El proyecto de ley de presupuesto quinquenal establece, a través del artículo 421 que corresponde al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), la aprobación del Plan Quinquenal de Vivienda para el período 2025-2029 propuesto por la cartera.
Este plan se divide en cinco lineamientos estratégicos, los cuales consisten en priorizar la atención a hogares en situación de vulnerabilidad social y emergencia crítica, enfocada a reducir la desigualdad; contribuir al acceso y la permanencia en una vivienda adecuada a través del diseño y la implementación de estrategias que promuevan distintas modalidades de tenencia; diseñar e implementar acciones en contextos urbanos y rurales, que promuevan la integración social y territorial en todo el país; abordar de manera integral las estrategias de acceso al suelo, y fortalecer la gestión del Sistema Público de Vivienda, que promueva una mayor articulación interinstitucional, eficiencia operativa y capacidades de planificación, seguimiento y evaluación.
Atención a hogares vulnerables y en emergencia crítica
Una de las iniciativas previstas en el plan para atender el primer lineamiento es el programa Crece desde el Pie, que tiene como cometido “dar respuesta a hogares con niños y niñas recién nacidos en situación de vulnerabilidad social y que residen en viviendas con alta precariedad habitacional”. Las acciones incluirán obras de refacción de viviendas, ampliación, reforma o terminación de viviendas existentes, provisión de módulos básicos, entre otras que pueden surgir con base en las necesidades identificadas.
A su vez, el MVOT proyecta atender las situaciones más críticas de precariedad a través de herramientas flexibles para dar respuestas rápidas y transitorias para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, mientras “se avanza hacia una respuesta habitacional adecuada y definitiva”.
Acceso y permanencia en viviendas adecuadas
El MVOT desarrollará el programa Primera Vivienda con el fin de facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda de calidad, ubicadas en zonas con servicios y a un costo accesible, para los sectores que, a pesar de tener ingresos regulares, no califican como sujetos de crédito formal, específicamente en el sistema tradicional del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). En ese sentido, se otorgarán créditos del BHU con el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios de hasta 95% y subsidio a la cuota para vivienda usada y vivienda promovida.
Se revisará el programa Entre Todos y el régimen de Vivienda Promovida, que establece la Ley 18.795, con el objetivo de “continuar incrementando el stock habitacional mediante esta modalidad, pero con un mayor énfasis en los mecanismos que aseguren el acceso efectivo de los sectores priorizados por el MVOT”.
La cartera se apresta a “promover modelos habitacionales colectivos e innovadores”, y para ello se generará un plan piloto, en colaboración con los gobiernos departamentales, para la “financiación de experiencias colectivas que integren modelos de gestión alternativos y/o uso de tecnología ambientalmente sustentable”.
Asimismo, enfatiza en que se volverá a “promover la autoconstrucción de viviendas en terreno público y en convenio con las intendencias”, las cuales darán los predios y gestionarán los diferentes proyectos, mientras que los destinatarios aportan la mano de obra y el MVOT la asistencia técnica.
Diseño e implementación de acciones en contextos urbanos y rurales para la integración social y territorial en todo el país
La cartera propuso un cambio en la forma de trabajo de los programas de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que actúan en los asentamientos. A partir de esta modificación, “la forma de aproximación a las zonas de intervención” será coordinada “con una nueva división de tareas entre los programas que potencie las fortalezas específicas de cada uno”, con el objetivo de “optimizar el impacto de cada proyecto a la vez que se racionaliza el uso de los recursos”.
Según el plan, en el territorio que se intervenga “se implementarán proyectos participativos y abiertos a la definición de prioridades de forma consensuada entre los actores, incluyendo a los beneficiarios, y los gobiernos y organizaciones locales”.
A través de los programas Avanzar y el Plan Nacional de Relocalizaciones, habrá una reubicación de asentamientos irregulares, cuando “la localización inadecuada o el riesgo ambiental que presente el asentamiento no permita su regularización in situ”. Esto será con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, así como para incluirlas a las redes urbanas y sociales de su localidad.
Se incorporará el programa Más Barrios, que impulsa intervenciones integrales de desarrollo urbano y vivienda en zonas con alta concentración de vulnerabilidad, exclusión socioterritorial y violencia, para “transformarlas en comunidades habitables, seguras e integradas”. Otro de los programas es Mevir AIR (Agrupamiento Irregulares Rurales), que busca regularizar y mejorar las condiciones de las viviendas en esos territorios.
Abordaje integral de las estrategias de acceso y permanencia al suelo
El gobierno prevé institucionalizar una política nacional de suelo urbano, que se hará a través de la creación del Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado, en la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. Esto “permitirá mejorar la planificación, gestión y uso del suelo urbano con fines habitacionales y de desarrollo territorial”.
Por otro lado, se fortalecerán programas de subsidios para alquiler transitorio en localidades del interior con presencia de centros educativos terciarios.
Gestión del Sistema Público de Vivienda que promueva una mayor articulación interinstitucional
De acuerdo con el documento, la gestión del Sistema Público de Vivienda (SPV) consiste en “una apuesta estratégica para mejorar la capacidad del Estado de diseñar, implementar y evaluar políticas habitacionales efectivas, equitativas y transparentes”, por lo que el plan propone “avanzar hacia una gestión más articulada, eficiente y basada en evidencia, mediante el desarrollo de herramientas de planificación, seguimiento y evaluación”.
Para esto, se prevé la creación de un sistema que “permita el monitoreo y evaluación de las políticas de vivienda y hábitat”, así como la generación de una alianza con el sector académico que aporten insumos técnicos para el análisis y la ejecución de diferentes intervenciones.