentará incidir en las promociones comerciales (como las 2 por 1) y analizar la densidad de los puntos de venta, generando mapas, para identificar zonas con alta concentración, específicamente en aquellas cercanas a centros educativos y otros espacios frecuentados por menores de edad.
En el cannabis, la junta priorizará la “eliminación de barreras que dificultan el acceso al mercado regulado”, como los “obstáculos legales, geográficos, burocráticos, económicos y sociales”. Dentro de ese intento, la junta intentará eliminar el registro de usuarios compradores en la farmacia y buscar ampliar los centros de expendio en el país. Otra de las medidas es fortalecer al Instituto de Regulación y Control del Cannabis en sus capacidades “técnicas” y “operativas” para “emitir y fiscalizar” licencias. También buscará intensificar los controles específicos de THC en el tránsito vehicular e implementar acciones integrales de “sensibilización e información pública dirigidas a personas usuarias y no usuarias” que dejen en claro “los riesgos asociados al uso de drogas” y promuevan estrategias de reducción de daños.
En cuanto al tabaco, se enfocará la política en la población joven para “protegerla” de las nuevas formas de tabaco; se ampliarán los servicios para dejar de fumar y se “fortalecerá el marco legal” para “blindar al país frente a presiones comerciales”.
Sobre los psicofármacos, se buscará trabajar en la prevención del uso no prescrito y la “circulación informal” de los medicamentos. También se intentará “desnaturalizar la cultura del uso crónico de los psicofármacos desde campañas de sensibilización” y se ampliarán “las respuestas no farmacológicas en salud mental”, expandiendo las ofertas terapéuticas no farmacológicas en el sistema de salud”.
En cuanto a las sustancias psicodélicas y emergentes, la junta señala que en los últimos años el uso clínico de ciertas drogas de este estilo (psilocibina, ayahuasca, MDMA y ketamina) ha cobrado “relevancia” a nivel internacional, a partir de los estudios que exploran su “potencial terapéutico” en el tratamiento de condiciones complejas como la depresión o el trastorno de estrés postraumático.
En ese sentido, propone monitorear los desarrollos clínicos, regulatorios y éticos vinculados al uso clínico de estas sustancias, especialmente en su aplicación de salud mental. A su vez, promoverá la investigación nacional con “estándares éticos y científicos” e impulsará el “estudio crítico” de las normativas desarrolladas en otros países. También se propone evaluar el uso clínico de la ketamina en salud mental “en tanto ya está habilitada como anestésico”.
Es por eso que se buscará delimitar criterios, de manera “participativa y técnica”, para un posible debate regulatorio nacional sobre el uso de estas sustancias, “priorizando la protección de la salud, la soberanía regulatoria y la transparencia en la toma de decisiones públicas”.
Por último, en este punto, la junta buscará “desarrollar acciones de prevención de la banalización”, del uso recreativo y de la mercantilización del uso de estas sustancias, además de la circulación fuera del ámbito sanitario o su promoción comercial encubierta. “La estrategia sostiene que el avance en este campo debe estar motivado por el interés sanitario y no por agendas externas o lógicas de mercado”, se señala.
La JND propone un sistema integral de prevención y otro de atención y acompañamiento de trayectorias
La estrategia también plantea la creación del Sistema Integral de Prevención y Promoción de la Salud, con el objetivo de articular capacidades institucionales y comunitarias para promover entornos protectores, desarrollar habilidades para la vida y reducir riesgos en los distintos territorios, etapas del ciclo vital y espacios sociales. Se priorizarán campañas de sensibilización, alianzas intersectoriales, intervenciones en ámbitos educativos y laborales, y dispositivos comunitarios que integren la gestión de riesgos y la reducción de daños.
A su vez, también se implementará el Sistema Integral de Atención, Tratamiento y Acompañamiento de Trayectorias, que propone una “transformación profunda” del abordaje clínico y psicosocial de los usos problemáticos, promoviendo múltiples puertas de entrada al sistema de salud, respeto por la autonomía y diversidad de trayectorias, y articulación con políticas sociales como vivienda, empleo y educación.