La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dispuso finalmente la realización de un sumario administrativo al exdirector de Recursos Financieros Damián Galó, quien actualmente está en pase en comisión del senador del Partido Nacional y extitular de esa cartera Javier García. La resolución, según pudo saber la diaria, se firmó el 23 de marzo, con base en el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) que analizó todo el proceso de compra de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama.
Las principales conclusiones de esa investigación administrativa habían sido adelantadas por la diaria en diciembre de 2025 y en febrero El Observador informó que la ONSC sugería iniciar un sumario al funcionario de confianza del exministro García.
La decisión de investigar la “conducta profesional y funcional” de Galó está fundamentada en los siguientes aspectos: omisión de un análisis financiero adecuado, falta de advertencias sobre riesgos económicos y repercusiones para el Estado uruguayo, gestión de las garantías y su “tolerancia ante incumplimientos contractuales”.
Además, la ministra de Defensa dispuso ampliar la investigación administrativa de la ONSC para profundizar en las “contradicciones” que surgen de los testimonios que brindaron ante los instructores el excomandante en jefe de la Armada almirante Jorge Wilson y el contralmirante José Ruiz, exdirector General de Material Naval y exjefe de Proyecto de Construcción de las patrullas oceánicas.
Durante la investigación administrativa se habían constatado divergencias entre las declaraciones de Wilson y Ruiz, en particular, por hechos que se registraron a finales de febrero de 2025 y que habilitaron el pago de una segunda cuota de 8,2 millones de euros a Cardama. Uno de los requisitos establecidos en el llamado “hito B” era la aprobación de los planos de la cuaderna maestra de los dos buques que estaba construyendo Cardama. El 26 de febrero, según consta en la investigación, el entonces comandante Wilson le envió una nota al empresario Mario Cardama para informar que se había cumplido con el requisito, lo cual liberó el pago de esa segunda cuota.
Así lo relató el propio Wilson en la investigación administrativa: “Recibimos el diagrama de la cuaderna maestra y los tres contratos. El director de Material Naval me informó que estaba cumplido y se liberó el pago”. Sin embargo, el contralmirante Ruiz declaró ante los instructores de Servicio Civil que el plano de la cuaderna maestra llegó un día después que la nota firmada por Wilson: “Llega el día 27 (de febrero). Ese día yo estaba haciendo el relevo del jefe de Dique de la Armada a las 11.00. Después de las 15.00 llego a mi casa, bajo los correos y veo que llegó eso. Como al otro día había otra ceremonia en la Escuela Naval, llamé al jefe de Gabinete (Marcelo da Silva) para coordinar el estudio; y ahí me dice que ya se liberó una carta para el pago del hito”.
Tras la decisión de ampliar la investigación administrativa, ambos funcionarios serán citados nuevamente por los instructores de Servicio Civil para una especie de “careo” vinculado a estos hechos que se registraron durante el período de transición del gobierno.
Rivera Elgue: “La decisión era del ministro”
En la investigación administrativa también declaró el coronel Rivera Elgue, que ocupó el cargo de subsecretario de Defensa desde marzo de 2020 hasta agosto de 2024. Uno de los temas por los que fue consultado fue la tramitación de las garantías que debía constituir Cardama y la “tolerancia” que tuvo la administración del Ministerio de Defensa con los plazos y los sucesivos incumplimientos de la empresa española.
Elgue dijo que todo el proceso posterior a la firma del contrato estuvo exclusivamente a cargo de Galó, del exdirector general de Secretaría Fabián Martínez y del estudio Delpiazzo, cuyas sendas advertencias sobre las desprolijidades de Cardama ya han sido divulgadas.
“Mientras yo estuve en el ministerio, [Cardama] no había logrado presentar las garantías. Siempre la decisión final era del ministro [Javier García]”, respondió el exsubsecretario, quien hace algunas semanas renunció a Cabildo Abierto, partido al que representó en el Ministerio de Defensa durante la última administración.
En los mismos términos habló Elgue acerca de su rol en la comisión asesora que se creó en la órbita del Ministerio de Defensa en junio de 2024, con el objetivo de analizar las propuestas que presentaron, además de Cardama, los astilleros Hyundai, Cotecmar, Gondan, CSTC China, Freire España, Damen y Kership. “Desde el punto de vista político, junto con el resto de los integrantes, mi función era recomendar al ministro cuál era la mejor propuesta, según los antecedentes (de las empresas). La comisión asesora era una recomendación al ministro. La decisión era del ministro (Javier García)”, repitió Elgue, en otro fragmento de su declaración ante los instructores de la investigación administrativa. Además de Elgue, en esa comisión asesora que terminó direccionando la decisión hacia Cardama también estaban Martínez, Galó, el contralmirante Héctor Magliocca y el capitán de Navío Marcelo da Silva.
A Galó también le preguntaron por qué se había “tolerado” tanto tiempo para la constitución de las garantías que tenía que presentar Cardama, y optó igualmente por deslindar responsabilidades: “Fue decisión del ministro”, dijo. Luego le consultaron si en algún momento se manejó la posibilidad de rescindir el contrato con el astillero español, como consecuencia de esa demora en entregar las garantías. “No es una decisión que esté a mi nivel”, se excusó el funcionario.
En las conclusiones de la investigación administrativa se señala que Galó “intervino de manera activa en actuaciones determinantes del proceso” de compra de las dos patrullas oceánicas, a pesar de que durante su declaración planteó que se había tratado de una “intervención limitada”. Se cita como ejemplo una comunicación con el estudio Delpiazzo para coordinar una de las tantas prórrogas que pidió Cardama: “Es intención de la Administración otorgar los 30 días solicitados”, transmitió Galó al estudio jurídico en una de las comunicaciones mencionadas.
“Existe una presunción de que la ausencia de advertencias formales o informales de riesgo financiero por parte de Galó podría configurar una omisión a sus deberes, afectando la razonabilidad del procedimiento”, concluyen en la investigación.