El Parlamento recibirá el próximo martes 1º de julio al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, para que informe “cuáles son las acciones que se han venido llevando adelante” para atender la situación de las personas en situación de calle, dijo en una entrevista con la diaria Radio el senador del Partido Colorado (PC) Robert Silva, uno de los impulsores de la convocatoria, junto con la diputada nacionalista Fernanda Auersperg.
El senador colorado valoró, a priori, “como algo positivo” la reciente declaración de una alerta pública de nivel rojo por frío extremo, para habilitar la “evacuación obligatoria” de personas en situación de calle; “en la medida que se toma conciencia del estado de situación en el cual estamos, que es grave, y, por lo tanto, arbitran un conjunto de mecanismos extraordinarios para atender la problemática”, acotó Silva.
Silva apuntó a “la necesidad de no politizar este tema”, aunque consideró que “lamentablemente” eso sí pasó en el gobierno anterior: “Cuando había alguna situación de calle en donde lamentablemente pasaba un fallecimiento, uno veía tuits, comentarios de distintos legisladores del Frente Amplio [FA] haciendo leña del árbol caído”, criticó. Ahora, acotó, “no hay que hacer leña del árbol caído”, sino conocer si el gobierno, entre otras medidas, está aplicando la Ley de Internación Compulsiva, ya que “hubo jerarcas del gobierno actual que fueron tenaces opositores a su aprobación, ya que entendían que vulneraba los derechos humanos y otras cosas”.
En una conferencia de prensa este lunes, Civila aseguró que los instrumentos con los que cuenta el sistema están siendo aplicados y mencionó que desde que asumió se han solicitado más de 200 intervenciones de médicos del SAME para determinar si se aplicaba la Ley de Internación Compulsiva. Para Silva, el gobierno debe presentar la “evidencia correspondiente” en el Parlamento.
Por otro lado, el senador del PC también apuntó a conocer más sobre el acuerdo entre las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y los trabajadores debido a la reducción de la carga horaria de 250 funcionarios. Silva cuestionó: “Si vos tenés servicios que se atienden por funcionarios que trabajan ocho horas y los bajás de repente a seis, necesitas más funcionarios”. Sin embargo, reconoció que es algo que debe “analizarlo” y que con la presencia del ministro en el Parlamento “vamos a conocer y entender mejor y a ayudar en lo que podamos”, sostuvo.
Sobre los cinco fallecimientos de personas en situación de calle que el Mides contabiliza desde mayo, tres de ellos en el interior del país –en Rivera, Treinta y Tres y Salto–, Silva sostuvo que fuera del área metropolitana “hay situaciones complejas”, dado que el números de personas en situación de calle “está fuertemente engrosado” por egresados del sistema carcelario.
Para la senadora del FA Constanza Moreira, el Mides “está completamente desbordado por las personas en situación de calle desde que empezó”, cuando debería “estar trabajando la rectoría de las políticas sociales”, según expresó en la diaria Radio. Sostuvo que esto pone en evidencia una “situación estructural” vinculada a otros “dos factores gigantes”: la cantidad de gente en cárceles y los problemas de salud mental.
Moreira consideró que el gobierno del FA “está enfrentando, como el de 2004, una gran emergencia social” en materia de cárceles, calle y violencia, mencionó. “Estamos con tres o cuatro temas gigantes arriba de la mesa, y el gobierno comprometerá su presupuesto, sus recursos”, señaló la senadora al referirse al “gran refuerzo” presupuestal que requieren el Mides y la situación de calle.
Moreira: “El aumento de penas no sirve para nada más que para tener las cárceles llenas de gente”
A propósito de la situación de las cárceles, que la semana pasada copó la agenda debido al fallecimiento de cuatro personas privadas de libertad a causa de un incendio en una celda del ex Comcar, el senador colorado dijo que se debe “estudiar todo el sistema de cárceles” y, en ese sentido, sostuvo que “el tema de las medidas alternativas a la prisión es un camino a recorrer”.
“Yo no me opongo; creo que, efectivamente, hay que buscar alternativas que atiendan la situación del sistema carcelario”, dijo Silva, y acotó que deben contemplarse las realidades particulares de cada establecimiento, ya que “son muy dispares”. Consideró que la problemática en las cárceles de Uruguay “es un tema social” y que, por lo tanto, es clave “involucrar a toda la sociedad”. Agregó que mientras las cárceles sigan teniendo “espacios que contribuyen al desarrollo delictivo de las personas que allí están”, “no vamos a poder encontrar soluciones efectivas”, por ejemplo, para la seguridad o la situación de las personas en situación de calle.
Consultada sobre el grado de autocrítica que puede hacerse desde el FA sobre la actual situación de las cárceles, Moreira respondió que “el tema de las cárceles tiene que ver con el aumento de penas, y este país no ha parado de aumentar penas sistemáticamente”. En ese sentido, cuestionó que “el Frente Amplio, cada vez que hacía un acuerdo multipartidario con la oposición, aumentaba las penas”. Por otra parte, hizo referencia al aumento de penas que se estableció en la ley de urgente consideración (LUC).
“Yo le pido a la sociedad que se sincere y al sistema político que se sincere y que diga que el aumento de penas no sirve para nada. La verdad, no sirve para nada más que para tener las cárceles llenas de gente”, afirmó la senadora.
Silva, por su parte, mencionó el Libro blanco de reforma penitenciaria, que establece lineamientos para políticas de Estado en materia de rehabilitación, como parte de las “cosas positivas” que se hicieron en el gobierno pasado. En ese sentido, consideró que el ministro del Interior, Carlos Negro, “se equivocó severamente” al apuntar contra la LUC y las políticas del gobierno de Luis Lacalle Pou tras el fallecimiento de cuatro personas privadas de libertad.
“Si vos querés convocar a un diálogo, a aunar esfuerzos, no podés responsabilizar, o por lo menos así se entendió, exclusivamente por la situación que tenemos a la normativa aprobada, que además la aprobó el gobierno anterior y la ratificó el pueblo cuando fue consultado”, cuestionó Silva.
Por el contrario, Moreira celebró que “por fin” apareció un ministro, como Negro, “que hace un reconocimiento explícito” de los efectos del aumento de penas. Sin embargo, “la oposición pidió a gritos aumento de penas todos estos años, y el gobierno muchas veces le dio la razón”, lamentó.
La senadora añadió que “el tema de la pobreza tiene que ser central en cualquier propuesta de gobierno”: “Hay que eliminar la pobreza primero; si no, no hay desarrollo”, subrayó, y agregó que eso “implica redistribuir, y cuando surgen los problemas de redistribución, aparecen los grandes problemas de Uruguay”.