La comisión investigadora de la cámara baja que analizó la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) terminó su trabajo en junio, pero recién este miércoles sus conclusiones se trataron en el plenario. La denuncia para conformar la investigadora había sido del diputado colorado Juan Martín Jorge. Del trabajo de la comisión salieron tres informes, todos votados en minoría: uno del oficialismo, otro de la coalición e Identidad Soberana –el partido liderado por el diputado Gustavo Salle– y otro redactado por Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto.
El diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir, que fue el presidente de la comisión investigadora, abrió el debate inicial del tema en la sesión de la cámara baja. Subrayó que tuvieron un período de tiempo adecuado para trabajar, de casi cuatro meses, “para un negocio claramente importante”, dado que se trata “de una adquisición que hizo el INC utilizando el derecho de preferencia que le otorga el artículo 35 de la Ley 11.029” (la que creó el instituto, de 1948), según el cual, “cuando hay un acuerdo de partes entre privados para hacer una compraventa de un bien inmueble en el medio rural, el INC puede ofertar y mantener los términos que los privados acordaron”.
“Para nosotros, como representantes de la bancada del gobierno, es una señalización de ir cumpliendo los compromisos que se hicieron ante la ciudadanía en la campaña electoral: fortalecer el INC y otorgar tierras –25.000 hectáreas al final del período–, justamente, fortaleciendo el papel de la lechería, de los jóvenes rurales y de las mujeres rurales, para que se pueda ir revirtiendo ese proceso, que a todos nos preocupa, de la despoblación de nuestro medio productivo”, subrayó.
Valdomir aclaró que “nadie compra un campo de 4.000 hectáreas, un negocio de más de 32 millones de dólares, y hace coincidir los tiempos del Estado y de los privados para que a la fecha del fallecimiento de un expresidente de la República [José Mujica] se compre un campo en su honor”. Señaló que lo mencionó porque eso fue parte no solo de la denuncia que la oposición hizo en el Parlamento, sino también ante la Fiscalía, indicando que “uno de los cometidos que se había cumplido con este campo era homenajear al expresidente Mujica”, algo que el diputado del oficialismo descartó “de plano”.
“En todo lo que consta en los expedientes, en la documentación acercada por los actores que fueron recibidos por la investigadora y en los propios informes que hoy vamos a dar lectura, no podemos determinar nosotros, como Poder Legislativo, que estemos en presencia de ningún ilícito ni de ninguna inconstitucionalidad. Ese es un papel que le corresponde a otros poderes del Estado”, sostuvo.
Valdomir subrayó que en María Dolores “la gente sigue trabajando, hay cinco gremiales de pequeños productores tamberos y agropecuarios que están apostando a que este proyecto, denominado Polo Industrial Lechero, funcione”. Agregó que nueve meses después de concretada la compra “ya había pequeños productores familiares recibiendo alimento para su ganado producido en María Dolores”. “A nosotros aquí nos lleva casi más de un año ponernos de acuerdo en qué resolución o en cómo acordar el fin de un tratamiento legislativo, cuando en el campo real, en la vida cotidiana de la gente, hay decenas de pequeños productores que están apostando con recursos, tiempo y esfuerzo, y recibiendo el fruto”, señaló.
El diputado dijo que todos tienen que proteger y cuidar el tono con el que están refiriéndose a este tema “porque le va la vida a gente de carne y hueso que se arriesga para continuar produciendo en la lechería en nuestro país”, en un marco en el que, como todos saben, con base en los datos del último censo, “la desaparición de tambos está más acelerada de lo que se creía”.
A su vez, Valdomir resaltó que de las 25.000 hectáreas que el gobierno se comprometió a adjudicar a través del INC al cierre del período (2029), se llevan entregadas “casi 12.000”, por lo tanto, “el 50% del compromiso ya está cumplido, incluyendo lo que se entregó en María Dolores”.
Rydström: “Es esta vieja cuestión de que lo político está por encima de lo jurídico”
Luego habló el diputado colorado Carlos Rydström, que fue el vicepresidente de la comisión investigadora. Dijo que a 16 meses del anuncio de la compra de la estancia y de todo el trabajo realizado desde marzo, cuando empezó a funcionar la comisión, hay hechos y circunstancias “que no pierden relevancia por el paso del tiempo” y que lo llevaron a realizar el informe.
El diputado aclaró que la investigadora y sus denuncias “no ponen en discusión el INC ni la necesidad de invertir en políticas públicas para el desarrollo rural”, y que de todos “estos expedientes y actas surge algo que cualquier uruguayo puede entender: cuando el Estado maneja plata que es de todos, tiene que respetar las reglas”. “Y en este caso, para 32,5 millones de dólares, el informe demuestra contundentemente que no fue así”, acotó.
