Este martes de mañana, mientras se terminaban de poner las jarras con jugo de naranja sobre las mesas y el café empezaba a humear, al salón de eventos del Club de Golf se seguían arrimando varios dirigentes de la oposición. Iban a presenciar la segunda edición de 2025 del Desayuno de Análisis de Coyuntura Política y Económica organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el think tank de signo liberal fundado por el economista Hernán Bonilla, su presidente, en el que también trabaja el exmandatario Luis Lacalle Pou.
Al evento asistieron exclusivamente dirigentes de la oposición, en su mayoría, nacionalistas, como la exprecandidata Laura Raffo (directora de Antel por la oposición), el senador Luis Alberto Heber y los diputados Juan Martín Rodríguez, Pablo Abdala y José Luis Satdjian, entre otros. De otras filas políticas marcaron presencia el diputado colorado Felipe Schipani y el exministro de Trabajo y líder del Partido Independiente Pablo Mieres.
La parte medular del evento, marcada por el análisis del Presupuesto que se está tratando en el Parlamento, estuvo a cargo del economista nacionalista Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED, quien fuera el coordinador de los equipos técnicos de la candidatura del blanco Álvaro Delgado en la campaña pasada. El economista empezó sin rodeos. Dijo que la primera discusión que tuvieron con el equipo del CED fue sobre qué título le ponían al Presupuesto, y la palabra que les vino a la mente fue “frágil”. “No es razonable simplemente adjetivar livianamente, pero la palabra frágil nos parece que refleja bien lo expuesto que queda este Presupuesto a los shocks que puedan venir tanto de afuera como de adentro del país”, sostuvo.
Iturralde agregó que “la incertidumbre internacional” y “algunas inconsistencias” que ven en “los supuestos del Presupuesto”, así como los “cambios en las reglas de juego que están propuestas”, que en algunos casos les “preocupan de forma importante”, le dan “cierta fragilidad al Presupuesto”, al punto de que podría “necesitar ajustes más adelante”.
A la hora de ampliar su visión, el economista dijo que sobre la situación mundial “no hay muchas novedades” con relación al desayuno anterior (realizado en abril), ya que “estamos en una fase de muchísima incertidumbre, como no conocimos en muchas décadas”, en particular a partir de los anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump, a principios de año, sobre su política arancelaria.
Dijo, no obstante, que hay “una novedad”, mirando a China, “el gran motor de los precios de los commodities y de las exportaciones” de Uruguay. Señaló que en los commodities “hay una dualidad”, ya que el momento de la carne es “excepcional”, pero no así el del resto, en particular la soja y la celulosa. Agregó que, en el marco de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, durante la primera administración de Trump el país oriental tenía “bastante más músculo y crecía a tasas bastante mayores que a las que está creciendo ahora”.
Iturralde subrayó que del lado de Estados Unidos hay “una caída de las expectativas de crecimiento” y esto ha generado “una tensión importante entre Trump y la Reserva Federal”, y en Uruguay eso “aterriza con un dólar débil, planchado, que ya viene hace varios años” así. En cuanto a la región, dijo que “la situación de Brasil ha mejorado”, aunque “no brutalmente”, y hubo “un éxito en la política antiinflacionaria del Banco Central” de ese país, que lo hizo “sin grandes costos en la actividad y, en particular, del empleo”.
En el caso de Argentina, Iturralde dijo que “parece claro que la primera fase del plan” del presidente Javier Milei “ha sido exitosa”, porque “la inflación cedió y los datos de inflación están por debajo del 2% mensual hace varios meses”, pero también “parece claro que la actividad económica dejó de crecer ya hace un par de meses”.
Desmenuzando el Presupuesto
Al entrar de lleno en el Presupuesto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo comandado por el presidente Yamandú Orsi, Iturralde subrayó que “termina con uno de los pilares, que era el más efectivo, el tope de aumento de gasto sujeto al crecimiento de largo plazo del país”, es decir, uno de los componentes de la regla fiscal implementada en el gobierno de Lacalle Pou. Sostuvo que en el proyecto se está proponiendo “un ancla de deuda, que está 10% por encima” de lo que definía un trabajo académico el año pasado, y que “el valor que da está totalmente sujeto a la construcción metodológica y a la moneda que se elija”. “No es algo que transmita con claridad una restricción difícilmente violable para los gobernantes”, acotó. Dijo que, en definitiva, es una restricción que “va a operar mucho más sobre el próximo gobierno que sobre el actual”.
Más adelante, Iturralde expresó que no tiene ningún misterio que el “ajuste fiscal” descansa “completamente en el aumento de recaudación, por nuevos impuestos y por mejoras en la capacidad recaudatoria de la DGI, con mejoras de eficiencia”. Explicó que aumentar la recaudación con nuevos impuestos tiene por lo menos “un par de problemas”. El primero es que “la certidumbre que uno tiene de que efectivamente va a recaudar lo que dice que va a recaudar con esos nuevos impuestos nunca es total”. “De hecho, la experiencia reciente en casos como los de Colombia y Chile nos muestra que las reformas fiscales terminaron recaudando menos de lo que se proyectó”, sostuvo.
Sobre los nuevos impuestos, Iturralde dijo que en particular les “preocupa, en cuanto a las reglas de juego, el apresuramiento que puede haber” con la introducción del impuesto mínimo global. “Sé que hay empresas multinacionales en Uruguay que están golpeando la puerta del gobierno, diciendo ‘yo ya estoy pagando en Luxemburgo o en Bélgica, prefiero pagar acá’, eso parece razonable, pero sabemos que no es la situación de todos. Y también sabemos que Uruguay tiene contratos firmados, leyes por las que se compromete frente a empresas a no cobrar impuestos”, sostuvo.
Agregó que con una introducción “apresurada” de ese impuesto, y en particular como aparece redactada en el Presupuesto, “el diablo va a estar totalmente en los detalles, queda expuesta una cantidad de cosas”. “Si una empresa que está en zona franca dice que no quiere pagar en Uruguay, y el Estado insiste con que pague, es perfectamente posible que nos expongamos a juicios; además de lo más delicado de todo, que es la reputación del país. Nosotros no tenemos una postura, en principio, absolutamente contraria a buscar la forma de implementar el impuesto mínimo global, pero la implementación de ese impuesto no puede estar sujeta al apuro recaudatorio de un gobierno”, subrayó.
Iturralde dijo que hubieran preferido que el Presupuesto “introdujera algún tipo de reducción del gasto”, porque es sobre lo que se puede tener “certidumbre”, ya que “si uno propone para 2026 una baja del gasto relevante, de medio punto o tres cuartos, uno sabe que eso efectivamente está ahí en 2026, y uno tiene la corrección fiscal en la primera parte del gobierno, con mucha más capacidad de reacción”.
Por último, sostuvo que los supuestos del Presupuesto sobre la mejora de la economía “son optimistas y frágiles”, por eso, volvió a su título del principio y dijo que el proyecto “es frágil ante shocks externos o internos”. “Básicamente, nuestro principal temor es entrar en un déjà vu de lo que vimos en el último gobierno de Tabaré [Vázquez, 2015-2020], que, tal como está planteada en el Presupuesto, no sea suficiente la corrección fiscal y que en un período corto haya que hacer alguna corrección adicional”, finalizó.