“Tomé la decisión de enviar al Parlamento, para su consideración en las próximas semanas, un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, anunció el presidente Yamandú Orsi el lunes ante la Asamblea General, donde rindió cuentas del primer año de gobierno. El proyecto está en manos del presidente desde diciembre y el Poder Ejecutivo prevé remitirlo al Legislativo en mayo, luego del envío del proyecto para reformar el Código del Proceso Penal, también anunciado por Orsi en su mensaje, según supo la diaria de fuentes de gobierno.
La creación del Ministerio de Justicia estuvo presente en los programas de gobierno de la Coalición Republicana y del Frente Amplio (FA). Sin embargo, no se vislumbra que vaya a enfrentar un trámite parlamentario fácil. En la cámara baja el oficialismo necesita dos votos de la oposición para alcanzar la mayoría, pero algunos de los principales dirigentes opositores ya han expresado su rechazo a la iniciativa. Desde el FA cuestionan que la oposición incumpla con lo que incluyó en su programa al no acompañarla.
“El gobierno ha logrado abroquelar a la coalición de una forma fantástica”, dijo el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, este martes tras una reunión de coordinación de la Coalición Republicana. Ojeda aseguró que, “por diferentes razones, hoy todos estamos en contra de la creación del Ministerio de Justicia y no vamos a permitir que ese debate tome el centro de la agenda, cuando hay otros mucho más importantes”.
El lunes, en una rueda de prensa, el senador consideró “una cortina de humo” del gobierno el envío del proyecto y, “sin perjuicio de creer que es una buena herramienta”, dijo que el gobierno la “utilizaría mal”, porque “no se precia por el mayor respeto al Poder Judicial”.
El senador colorado Pedro Bordaberry, en X, expresó estar “totalmente en contra de crear un Ministerio de Justicia”, algo que consideró “un profundo error”, además de “antirrepublicano”. Por otra parte, apuntó que “peor aún es crearlo con nombre y apellido”, en referencia a Díaz, cuyo nombre ha sobrevolado como posible candidato a encabezar el ministerio, aunque el aludido lo ha negado.
En filas del Partido Nacional, el senador Sebastián da Silva auguró el lunes en una rueda de prensa que “la madre de todas las batallas” será la creación del Ministerio de Justicia, y adelantó: “No vamos a darle el manejo de la justicia al FA, porque ya sabemos lo que puede llegar a hacer”. El senador Javier García, en X, aseguró que se opondrán “con toda la fuerza” al proyecto. García cuestionó que supondría “más burocracia y gasto público”, además de ser un “enorme retroceso antidemocrático y antirrepublicano que rompe la separación de poderes”.
El diputado Gustavo Salle, de Identidad Soberana, rechazó la iniciativa, a la que llamó el “Ministerio de Jorge Díaz” en una entrevista con Radio Montecarlo. Desde Cabildo Abierto –donde el oficialismo ha encontrado la llave para la aprobación de algunos proyectos en Diputados–, su líder, Guido Manini Ríos, expresó a El País que su partido está en contra de la “creación de una nueva burocracia”, ya que “todos los cometidos que se le quiera asignar a ese ministerio los están cumpliendo distintas reparticiones del Estado”.
“No hay unanimidades en ningún lado”
En el gobierno hay tranquilidad respecto del acompañamiento de la fuerza política al proyecto, según supo la diaria. Pereira aseguró este miércoles en la diaria Radio que “el Frente Amplio lo va a votar”, sin perjuicio de que puede haber legisladores que no estén de acuerdo. “Me parece que todos nos damos cuenta de que hay una necesidad de construir un ministerio que cubra determinados temas con profesionalismo y dedicación”, sostuvo.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció que con el Ministerio de Justicia “no hay unanimidades en ningún lado”. Los principales reparos dentro del FA hasta ahora han surgido desde el sector del propio Sánchez y del presidente Orsi, el MPP. El primero en plantear su visión contraria fue el senador Daniel Caggiani, quien, en diálogo con Radio Carve, expresó: “El Ministerio de Justicia a mí no me gusta mucho”.
Caggiani consideró que “cuanto menos metamos mano en esas cosas, mejor”, ya que “en otros países vemos que hay gobiernos que a veces terminan promoviendo medidas que cercenan la justicia”. De todas formas, señaló que está en el programa del FA, por lo que, dijo, “vamos a conversarlo y, si hay una mayoría evidente, lo vamos a trabajar”. También manifestó reparos la exvicepresidenta Lucía Topolansky, quien señaló a El País que la iniciativa no es “ni cerca una prioridad número uno” ni le “entusiasma” la idea.