Rydström aseguró que “esto es a favor del INC, a favor de los productores”, y dijo que defienden al INC, “pero sobre todas las cosas al emprendedor, a la familia rural, y que existan políticas públicas para apoyarlo en el arrendamiento de la tierra, el financiamiento, la capacitación, la incorporación de tecnología y la asistencia técnica”. “Y es precisamente porque queremos al INC y lo defendemos que nos importa que en primer lugar funcione bien, sea transparente y que quienes lo dirigen actúen de acuerdo a lo que la ley nos mandata”, subrayó.
El diputado consignó “apenas seis de las conclusiones” que sacaron, “que son múltiples y graves”. Acto seguido, en la pantalla de la cámara baja mostró una diapositiva en la que enumeró los artículos de las distintas normas que asegura que se vulneraron: la Constitución, el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, la ley del INC y el Código de Ética en la Función Pública (Ley 19.823), entre otras normas.
Rydström empezó por lo “que sin lugar a dudas causó más ruido en todo esto”: el acta de la sesión del directorio del INC del 14 de mayo de 2025, “porque hay que ser claro, el INC no está para hacer homenajes”, pero, “sin embargo, en el acta en la que se resolvió comprar María Dolores”, el entonces presidente del INC, Eduardo Viera, dijo: “No tratar el orden del día de la sesión de la fecha, acompañando las medidas de duelo nacional, y en homenaje al exmandatario José Pepe Mujica, considerar el ofrecimiento del campo”. El diputado señaló que “no quedó ahí” porque, luego, Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, durante el velorio de Mujica anunció que “en honor al viejo, en Florida hoy el INC compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales”.
El diputado se refirió al artículo 190 de la Constitución, que habla del “principio de especialidad”, que implica que los entes públicos “no tienen la libertad de las personas u otras organizaciones de hacer todo aquello que la ley no prohíbe”. Ese artículo establece: “Los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”.
Entonces, el diputado colorado dijo que “por más legítimo y válido que sea hacer un homenaje al expresidente Mujica, hacerlo y anunciarlo mediante la compra de una estancia no es acorde a la Constitución”. “En definitiva, es esta vieja cuestión de que lo político está por encima de lo jurídico, y eso es lo que está mal y claramente viola el artículo 190 de la Constitución”, insistió.
Más adelante, el diputado colorado dijo que “lo verdaderamente grave de este caso excede la compra de un inmueble. Es que un capricho político prevaleció por sobre el interés general que debe primar en el INC”. “Nosotros no cuestionamos que un gobierno tenga su agenda o se haya propuesto una cierta cantidad de compra de hectáreas, pero se debe hacer en el marco de la Constitución, de la ley y de las normas vigentes, cosa que aquí no sucedió”, finalizó.
Votación de consenso
Después de más de seis horas de discusión, se presentaron tres proyectos de resolución. El del Frente Amplio señalaba que de lo actuado no surgió ningún “elemento objetivo que permita sostener la existencia de irregularidades, ilicitudes, desviación de poder o falta de competencia, ausencia de motivación, perjuicio patrimonial o apartamiento del interés público” en la compra de la estancia. Sostenía además que dicha adquisición fue “jurídicamente ajustada, técnicamente fundada, financieramente respaldada y estratégicamente alineada con los cometidos del INC”.
El de la Coalición Republicana e Identidad Soberana (IS), en tanto, concluía que durante la investigación “surgieron elementos de convicción suficientes que permiten presumir la existencia de actuaciones contrarias a disposiciones de la Constitución de la República, de la legislación vigente y de la normativa reglamentaria”, y tras detallar las irregularidades que a su entender se constataron, proponía remitir a la Fiscalía las actuaciones de la comisión y solicitar al Poder Ejecutivo que cese en sus cargos a quienes votaron afirmativamente la compra en el Directorio del INC.
El proyecto de resolución de Cabildo Abierto rechazaba la compra de la estancia pero señalaba no obstante que “no se detectaron elementos de corrupción ni faltas administrativas”.
Después de leerse los proyectos de resolución, se pidió un cuarto intermedio, y durante ese lapso, todos los partidos menos IS se pusieron de acuerdo en un nuevo proyecto de resolución. Al volver del cuarto intermedio, se puso a consideración el proyecto de los partidos de la Coalición Republicana y de IS, que solo fue votado por este último. Luego se votó el proyecto de acuerdo entre el resto de los partidos, que salió afirmativo sólo con los votos contrarios de IS y que dispuso remitir a la Fiscalía General de la Nación lo actuado por la comisión investigadora, con el fin de “analizar presuntas irregularidades ocurridas en el proceso de compra de la estancia de María Dolores”.
Valdomir destacó en cámara que el acuerdo entre partidos “de alguna manera” recoge “los aspectos medulares de los tres proyectos de resolución” presentados y “mejora el resultado de todo el trabajo realizado” en la comisión investigadora.
