Presidenta del INAU: “Está sobre la mesa transformar los centros de breve estadía”, porque “no están dando respuesta a las dificultades que tienen los gurises”

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Tres casos de fallecimiento en las últimas cuatro semanas pusieron al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), nuevamente, en el centro de la polémica. El 31 de diciembre, un adolescente de 15 años que estaba en el Centro de Breve Estadía para adolescentes varones de Montevideo (ex Tribal) fue encontrado muerto en la bahía de Capurro tras una salida no acordada; el domingo 11 de enero, un niño de 10 años falleció mientras dormía en la clínica de salud mental Boulevard, y el martes falleció una adolescente de 15 años que estaba internada en CTI por intoxicación, a raíz del incendio en un centro de Tacuarembó.

A estos hechos se suman otras polémicas que han envuelto a la institución: denuncias de la oposición de que el ente está “acéfalo” y la calificación de “no apto para todo público” al libreto de la murga Doña Bastarda –medida que luego fue rectificada–. Por todo esto, la Comisión Permanente del Parlamento votó por unanimidad citar a las autoridades del INAU para que brinden explicaciones. la diaria conversó con la presidenta del INAU, Claudia Romero –acompañada por la directora general, Andrea Venosa–, sobre los hechos recientes y los problemas que arrastra el instituto.

¿Con qué información cuentan acerca del incendio que derivó en el fallecimiento de una adolescente de 15 años?

Ese es un centro que funciona por convenio a través de la cooperativa Maino, que asumió la gestión de este proyecto en agosto de 2022, cuando se rescindió el contrato con el convenio previo. Se viene trabajando; había tenido supervisión en 2023-2024, previo al inicio de esta administración, que daba cuenta de algunas debilidades. Desde marzo de 2025 no había habido supervisiones, pero ya antes, a inicio de 2025, se habían juntado con las autoridades, se habían respondido algunos señalamientos que se hacían en la supervisión anterior. Tenía la habilitación de bomberos. Y, bueno, lamentablemente sucede este hecho, el 20 de enero, cuando se da cuenta del incendio que estaba ocurriendo y del que fue imposible sacar a la adolescente –que estaba en un cuarto aledaño–. Nosotros estamos esperando oficialmente el informe de Bomberos, porque pasó a Fiscalía.

¿De qué dio cuenta la información primaria?

De un desperfecto, de un cortocircuito por una sobrecarga eléctrica. Pero no de que fuera un incendio intencional, que es lo primero que uno quiere descartar en el marco de todo lo que está aconteciendo.

Y aún así contaba con la habilitación de Bomberos. ¿Cuáles eran las condiciones edilicias del centro para que se haya reiterado un episodio de un desperfecto que produce un incendio?

Se había dotado de una partida especial para hacer algunos arreglos edilicios. Si bien, por algunas cuestiones que nosotros estamos viendo, y no solamente con este centro, nos gustaría que tuvieran otras capacidades los hogares, pero no estaba siendo fácil conseguir una casa con esas características que facilitaran la convivencia en Tacuarembó. Pero no por una cuestión de la eléctrica, porque la habilitación de Bomberos existía.

¿Ya solicitaron al Poder Judicial el acceso a las autopsias de los otros dos menores fallecidos?

Sí, las solicitamos. Estamos a la espera del informe de las autopsias, que no llegó porque inicialmente se nos dijo que no correspondía que se nos diera, que se les iba a dar a las familias. Así que estamos esperando para conocer bien y de forma oficial, y técnica, las causas de las muertes, aunque tenemos las investigaciones que se realizaron en nuestro centro. Es importante no descontextualizar estas dos muertes. Analizar estas muertes y hacer conjeturas, o mostrar debilidades frente a casos particulares, me parece que ciega un poco; lo que tenemos que ver en el sistema de protección especial es que de verdad tiene que proteger, pero que cuenta con debilidades estructurales que no se resuelven fácilmente, ni en poco tiempo.

¿Cuál es el proceso que siguen las investigaciones internas? ¿Qué definiciones se toman en función de ellas?

