El gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley que extiende la cobertura dispuesta en el Fondo de Garantía de Créditos Laborales para aquellos trabajadores que se desempeñan en empresas bajo concurso o que fueron desvinculados de ellas, de manera de “fortalecer la protección de los ingresos y derechos laborales frente a situaciones de insolvencia” y “preservar la continuidad de la actividad económica y las fuentes de trabajo”.
Según se explica en un comunicado difundido por el gobierno tras una reunión con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT para ahondar en el tema, actualmente la herramienta “brinda cobertura a los créditos laborales generados antes de la declaración del concurso de una empresa”, pero no aquellos “que se originan con posterioridad”.
Es así que los cambios propuestos disponen el pago de “un monto equivalente a la indemnización por despido que le hubiera correspondido al trabajador al momento de la declaración del concurso”, por un valor tope de 30.000 Unidades Indexadas –alrededor de 201.000 pesos uruguayos—. Dicha suma comprende todos los haberes impagos que puedan corresponder a los trabajadores, siempre y cuando estos hayan sido “reconocidos por el síndico dentro del procedimiento concursal” y se haya decretado la liquidación de la empresa.
Desde el gobierno argumentan que, una vez aprobados los cambios al régimen de garantía, permitirán “fortalecer la protección de los derechos laborales frente a situaciones de insolvencia empresarial”, así como “evitar que los trabajadores queden sin cobrar los créditos laborales generados con posterioridad a que se declare el concurso”.
Asimismo, aclaran que la iniciativa “alcanzará exclusivamente a los créditos de trabajadores de empresas cuya declaración de concurso se produzca a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley” –es decir, que no es retroactiva–, y que tampoco comprende a “aquellos créditos que ya cuenten con cobertura a través de fondos creados por leyes especiales”.
En una rueda de prensa a la salida de la reunión entre autoridades del gobierno y dirigentes sindicales, el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), Carlos Clavijo, celebró el proyecto de ley como “un avance tremendo en derechos” que reconoce un reclamo prolongado de la central sindical.
Clavijo recordó que, bajo el marco legal aún vigente, los trabajadores de empresas insolventes se veían forzados a renunciar antes de que concluyera el proceso de concurso, algo que resulta “ilógico” e incluso repercute en la propia viabilidad de las fuentes de trabajo. “Ahora lo que se va a hacer es que se va a poder cobrar esos créditos laborales, y por lo tanto hasta las empresas van a tener la oportunidad de poder seguir estando y poder seguir tratando de estar vigentes”, comparó.
Consultado acerca de cómo se financiará la herramienta, recordó que eso es algo que ya está estipulado en la Ley 19.690, que la creó, y que ya establece que el dinero a desembolsar será pagado por el BPS. Precisó que el organismo es el encargado de recaudar aportes patronales por dicho concepto –en la actualidad, por una tasa del 0,025% de las remuneraciones–, y que “en el caso de que falte”, podrá utilizar fondos de Rentas Generales, a retornar con posterioridad.
Respecto a su funcionamiento, Clavijo reconoció que aún existen montos máximos de retribución, por lo que la iniciativa “da un derecho hasta cierto límite, como también tiene la ley madre”, aunque también otorga “un derecho que no tenían los trabajadores”. “Lo conquistamos ahora, con esta lucha, esta negociación y este acuerdo, que para nosotros es muy importante”, sentenció.