“Nosotros nunca recibimos presión alguna ni del ministro ni del señor presidente de la República, que son los que nos pusieron en este lugar; al contrario, hemos tenido un apoyo incondicional”, respondió el presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alejandro Henry, a una pregunta de la oposición sobre si fueron presionados por el Poder Ejecutivo para comprar la estancia María Dolores, según consta en la versión taquigráfica de la sesión del lunes de la comisión investigadora sobre este tema en la Cámara de Diputados.
Durante la sesión se repitieron los argumentos técnicos, jurídicos y políticos a favor y en contra de la compra de la estancia en Florida para el INC, que se estuvieron manejando en diversas instancias en el Parlamento. Y las autoridades del instituto aprovecharon la ocasión para explicar más en detalle los fundamentos de la decisión.
En primer lugar, con respecto al precio de compra de la estancia, Henry señaló que “los precios actuales de campos muy cercanos reflejan el valor de María Dolores”. “Incluso con suelos bastante inferiores a los de María Dolores y para campos que no tienen la misma infraestructura se está manejando la cifra de 7.000 dólares la hectárea”, remarcó.
Enrique Arrillaga, gerente del Área Desarrollo de Colonias del INC, dijo que el instituto fija un “valor de paridad” en función de criterios preestablecidos, y para el caso del campo de María Dolores, ese precio fue de 6.453 dólares. “Después vienen los ajustes que hace el tasador sobre ese precio de paridad, que son particularidades que tiene el campo en referencia a los comparables”, especificó. Por ejemplo, en el caso de María Dolores, la ubicación y acceso del campo determinó una mejora respecto del valor de paridad, lo mismo que el sistema de riego. Añadió que también hubo elementos que llevaron a la baja el precio, como por ejemplo que el predio “está dentro del área afectada del plan Santa Lucía, entonces, para determinadas áreas podría tener algunos requisitos que no toleraba cualquier tipo de producción”.
Arrillaga aseguró que concurrió al campo, para valorarlo, con técnicos del instituto: el gerente del Departamento de Avalúos, dos técnicos de la Regional Florida, un técnico del área de Planificación y el técnico del área de Riego.
En cuanto a si se cumplieron los procedimientos formales para la compra, Ana María Batovsky, secretaria de Presidencia del instituto, dijo que así fue, y que el expediente pasó por Jurídica, Notarial, Desarrollo de Colonias, Regional Florida. “Se escrituró el bien y hasta el momento no existe ningún reclamo, recurso administrativo o juicio alguno en torno a la legalidad del acto”, hizo notar.
Batovsky sostuvo que la resolución adoptada por el Directorio del instituto “está correctamente motivada; de ella surgen los fundamentos de oportunidad, de conveniencia y jurídicos para la toma de decisión, por lo cual en nada se viola el principio de especialidad del ente, porque la compra del campo está dentro del cumplimiento de los fines del Instituto Nacional de Colonización”.
Agregó que en cuanto a la jurisprudencia en casos similares, hay “innumerables juicios y sentencias que avalan la posición del Instituto”. Y dijo que le llama la atención que los argumentos que está utilizando la oposición para cuestionar la compra son “muy similares” a los que utilizó la empresa panameña Portmar para accionar contra el Estado a principios de los años 2000, juicio que perdió y la Justicia la condenó a pagar los costos. “Que el campo no era muy bueno, que no se había cumplido con el artículo 28 de la Ley 11.029 (que dispone la necesidad de tasar el inmueble), que era inundable, que el gasto se observó por el Tribunal de Cuentas de la República, etcétera”, contó. Según la investigación que realizó el semanario Búsqueda en 2016, basada en los denominados “Panama Papers”, el senador colorado Pedro Bordaberry aparece vinculado a la panameña Portmar. En su momento, Bordaberry aclaró que se le otorgó a él y a varios abogados del estudio jurídico para el que trabajaba en aquella época un “poder de representación” de Portmar, que era una empresa cliente del estudio. “Nunca fui director de dicha sociedad ni la representé en acto alguno, ni utilicé poder alguno de la misma”, aseguró Bordaberry.
Henry: “Con la Intendencia de Florida hemos trabajado en conjunto”
Durante la sesión, el presidente del instituto destacó el buen vínculo que tienen con la Intendencia de Florida, con la que han trabajado juntos en este y otros temas. “Justamente, el lunes pasado firmamos un convenio de trabajo conjunto, no solo por el caso de María Dolores, sino también por el caso de las otras colonias en las que ha tenido una acción muy marcada la intendencia, en cuanto a caminería y a otros proyectos de desarrollo que pretendemos llevar adelante. Ya venimos trabajando con la Intendencia de Florida en buscar alternativas de desarrollo para la zona”, aseguró Henry. Resaltó que la comuna, liderada por el nacionalista Carlos Enciso, “ha sido la primera en trabajar, en buscar alternativas” para la plantación de olivos en María Dolores.
Por otra parte, Henry destacó que el INC “no le genera gastos al Estado” y “tiene un presupuesto sumamente equilibrado”; arrojó entre cinco y siete millones de dólares de superávit en los últimos ejercicios, “que estamos destinando a la compra de tierras”, señaló. Agregó que “las puertas de María Dolores están abiertas” y que “nadie tiene por qué ir de incógnito, porque María Dolores es un lugar público, donde hay un proyecto que llevan adelante cinco gremiales”.
El papel de Nicolás Chiesa
Desde que comenzó a discutirse la posibilidad de conformar una comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, insistió con citar al organismo al exdirector general de la Granja, el colorado Nicolás Chiesa, quien estuvo vinculado a la operación de compra-venta de la estancia. Perrone incluso lo llegó a poner como condición para votar la investigadora.
En la sesión del lunes, se leyó una nota del diputado colorado Carlos Rydström proponiendo justamente citar a la comisión a Chiesa, dado que, “por su trayectoria y conocimiento en la materia, su comparecencia podría constituir un aporte de interés”. Cuando se le pidió que fuera más explícito sobre los motivos de la convocatoria a Chiesa, Rydström recordó que fue “apoderado” de la empresa Rafelor SA, que vendió el establecimiento. “Tanto en el plenario de la Cámara de Diputados como en trascendidos de prensa se dijeron cosas que nos parece pertinente aclarar en esta instancia”, señaló.
El diputado colorado aclaró también que su partido no proponía esta citación “como una negociación de ningún tipo con ningún otro partido presente en la Comisión Investigadora”, sino que lo hacía “por voluntad propia”.