Lo que pasa es que tenemos que hablar de qué tipo de muertes acontecen. Hace poquito mostrábamos una tabla de las muertes que habían ocurrido en el último período de la administración y las que ocurrieron en 2025: por ejemplo, en 2025 se produjeron 63 muertes. Y uno dice: “63 muertes de niñas, niños y adolescentes vinculados al INAU”. “Vinculados a INAU” significa que pueden estar con sus familias, transitando por servicios de atención parcial y yendo a la escuela y viviendo en sus casas, y que tienen un contacto como si nosotros dijéramos “en esta escuela o en este club deportivo fallecieron determinados niños”. No están viviendo en el INAU.

Uno tiene que hacer la discriminación de esas 63 muertes, por ejemplo, producidas en 2025, de cuáles correspondían a los niños que están bajo la tutela o en formato de residencia del INAU: son 18. De esas 18, diez acontecen en centros de discapacidad. O sea que muchas de esas diez pueden obedecer incluso a personas que no son menores de edad y que, por sus patologías de base, tienen un mayor riesgo de que estos eventos ocurran. Tres [están] vinculadas a centros de salud mental y después cinco están discriminadas por otras causas. O sea que uno no puede descontextualizar la muerte.

¿No cabe una autocrítica del INAU en los casos por fuera de los 18 fallecimientos bajo su amparo?

Una familia que mande a su niño al CAIF y muera ese niño, a saber, por una meningitis, como va a un CAIF va a figurar como vinculado al INAU, pero no es el INAU el que tiene una responsabilidad, por ejemplo, de evitar esa muerte. Sí, como parte de una sociedad y parte de un organismo que visibiliza los derechos de la infancia, saber si esa muerte era prevenible por alguna estrategia vinculada a acciones que se desarrollan en el sistema, saber si están al día los controles de salud, el carnet de vacunas; pero no es específicamente una responsabilidad inherente al instituto. Por eso decimos: esta cuestión de las vinculaciones genera como una duda. Uno se hace la autocrítica porque nosotros estamos acá entendiendo que es una institución encargada de ser la rectora de las políticas públicas vinculadas a niños, niños y adolescentes, y cada vez que muere un niño en un país donde la natalidad es baja, a uno lo interpela como un actor dentro del Estado, pero no específicamente relacionado a una responsabilidad exclusiva del INAU.

¿Cómo es el proceso de las investigaciones?

Esta administración resolvió que cada vez que acontecía la muerte de un niño se producía una información de urgencia. La información de urgencia tiene que estar en un plazo de 48 horas en el directorio. Después se puede iniciar una investigación administrativa que da cuenta de muchos más elementos. Sí, claro que se toman medidas, en caso de que nosotros dentro de ese análisis del acontecimiento entendamos que hubo omisión, hubo responsabilidad. Los pedidos de iniciar una investigación o una información de urgencia es para visibilizar si hay responsabilidad, si hay mala praxis dentro de lo que hacemos nosotros para poder revertir la situación.

En los casos de las tres muertes a las que hacíamos referencia, en la que está vinculada al niño, que ocurre en una clínica psiquiátrica, todo parece indicar que se trató de una muerte súbita. No hubo episodios previos que alertaran de que algo iba a acontecer; el niño se fue a dormir. Hay cámaras dentro del dormitorio y no muestran que haya ocurrido nada, y estamos esperando la autopsia para ver si revela algún otro dato. La del otro adolescente tiene que ver, sí, con una causa externa, se presume un ahogamiento. Fue en el marco de una salida no acordada que se denunció rápidamente. De hecho, incluso previo a la denuncia, como fue algo medio intempestivo que saliera, se lo fue a buscar, no se lo encontró y se hizo en el entorno de la media hora la denuncia de la salida no acordada.

Brecha informó de auditorías internas del INAU, ordenadas en el período pasado, que calificaron de riesgo extremo el estado del servicio de centros de salud mental contratados por el INAU. ¿Tiene alguna denuncia la clínica en la que falleció el niño de 10 años?

No, no tenemos denuncias específicas del centro. Sí tuvimos denuncias de otros centros en los que rescindimos el contrato; de hecho, ahora salió una nueva licitación para clínicas psiquiátricas que se está evaluando en este año.

