La votación de la creación de una comisión investigadora en la cámara baja sobre “presuntas irregularidades ocurridas en el Instituto Nacional de Colonización” (INC) por la compra de la estancia María Dolores, que fue impulsada por la oposición, ya sufrió varias postergaciones, principalmente porque dentro de la oposición no hay consenso. Pero llegó el día de definir, porque es el segundo tema del orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados de este lunes. Aun así, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, quien tiene la llave para que la oposición pueda aprobar la comisión investigadora, sigue sin definir qué hará.
En diálogo con la diaria, Perrone señaló que, como lo viene diciendo desde hace varias semanas, condiciona su voto a que el Partido Colorado asegure que Nicolás Chiesa, que integra Vamos Uruguay, comparezca ante la comisión –el diputado que impulsó la investigadora es Juan Martín Jorge, de ese sector–. Según Perrone, Chiesa era “el apoderado de los dueños de María Dolores”, entonces, cuando la estancia se vendió, “el que fue con un poder y puso la firma de la venta al INC fue Chiesa”. “Chiesa integra Vamos Uruguay, y ocupa un cargo de confianza en la Intendencia de Canelones; entonces, si yo soy Vamos Uruguay, tengo adentro, sentado en la cocina, al que vendió la estancia, ¿y no lo hago ir, lo escondo?”, señaló Perrone.
El diputado cabildante subrayó que no está diciendo si va a votar o no la creación de la investigadora, e insistió con que quiere “que los colorados se comprometan a que Chiesa vaya, porque después nadie va a la investigadora”. “Vamos Uruguay quiere una investigación parcializada, solo un punto; pero si vamos a investigar, vamos a investigar todo. Porque yo tengo otras cosas –que no voy a decir hasta que no se dé el momento– que de repente no tienen que ver con un delito, pero sí con un enchastre fuerte. Voy a decidir cuando Vamos Uruguay se exprese en la cámara”, finalizó.
En tanto, el diputado colorado Conrado Rodríguez, de Vamos Uruguay, subrayó a la diaria que no se puede “obligar a las personas a ir a una comisión parlamentaria, aunque sea investigadora; no hay resortes jurídicos” para eso, “ni para los funcionarios públicos”. “No se puede condicionar una investigadora a si una persona va o no, porque lo importante es que, si se entiende que puede haber visos de irregularidad, una investigadora puede investigar sobre eso. El centro de la discusión es si amerita o no una investigadora”, finalizó Rodríguez.