La asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunió este martes con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en la sede de la cartera. A la reunión, que según reconoció Lazo estaba pendiente desde setiembre del año pasado, asistieron Elena Zaffaroni, Ignacio Errandonea y Javier Tassino.
En diálogo con la prensa, Errandonea dijo que la ministra “se comprometió a buscar más información, contestar las solicitudes de acceso a la información y colaborar en todo lo que pueda para avanzar en el tema”. No obstante, señaló que en Madres y Familiares hay preocupación porque, a un año de la actual gestión, “se ha avanzado muy pero muy poco” en el acceso a la información para la búsqueda de los detenidos desaparecidos.
Errandonea apuntó que, si bien la ministra firmó una resolución que encomienda a las Fuerzas Armadas a garantizar el “acceso irrestricto” de la Institución Nacional de Derechos Humanos a los archivos militares, “la institución tiene que saber dónde están los archivos para poder acceder a ellos”, cuando quien debería proporcionar la ubicación de los archivos “es el ministerio, la máxima autoridad, la ministra”.
“Hemos jugado a la mosqueta con los archivos”, afirmó el referente de Madres y Familiares. “Una de las cosas que planteamos es la necesidad de que el ministerio tenga un rol más activo y exija a las Fuerzas Armadas que entreguen toda la información, no solo la que sabemos que existe, sino la que poseen”, expresó Errandonea. “Si es engorroso encontrar la información, tómense el tiempo que necesiten, pero accedan y proporcionen la información; ese es nuestro planteo”, subrayó.
Con respecto al reclamo de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, dé una “orden formal” a las Fuerzas Armadas para que entreguen información sobre los detenidos desaparecidos, Errandonea dijo que “ya pasó un año y las señales son pocas”. “Hasta el día de hoy estamos esperando”, añadió.
Por otro lado, Madres y Familiares sigue solicitando la suspensión de los cobros de pensiones desde el exterior por parte de militares que están prófugos de la Justicia por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar, algo que había sido anunciado por Lazo en mayo del año pasado. “Siguen prófugos de la Justicia uruguaya, financiados para estar prófugos por el propio Estado uruguayo”, señaló Errandonea. Dijo que desde el gobierno les han informado que hay que “hacer una ley”, pero “todo parece que avanzará a paso de tortuga”. “No vemos realmente la voluntad política de avanzar”, aseveró.
Por su parte, Lazo señaló que en la reunión –que se extendió por casi dos horas– se trabajó en varios puntos, en algunos de los cuales el ministerio está en el “debe” y se comprometió a “avanzar”. Mencionó las solicitudes de acceso a la información, que “hoy nos queda un poco más claro por dónde se pretende que transitemos y estamos de acuerdo en hacerlo”.
Entrega de apartamento de Elena Quinteros a la ANEP “tenía que ser a través de una forma de comodato”
En octubre de 2025, Lazo anunció que el ministerio entregaría en comodato el apartamento donde vivió Elena Quinteros, maestra desaparecida durante la dictadura, en respuesta a un reclamo del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) para que el inmueble dejara de estar en manos de las Fuerzas Armadas, que se adueñado del apartamento en 1976.
El apartamento fue entregado en comodato a la ANEP, que instalará “una residencia de jóvenes docentes que vengan del interior del país a formarse”, según indicó Lazo. El viernes, Brecha informó que la resolución de traspaso del inmueble impide la creación de un sitio de memoria en el lugar y establece que en 30 años el apartamento será devuelto al ministerio. Para Raúl Olivera, integrante del PVP, esto significa que el “apartamento sigue siendo un botín de guerra”, porque el ministerio “mantiene la apropiación ilegal del inmueble”, según señaló al semanario.
Consultada al respecto, Lazo aseguró que la decisión fue “acordada” y señaló que el comodato fue “la figura más ágil, menos burocrática, para tomar una medida que para nosotros era, de alguna manera, de reparación”. Señaló que el comodato “es a 30 años porque la figura así lo indica”. “Lamentablemente, eso no podía, por las condiciones jurídicas, pasarse directamente; tenía que ser a través de una forma de comodato que siguiera estando en la órbita del ministerio”, afirmó.
Según Lazo, el comodato “no indica que allí no puede existir una señalización de memoria”; de hecho, consideró que tendría que “tramitarse de que allí haya determinadas señales de que sucedieron cosas terribles”.