De todas formas, nosotros tenemos que rever cuál es el manejo que se les da a los niños en las clínicas psiquiátricas. ¿Cuáles son los objetivos de tener un ingreso en una clínica psiquiátrica? ¿Cómo podemos hacer para mejorar algunas de las condiciones de vida, pero apuntar más al desarrollo?

Estamos trabajando en una propuesta vinculada a la atención en salud mental de niñas, niños y adolescentes. Convengamos que estos niños son parte de un Sistema Nacional Integrado de Salud y, como tal, son usuarios a los que les corresponde una institución, un prestador, que la mayoría de las veces es un prestador público. Habitualmente, estos niños están afiliados a ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], con quienes estamos trabajando para ver cómo podemos configurar una atención que dé cuenta de una asistencia más continua, que repare desde otras lógicas y que no medicalice. Y, quizá, trabajar más en lo ambulatorio, con un equipo que refuerce algunas estrategias y termine disminuyendo el ingreso a estas clínicas psiquiátricas.

La auditoría indica que los centros de salud mental pudieran estar siendo utilizados “como estrategia” para evitar que algunos niños estén expuestos a la captación de redes de explotación y narcotráfico. ¿Es una práctica que se lleva a cabo?

Si la auditoría lo reporta, es porque en algunos casos lo encontraron. Yo, cuantitativamente, no puedo decir en cuántos casos. Bajo esta administración, cuando nos notifiquen de una situación así, no va a ser ese el camino que llevemos a cabo para responder a esto. No es la acción que debemos desarrollar para prevenir que estos niños estén en contacto con redes de trata.

¿Qué dimensión tiene el problema de la captación de redes de trata en este momento?

Nosotros realmente estamos muy preocupados por algunas situaciones que se dan, y que se dan en el marco también de la visibilización que tiene la violencia a nivel territorial o las salidas no acordadas vinculadas a la trata, a la explotación sexual, al micronarco. De hecho, en la evaluación que hicimos al terminar 2025 de cómo encontrábamos el sistema de protección especial, o algunas líneas estratégicas que se habían llevado a cabo, algunas de las cuestiones fueron aprobar proyectos vinculados al tratamiento de la explotación sexual en territorio que habían sido aprobados por el directorio anterior, pero que no se había otorgado la prestación que necesitaban para poder ejecutarse. Sabemos que hay algunas zonas de riesgo, las zonas de frontera son zonas de riesgo, y es en lo que estamos trabajando.

¿Las salidas no acordadas están siendo uno de los principales problemas?

Es un problema del sistema. Un adolescente que va a un liceo y llega habitualmente al centro donde vive a las 13.15, si son las 13.30 y el adolescente no llegó, puede ser una salida no acordada. Primero [está] esta cuestión de concebir que los niños, niñas y adolescentes que están bajo el amparo del INAU no están privados de libertad. Ellos tienen derecho a salidas del hogar como las tienen cualquier niño o adolescente de su hogar, y que, obviamente, para salir tienen que solicitar el permiso a quienes los cuidan. Pero, en esta dimensión de todo lo que puede ser salida no acordada, como hay un protocolo que dice que cada vez que hay una salida no acordada se denuncia, también hay que tener un criterio. Se está trabajando con el Ministerio del Interior para actualizar cuáles son los criterios de riesgo que hacen que una salida no acordada pueda tener una adjudicación de un riesgo que diga “hay que salir inmediatamente a buscar a este niño o a este adolescente”.

Hay otra cuestión que es que muchas veces la salida no acordada se produce porque los adolescentes no quieren estar en el lugar donde están y eso requiere otro tipo de trabajo. Creo que hay mejoras sustantivas para llevar adelante. Creo que el protocolo con el Ministerio del Interior va a mejorar los aspectos de esta cuestión de la categorización del riesgo, que va a ser necesaria porque, repito, por más que mejoremos algunos de los recursos que tenemos, no vamos a evitar todas las salidas no acordadas, pero sí es un tema importante dentro de la institución.

¿Qué diagnóstico hacen del Centro de Breve Estadía para adolescentes varones de Montevideo (ex Tribal)?

