El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, presentaron en la Torre Ejecutiva el jueves por la tarde el proyecto de ley de empleo integral, que implica el desembolso de diez millones de dólares anuales a distribuir en incentivos económicos para empresas a cambio de puestos de trabajo.
Según consta en el portal de Presidencia, el mecanismo central de la iniciativa son los “subsidios a las retribuciones mensuales, con tasas variables según la situación”. En su franja más baja será de 25% para los varones y 33% para las mujeres jóvenes, mientras que para casos en su cuota más alta –como en el caso de personas trans o discapacitadas– alcanzará el 80% del salario a pagar.
Asimismo, la ley establece una duración mínima del contrato de entre seis y 12 meses, “con un período de prueba máximo de 45 días”; impide la concreción de contratos laborales mayores a las 20 horas semanales para trabajadores menores de edad; y “prohíbe el régimen de horario rotativo para jóvenes y mujeres jefas de hogares monoparentales”. También “regula expresamente el programa Yo estudio y trabajo” –que el portal recuerda que no contaba con una “base legal clara”–, al cual “se accederá por sorteo universal”, y establece cuotas mínimas para becarios y pasantes en el caso de los organismos públicos. Por último, en el anuncio se destaca que aquellos que accedan al beneficio “tendrán prioridad de acceso a cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), al programa Uruguay Certifica (certificación de competencias) y a propuestas de culminación de ciclos educativos”.
La redacción del proyecto concluyó el martes y fue remitido al presidente el miércoles. Así lo recordó Orsi al comienzo de su intervención, y dijo que la propuesta “apunta a favorecer el empleo en el Uruguay”.
El presidente señaló que el proyecto puede entenderse como complementario a la batería de medidas de promoción de la competitividad presentada esta semana, en el entendido de que “la inversión era necesaria para el crecimiento del país, pero que también eso tenía repercusiones a la hora de generar puestos de trabajo”. Ambos, dijo, pueden entenderse en un conjunto de “inversión y empleo como propuesta integral”. “Dejamos claro que hay población de este país que tiene que ser beneficiada de alguna manera porque su vulnerabilidad se lo indica”, remarcó.
Orsi dijo que, en números aproximados, las medidas costarán al Estado cerca de diez millones de dólares por año, los cuales se repartirán de acuerdo a las demandas de diferentes territorios. “Hay zonas del país que lo requieren más que otras; y por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que esta ley se concrete”, afirmó.
Por su parte, Castillo ahondó sobre las características del proyecto de ley, que representa “una de las prioridades del gobierno”. Indicó que la propuesta fue elaborada con la participación no solo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino también de otras carteras e instituciones del Estado. “No ha quedado ninguna estructura de gobierno que tuviera cercanía o algo que ver para aportar [...] que no hubiese sido partícipe”, destacó el ministro. “Nuestro país tiene herramientas, tiene instrumentos, que a veces no se aplican en su totalidad o no son utilizados en las mejores de las condiciones”, subrayó. Asimismo agregó que eso “llevó a que se desplegara” una “red de recorridas [y] una agenda” en “la inmensa mayoría de concentraciones urbanas de nuestro país”, para “ir directamente a escuchar a los actores” para la elaboración del documento.
Castillo reiteró los públicos objetivos enumerados por el presidente de la República, los que van a “tener prioridad”, y añadió también a la lista a las personas afrodescendientes, trans, en situación de discapacidad y personas privadas de libertad, que atraviesan medidas alternativas o “que han sido liberadas hasta tres años para atrás”. “Se tuvo en cuenta esta situación, y se hacen propuestas que incentiven efectivamente al contrato, al empleo, por parte de quien lo esté necesitando”, sintetizó.
Castillo dijo que espera que el proyecto de ley sea un “gran instrumento”, y matizó que la propuesta no representa “ninguna fórmula nueva”, sino que es el resultado de trabajar con base en propuestas anteriores “manteniendo lo más rescatable”.
Consultado en rueda de prensa al término del anuncio, el ministro de Trabajo dijo que el proyecto de ley no abarca un número objetivo, sino que tiene como “población destinataria” a todas las personas que “necesitan un empleo”. “No tenemos un número de expectativa previsible; tenemos un monto de recursos asignados para brindar esa posibilidad. Ojalá que lo agotemos”, expresó.