El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es una de las dependencias involucradas en el Operativo Calle, que está en marcha desde el 22 de enero e implica trasladar a personas que pernoctan a la intemperie. Su titular, Gonzalo Civila, visitó la diaria Radio y antes de explicar la función de la cartera en la iniciativa, dijo que, a pesar de la amplitud de temas en su órbita, este se convirtió en un “monotema” que “tomó el verano”, aunque resulta parcialmente positivo, ya que “como sociedad también asumimos que los problemas que padecen las personas en situación de calle no son exclusivamente del invierno”.
En referencia a la Ley de Faltas, dijo que el operativo se trata “nada más ni nada menos que la aplicación de un instrumento legal que existe desde hace ya bastante tiempo” en un trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior (MI), intendencias y municipios. “¿Cuál es la tarea del Mides? Es recibir a las personas, hacer una entrevista y hacer una derivación en la medida en que las personas acepten ser derivadas a algún dispositivo de protección social”, listó. En el eje del trabajo interinstitucional, dijo que la idea de que existe un “Estado para las personas en situación de calle”, donde hay “una sola institución que tiene que actuar”, se debe “desterrar” o de lo contrario nunca habrá “respuestas integrales y estructurales”.
Sobre el último punto, advirtió que no es sencillo porque cuando una persona es trasladada en contra de su voluntad, “como sucede en muchos de estos casos”, a veces no quiere permanecer, a pesar de que los equipos “ponen mucho de sí” con el objetivo de persuadir a las personas de quedarse en las propuestas del sistema. “Pasamos de tener 5.000 y pocas plazas a tener más de 8.000, eso en un año, y es un crecimiento que nunca se dio de esta magnitud. Tenemos espacio y tenemos espacio en dispositivos que además tienen distintos perfiles, algunos vinculados a salud mental, otros a cuidados, otros más generalistas, otros vinculados a mujeres o varones con NNA a cargo”, enumeró.
En la esfera de las cifras, hasta el viernes de la semana pasada se intervino a 356 personas y se retiraron 20 toneladas de residuos, informó el MI. Civila explicó que esas personas no necesariamente llegan a los Centros de Primera Atención (CPA), sino que refleja la cantidad de intervenciones, mientras que los que efectivamente llegaron “eran, a la altura que se hizo ese cierre, alrededor de 260” y “a esta altura, ya con el cierre de la semana, debe andar en el entorno de los 300”. En esa fracción “hay una parte que acepta permanecer en el propio CPA” y “hay gente que no quiere permanecer allí porque su vida cotidiana se desarrolla en lugares muy lejanos”, por lo que se les deriva a “dispositivos que estén más cerca de lo que es la vida habitual de esa persona o más adecuados a su perfil”.
Sin embargo, para Civila, el nivel de éxito de cada derivación implica un seguimiento y el número de “cuánta gente permaneció” es un dato “muy limitado” porque solamente aborda a las personas que logró captar la puerta de entrada para una primera derivación. Relató que la experiencia muestra que hay “algunas personas que deciden permanecer” y hay “muchas personas que deciden volver a la calle”, grupo que en principio es “la mayoría”, y se da un “mecanismo de puerta giratoria” que prevén corregir. Al margen de lo anterior, aseveró que el impacto cuantitativo del operativo “es menor en relación a la cantidad de personas que abordamos a diario”, ya que las casi 8.500 plazas “están básicamente ocupadas” y “hay cerca de 8.000 u 8.000 que todos los días están ahí”: “8.000 personas y estamos hablando de 300 en dos semanas… El sistema, todos los días, tiene voluntariamente más de 350 personas pidiendo cupo y es gente que efectivamente quiere entrar. El desafío en términos cuantitativos no desestabiliza al sistema, sí el tipo de población en el sentido de que estamos hablando de personas menos propensas a ir por su propia voluntad”, advirtió.
Cuestionamientos a la presencia del Mides en los operativos
El operativo recibió críticas por parte del colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep) y, puntualmente, repararon en la ausencia del Mides en el momento de las intervenciones. Civila replicó que el trabajo con personas en situación de calle “es diario” y señaló que “la vinculación directa del Mides con operativos donde interviene el uso de la fuerza no es algo producente para el trabajo cotidiano con las personas”, dado que necesitan mantener un vínculo cotidiano. Además, dijo que en los afincamientos sobre el espacio público “hay situaciones de todo tipo” y coexisten “actividades donde tiene que intervenir necesariamente la policía”, simultáneamente al hecho de que “siempre que se interviene sobre un caso de una persona en situación de calle, hubo antes una intervención del Mides”.