Los centros de breve estadía no se pueden analizar si no se analiza el sistema. Uno le pone mucho al Centro de Breve Estadía como fracaso y lo que quizás está requiriendo una evaluación exhaustiva es el sistema de protección especial que pensó en centros de breve estadía para dar solución a algunas problemáticas que hoy no la está dando. Hay una comisión de trabajo que está funcionando para el análisis del sistema de protección especial –integrada por asesores y también por recursos humanos dentro de la estructura–, y lo que se está viendo es que en ese centro de breve estadía ingresan adolescentes que traen historias de vida totalmente diferentes. Puede ingresar un niño que perdió a su familia, por ejemplo, por diferentes causas, y que está súper movilizado; y adolescentes que no es la primera vez que están en el centro, que tienen otras historias, que incluso han egresado del Inisa [Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente]. Hay una atención diferencial que hay que dar que en esta lógica del ingreso de muchos niños con historias distintas no estamos pudiendo dar.

Estamos analizando la pertinencia de un Centro de Breve Estadía que quizás esté discriminado por los trayectos, que esté discriminado por las respuestas que podamos dar a estas historias, pero que ahora es necesario que los actualicemos frente a la coyuntura que estamos viviendo.

¿Es un objetivo el cierre del centro ex Tribal?

Es la transformación de los centros de breve estadía. No a futuro; estamos trabajando en esto. Una transformación que tiene que ver con lo que les damos a estos adolescentes, con las capacidades que instalemos para que puedan desarrollar de otra forma su vida. Está sobre la mesa transformar los centros de breve estadía, porque como se pensaron en un pasado no están dando respuestas a las dificultades que tienen los gurises.

También desde lo edilicio. Este es un centro donde nosotros quisimos hacer una mudanza y en el que estamos en un proyecto de mitigación, a través de una cooperativa, donde hemos cambiado muchas cosas que rompían los ojos cuando uno entraba, como las puertas que se parecían a las de los calabozos o las concertinas que nos hemos encontrado en algunos lugares, cuando estamos diciendo que no son gurises privados de libertad. [Pero] no conseguimos a nadie que nos alquilara una casa. Queremos un lugar diferente, queremos una casa que tenga un espacio, que tenga tantos dormitorios, que tenga verde, una casa que los acogiera de determinada forma, pero cuando uno empieza a hablar y dice que es para un hogar del INAU, no nos alquilan la casa. Esto también hace reflexionar sobre la postura de la sociedad. Está bueno reflexionar en forma conjunta y traer más adeptos, porque la verdad es que, para darles oportunidades a estos gurises, nosotros necesitamos que la sociedad toda les dé oportunidades.

Otro de los casos de las últimas semanas, informado en primera instancia por _El Observador–, es el de una bebé que fue devuelta a un familiar tras ser adoptada. ¿Concluyó la investigación interna en ese caso?

Tenemos una investigación interna que concluyó y que, además, se derivó a la Institución Nacional de Derechos Humanos [y Defensoría del Pueblo] que también pedía el análisis. Hay un marco normativo que facilita que se produzcan estos acontecimientos, porque ustedes saben que hay 45 días de plazo desde que una familia adoptiva tiene a ese niño para que, si aparece algún familiar biológico, la ley priorice la atención en la familia biológica. Hay una supervisión del INAU de cómo se está llevando a cabo esta convivencia, porque además poco se habló de que esta niña tenía dos hermanos y que los dos hermanos también reclamaban el hecho de vivir con su hermana. Nosotros entendemos que la ley genera algunas debilidades respecto de estos plazos legales que, a veces, favorecen este tipo de situaciones. Ya establecimos un grupo de trabajo que está revisando la normativa, que ya ha hecho sugerencias. Para nosotros es primordial, a su vez, trabajar en revisar los procedimientos internos dentro de la institución en la búsqueda de las familias en forma oportuna y que no generen atrasos, pero también en revisar algunos aspectos normativos.

Citación a Comisión Permanente

Uno de los puntos que incluye la moción aprobada para convocar al INAU al Parlamento son los “cambios llevados adelante en encargaturas de distinta naturaleza”. ¿Aumentó el número de encargaturas por designación directa?

