El astillero español Cardama Shipyard inició un proceso de arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato que había firmado la administración anterior, del presidente Luis Lacalle Pou, con la empresa española para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional. Según informó el semanario Búsqueda y confirmó la diaria con fuentes de Presidencia, con el asesoramiento de un estudio jurídico uruguayo y otro español, Cardama presentó un escrito ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, pero todavía no precisó el monto del resarcimiento económico que solicitará en caso de ganar el diferendo. El Poder Ejecutivo fue notificado sobre la solicitud de arbitraje este lunes.
En el contrato, firmado el 15 de diciembre de 2023 por el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, se establece que los diferendos que tengan las partes sobre “asuntos técnicos” se resolverán, en última instancia, en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Para cualquier otro caso, en el contrato se establece que “las partes intervinientes en el presente contrato se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo, Uruguay, para la resolución de cuantos litigios y controversias se deriven de la interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato”.
En marzo de este año, el artillero español optó por retirarse de la audiencia de conciliación que tenía fijada con el Estado uruguayo, como paso previo a entablar una demanda civil. Esto ocurrió después de que, en febrero, el presidente Yamandú Orsi confirmara en una conferencia de prensa la rescisión del contrato y, al mismo tiempo, anunciara que el gobierno iniciaría “acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”.
“Nosotros también tenemos que ver cómo nos resarcimos, tenemos que ver, por supuesto, cómo conseguimos las patrulleras y, a su vez, el privado que estuvo [por Cardama] tiene que también elegir su camino para no salir más perjudicado de lo que está. Son cosas normales”, expresó el presidente días después.
En declaraciones a Subrayado, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que en el Poder Ejecutivo hay “mucha tranquilidad” con respecto a la resolución que tomó Cardama, ya que “el camino que recorrió el gobierno fue un camino apegado al derecho y a la defensa del erario público”.
Sánchez también recordó la decisión de la empresa española de no recurrir desde el punto de vista administrativo la rescisión del contrato ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, el jerarca señaló que “un contrato de suministro”, como el que se firmó en la anterior administración “se sustancia en la Justicia uruguaya”, por lo que, a su modo de ver, “es bastante débil la solicitud de Cardama de ir a un arbitraje internacional, porque uno tiene que agotar la vía nacional primero, y en este caso la empresa, el proveedor, decidió no recurrir esa decisión”.
“Yo creo que no la recurrió porque el Estado uruguayo recorrió un camino de mucha seriedad, de transparencia y de responsabilidad”, afirmó Sánchez, y añadió que “quizás la preocupación que tuvo este gobierno es la que no tuvo la administración anterior, que nos llevó a no tener los controles suficientes para analizar si efectivamente tenía solvencia la empresa y si podía presentar una garantía en tiempo y forma, por tanto, nosotros lo tomamos con mucha tranquilidad”.