Puntualmente sobre el último elemento, el jerarca dijo que “hay más de 8.000 personas con que las políticas han sido efectivas” y hay “algunas personas con las que no ha habido éxito en la vinculación permanente al sistema”, cifra que se posicionó en 1.300 en el censo de 2023. “El Mides vela porque no haya intervenciones de carácter compulsivo sin una intervención social previa. Si tiene que ser en simultáneo con el operativo, no es lo que está establecido en la ley, no es lo que está establecido en la norma, y tiene una serie de defectos desaconsejables en lo que refiere al vínculo permanente de las personas con el Mides”, acotó.
Muertes en el Inau
Consultado sobre las tres muertes en el INAU entre diciembre y enero, tema por el cual la oposición lo convocará a la Comisión Permanente del Parlamento, Civila dijo que las noticias “conmueven y movilizan”, además de que “interpelan mucho sobre cómo funciona el sistema y sobre las condiciones en las que llegan los gurises”. “Cuando se trabaja con población tan dañada por la violencia de la estructura social, por la violencia a veces en las familias, por el desamparo, hay muchísimas consecuencias que se van viendo a lo largo de la vida y a lo largo de los años que explotan en el sistema de protección especial del Inau y hay además problemas estructurales de la propia institución”, sostuvo.
Civila indicó que el vínculo entre su cartera y el INAU es de “tutela administrativa”, pero este último es un servicio descentralizado y “tiene un funcionamiento propio, toma sus decisiones, gestiona su política” y no tiene “incidencia directa sobre eso”. Adelantó que las respuestas las suele dar el propio directorio del Inau y el rol del Mides es de “puente entre el Parlamento y el Instituto”, aunque están “en diálogo permanente”, y aseguró confiar en las autoridades. “Sé del trabajo que están haciendo y sé, también, de lo que ha generado también en ellos toda esta situación y del nivel de celo, vigilancia y cuidado que están poniendo en estos temas. Hay allí problemas estructurales”, mencionó.
“La mortalidad en la infancia y en la adolescencia, como pasa en todos los tramos de la vida, no es la misma en casos de gurises que están muy afectados por situaciones sociales de gran desventaja”, indicó y agregó que debe “interpelar” la cantidad de NNA que “corren riesgo por la situación social en la que viven y las implicancias que eso tiene”.
Los ejes de trabajo de la cartera y la situación de su personal
Según Civila, uno de los ejes de trabajo de la cartera para aumentar los niveles de autonomía fue “ampliar mucho” el abordaje de salud mental y adicciones: “50% de crecimiento a dispositivos de ese tipo; eso ha implicado derivar a personas a procesos de tratamiento por los problemas de consumo y hoy está en curso”, indicó. Lo mismo ocurrió en Viviendas con Apoyo, según el jerarca, un programa que “permite detectar personas que tienen un nivel de autonomía mayor, pero que necesitan protección y acompañamiento del Estado” con componentes “menos intensivos” que los que se dan en un refugio.
En el eje de las propuestas vinculadas a lo sociolaboral y lo socioeducativo, destacó el dispositivo Puertas Abiertas, que implica “por un lado que haya duplas trabajando en los propios barrios, conversando con las personas y generando vínculo, tratando de que se vinculen al sistema de protección social; que la solicitud de plaza que se hace a la noche por parte de las personas que son menos permanentes sea más cuidada y sea en un trabajo cuerpo a cuerpo” y, a su vez, a la interna de esos centros, también existen propuestas socioeducativas y laborales.
En otro nodo aparece el rol de los funcionarios. La cartera y el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) habían alcanzado en diciembre un acuerdo para garantizar los pagos en fecha a los trabajadores, pero a fines de enero se reiteraron los reclamos. Civila advirtió que desde el organismo trabajan en la evaluación de cada convenio y “en el discernimiento respecto de cuáles son efectivamente convenios en los que las organizaciones le agregan valor a la política social y cuáles son lisa y llanamente tercerizaciones, un mecanismo que tenemos que trabajar para desandar”.
Sobre los pagos, dijo que requieren de “una serie de pasos previos” y uno de ellos es “la rendición de cuentas por parte de las organizaciones”: “Hay rendiciones de cuentas presentadas en fecha, hay rendiciones de cuentas que no se presentan en fecha o se presentan con muchos errores o muchas observaciones y tienen que ser devueltas, y la legislación no permite pagar en esos casos”, indicó. En sus palabras, lo que se generó es un “puente financiero” y el objetivo es apoyar a organizaciones “en casos donde se constata que el problema de los atrasos no tiene que ver con una omisión”, situaciones donde se han subrogado convenios, lo que a su vez desencadena nuevos procesos de transición y “cuando se habla de algunos atrasos que persisten, se puede estar mencionando alguna de estas situaciones donde quedaron deudas para atrás”.