No aumentaron las encargaturas que dio esta administración. En agosto de 2019 eran 1.253; en marzo de 2025 –la primera que asumí dentro del directorio fui yo, en abril– eran 1.369, o sea, del período anterior habían aumentado más de 100; y a diciembre de 2025 son 1.365. Cuando nosotros llegamos, no había llamados a concurso vigentes; no teníamos un orden de prelación para educadores del interior, solamente para Montevideo, y no teníamos una lista de prelación para técnicos, porque no había llamados a concurso. Nosotros propusimos hacer algunos llamados para cargos de direcciones departamentales, entendiendo que también las direcciones departamentales son cargos de confianza. Tenemos llamados a concurso vigentes, pero, justamente, para disminuir la designación a discreción establecimos algunas pautas para la designación, que se aprobaron en este directorio. Tienen que ver con las encargaturas asociadas a una función de dirección, porque las direcciones no pueden estar omisas de una persona que ejerza la dirección. Porque también nosotros nos encontramos con algunos centros de residencia que no tenían director, por ejemplo, el Centro de Breve Estadía [ex Tribal].

¿Cómo está siendo el relacionamiento con la directora por la oposición, Carina Gómez?

Desde que iniciamos esta administración, lo que hicimos fue ofrecer nuestros espacios con mayor cordialidad y mayor diálogo. Incluso invitamos a la directora de la oposición a formar parte de reuniones que hemos tenido con nuestros asesores, por fuera de la institución. Obviamente que, en cada grupo de trabajo que armamos en función de cada uno de los ejes estratégicos, convocamos a los asesores de la oposición para que integren los grupos de trabajo. Y ofrecimos un marco de respeto, de cordialidad y, creo, hasta de confianza en algunas decisiones que hemos tomado. Ese marco de respeto lo vamos a seguir manteniendo.

¿Generó ruido lo que planteó en el Comité Ejecutivo del Partido Colorado?

Un poco de ruido genera. Porque, en realidad, nosotros entendemos que se puedan hacer algunas declaraciones por lo que significa, además, pertenecer a la oposición. Creo que la directora Carina Gómez siempre ha mantenido esto de que venía como integrante de la oposición a mirar la ejecución y a ser la contraparte. Pero, claro, cuando una de repente escucha o lee declaraciones que omiten algunas comunicaciones que se tuvieron en tiempo y forma, no deja de sentirse dolida.

La calificación del texto de Doña Bastarda

¿Qué explicación das de la situación con Doña Bastarda?

Está mal dicho que fue una marcha atrás. En la evaluación del texto de Doña Bastarda, una de las calificadoras entiende y hace algunas observaciones sobre un extracto de la letra, sobre todo en el final de ese extracto. Y la murga Doña Bastarda recusa el fallo de esa calificadora. No es que se da marcha atrás: está pautado dentro del proceso de calificación la posibilidad de presentar descargos y nuevos calificadores –que en este caso no son uno, son dos– que hacen de vuelta la lectura del texto, teniendo en cuenta lo que se argumentó para definir que no era apto y teniendo en cuenta los descargos que hace la propia murga.

¿Se podría pensar en revisar algunos criterios o delinear mejor el proceso de calificación?

Nosotros creemos que –y esto lo discutimos no oficialmente dentro del directorio, pero sí con algunos asesores o con algunos referentes del tema– si no sería más pertinente que las calificaciones obedecieran a un conjunto de instituciones y de sectores que pudieran dar lectura, y que pudieran analizar en forma interdisciplinaria e intersectorial. Esto tiene que ver con el rol del INAU y de la inmensa cantidad de funciones que tiene: todo el sistema de protección especial como brazo ejecutor, pero después tiene también la rectoría de algunas políticas públicas vinculadas a la infancia y a la adolescencia. ¿Cuánto puede el INAU solo hacer frente a determinadas situaciones? ¿Cuánto se precisan otras miradas y otras acciones? A nosotros nos parece que el trabajo interdisciplinar es fundamental, y creo que en este caso hace que nos replanteemos si la calificación tiene que venir solamente por estos calificadores autónomos independientes o habría que revisar si requeriría un análisis –a la luz de los acontecimientos y también de la sensibilidad que generan determinados temas–, tener más miradas y más opiniones para tratar de hacer un fallo en función de esto.