“Me podrán decir que no es oportuno, es más burocracia, es menos burocracia, pero me parece que es una discusión que tiene que dar el Parlamento de la República. El gobierno lo va a enviar y el Parlamento definirá qué es lo que va a hacer. Si hay mayorías para aprobarlo, se aprobará, y de lo contrario, no se aprobará; eso no es un drama y seguiremos trabajando”, dijo Sánchez a la prensa.
Una de las acciones prioritarias en materia de “democratización y profundización de la Justicia” de las bases programáticas 2025-2030 del FA es impulsar la creación del ministerio, “con capacidad para diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI”, “fortalecer la especificidad de los poderes del Estado y dotar de un mejor diseño institucional a las diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas”.
Además, el programa plantea pasar a la órbita de la nueva cartera el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Sin embargo, el proyecto para la descentralización del INR vincula al organismo con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Sintonía con el programa del FA, aunque el momento “siempre es discutible”
El exsenador y dirigente del MPP Charles Carrera, consultado por la diaria, destacó la necesidad del ministerio y consideró que “el Frente Amplio no tiene matices” al respecto, ya que se trata de “una línea de acción definida en su programa de gobierno”.
“Lo que está haciendo Yamandú es cumplir con lo que se había prometido”, destacó a la diaria el diputado Alejandro Zavala, perteneciente al sector El Abrazo, quien defendió que se trata de una propuesta programática del FA discutida en el Congreso. Asimismo, el senador del MPP Aníbal Pereyra resaltó que, “con pragmatismo”, Orsi anunció ante el Parlamento “que el compromiso que asumió ante la ciudadanía lo va a cumplir”. Ahora “viene la otra etapa, de diálogo, de acuerdos y de búsqueda de mayorías, y de ver la instalación del ministerio, sus características y las gradualidades necesarias”, agregó en diálogo con la diaria.
Respecto del riesgo de cercenar la Justicia –como planteó Caggiani–, Zavala dijo que “no está planteado quitarle potestades a la Justicia, entre otras cosas, porque no se puede, porque las potestades del Poder Judicial están establecidas en la Constitución”. “Ese riesgo no existe”, afirmó. Apuntó que en la discusión parlamentaria se verá el contenido del proyecto y “cuáles son los matices”, pero “parto de la base de que no le quita atribuciones, competencias” al Poder Judicial.
En cuanto a la oportunidad del envío del proyecto, el diputado de El Abrazo reconoció que “siempre es discutible”; no obstante, señaló que, en el marco de la discusión sobre la descentralización del INR, “sería razonable, en realidad, que, si existiera un Ministerio de Justicia, quedara bajo su órbita”.
La diputada Tatiana Antúnez (Espacio 1001), que vio “con buenos ojos” el anuncio de Orsi porque “va en sintonía con lo que ya hemos definido desde nuestra fuerza política”, planteó que sería positiva la creación de la cartera, “pensando más que nada en la situación en la que se encuentran hoy las cárceles y la superpoblación”. “El hecho de que exista este ministerio impulsa un cambio de paradigma desde una perspectiva de derechos humanos y dándole un enfoque cada vez más civil y profesionalizado” al sistema carcelario, señaló. Añadió que “en varios sentidos implica un avance importante para nuestro país”, ya que también “son prioritarios la planificación y el diseño en relación con el acceso a la justicia”, lo cual sería materia de la eventual nueva cartera.
El senador socialista Gustavo González, por su parte, dijo a la diaria que, aunque no ha estudiado el proyecto ni tiene una “posición terminante”, su “interrogante es si esto es una necesidad hoy en día”. Resaltó, de cualquier forma, que “los matices fortalecen la unidad” y “siempre hacen reflexionar”, pero apuntó que quiere “estudiar a fondo el proyecto para saber si efectivamente esto colabora con las necesidades de nuestra gente”.
González consideró que en el contexto de incertidumbre internacional actual, “nosotros tenemos que ver de sacar las cosas más importantes”, como la pobreza infantil. “A mí me sigue preocupando ese tema, también sumar más en educación, sumar más en seguridad. Todos esos son los grandes temas del país. ¿Tenemos dinero para cubrir todo eso?”, planteó, y sugirió que “un ministerio siempre tiene costos”.
Si bien es “una verdad” que la iniciativa está en el programa del FA, señaló que “lo que no dice” es “si tiene que ser en marzo, en abril, en mayo, dentro de dos años”. Consideró que no es un tema cerrado, “más si sectores como el MPP cuestionan esto”. “A mí me gustaría escuchar a todo el mundo siempre, y ahí se cerrará”, dijo el senador.