Este martes se conoció el informe elaborado por la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Parlamento, a pedido de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, sobre la presunta violación de la Constitución por parte del senador colorado Andrés Ojeda. A fines del año pasado, el convencional del Partido Colorado por Florida Juan Esequiel Ibarra solicitó a la comisión que analizara la eventual violación que habría cometido Ojeda del artículo 124 de la Constitución, que prohíbe a los legisladores “tramitar o dirigir asuntos de terceros” ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, entre ellos la Fiscalía. Según Ibarra, Ojeda no estaría cumpliendo con esta disposición al ejercer como abogado defensor ante ese organismo.
En el informe enviado por la Dirección Jurídica a la comisión, se señala, por un lado, que Ibarra no tiene legitimación para “forzar el inicio de un juicio político o un proceso disciplinario formal” contra Ojeda, ya que esto solo puede hacerlo “un senador o la Cámara [de Senadores] como cuerpo” en caso de que haga suya la denuncia. Por tanto, esa dirección entiende que, “al no haber hecho suyo el planteo ningún señor senador integrante de la comisión a los efectos de impulsar el procedimiento disciplinario, no corresponde dar trámite a la denuncia presentada”. Por otro lado, el informe indica que la Comisión de Constitución “es competente para investigar y dictaminar (asesorar), pero incompetente para resolver por sí misma la pérdida del cargo”; esto le correspondería al plenario de la cámara alta, con mayorías especiales.
Viera: La comisión “puede o no” tomar la recomendación de la Dirección Jurídica
El senador frenteamplista Nicolás Viera, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, dijo a la diaria que es “una barbaridad” que se diga que la comisión ya tiene una posición fijada a partir de este informe jurídico y que el tema está cerrado, como señalaron algunos integrantes de la oposición. “Es una recomendación técnica, la comisión puede o no tomarla”, remarcó.
Sostuvo que la comisión tiene que tratar el tema y luego el asunto debería pasar al plenario de la cámara, que a su juicio tendría que ser el ámbito donde eventualmente se archive o no. “Yo opino que esto tiene que ser resuelto por el pleno”, afirmó Viera, y aclaró que “hoy la postura de la bancada del Frente Amplio no es archivar el caso”. Agregó que discutirán el tema en los próximos días, pero sin “apuro”, porque se abordará recién en marzo en la comisión, cuando comience el nuevo período legislativo.
A título personal, descartó que este informe incline definitivamente la balanza a favor del archivo, y señaló que el otro informe de la Dirección Jurídica, que se conoció en diciembre del año pasado, “también genera otros elementos, y allí se abre la puerta a un juicio político”. Dicho informe evaluaba que no existe incompatibilidad entre el ejercicio como abogado ante la Fiscalía y el artículo 124, si bien puntualizaba que, en caso de que se resolviera iniciar un proceso con miras a sancionar al senador colorado, cabría el juicio político, que representa “una garantía para el legislador”.
Viera apuntó que es “bienvenido” el debate sobre si un legislador “está usando su condición para beneficiar a terceros”, y aseguró que esa discusión se dará en el Parlamento.