El martes, autoridades del gobierno estuvieron reunidas por videollamada con el estudio jurídico español Uría Menéndez, que “seguramente” será el encargado de defender al Estado uruguayo en el arbitraje internacional iniciado por el astillero español Cardama por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas, informó a la diaria el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
Díaz aseguró que en el gobierno hay “mucha tranquilidad” y que ven la acción de Cardama como una “reacción esperable” y un “intento de sacar el asunto de los tribunales uruguayos”.
En el contrato entre el Estado y Cardama, firmado el 15 de diciembre de 2023 por el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, se establece que los diferendos que tengan las partes sobre “asuntos técnicos” se resolverán, en última instancia, en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Para cualquier otro caso, en el contrato se establece que “las partes intervinientes en el presente contrato se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo, Uruguay, para la resolución de cuantos litigios y controversias se deriven de la interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato”.
Díaz explicó que el Estado uruguayo rescindió el contrato por “motivos jurídicos” vinculados con la no presentación por parte del astillero Cardama de garantías válidas, y no por “asuntos técnicos”, que es la causal prevista en el contrato para recurrir a tribunales internacionales. Si bien el Estado uruguayo planteó objeciones técnicas al proceso de construcción, estas no fueron el motivo de la rescisión, precisó Díaz. Por lo tanto, el Estado uruguayo alegará ante la Corte Internacional de Arbitraje que ese tribunal “no tiene jurisdicción” en este caso. “El contrato no admite discusión”, remarcó el prosecretario de Presidencia.
La Corte deberá resolver si tiene competencia o no para pronunciarse sobre el caso, y puede hacerlo antes de fallar sobre el asunto de fondo, o en simultáneo.
A mediados de marzo, se conoció que Cardama no había recurrido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la rescisión del contrato. En ese momento, el prosecretario de Presidencia declaró a Subrayado que la decisión de Cardama de no interponer un recurso para recurrir el acto administrativo de la rescisión del contrato “es clave”, ya que “deja definitivo el acto y nos da una gran tranquilidad a nosotros de haber actuado conforme a derecho”. “De ahora en adelante, no hay que tratar ningún recurso y no va a haber un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, manifestó.
Esta semana se supo que Cardama tomó esta decisión de no recurrir la rescisión porque pretendía ir directamente al arbitraje internacional. Como prevé el contrato, el astillero español consultó al inspector de la sociedad de clasificación definida para el proceso de construcción, la consultora Lloyd’s Register, si esta quería oficiar de árbitro del diferendo, pero Lloyd’s se excusó, por lo que el tema pasó a la Cámara de Comercio Internacional.
Por otra parte, Díaz dijo a la diaria que este mes o el próximo el gobierno presentará en tribunales civiles nacionales una demanda por “daños y perjuicios” y reclamará una indemnización, así como la “entrega de lo construido”, que permanece en Vigo, España. En marzo, Cardama se había retirado de la audiencia de conciliación que tenía fijada con el Estado uruguayo, solicitada por este último como paso previo a entablar una demanda civil.
Abdala: esto “confirma la irresponsabilidad del gobierno”
El diputado nacionalista Pablo Abdala cuestionó el accionar del gobierno en este caso y sostuvo que “deja al país en una situación de exposición evidente”. “Me parece que esta es la confirmación de una consecuencia que todos estábamos esperando. Era evidente que Cardama, la contraparte, no se iba a quedar de brazos cruzados y frente a una rescisión polémica como la que decretó el gobierno, sin fundamento alguno, en el marco de un contrato que en cuanto al objeto principal se estaba cumpliendo en tiempo y forma, bueno, es obvio que se siente perjudicado el proveedor, la empresa privada en este caso, y que va a velar y a luchar por sus intereses”, estimó.
El legislador blanco sostuvo que esto “confirma” la “irresponsabilidad del gobierno”, que está “huérfano de argumentos” y “con muy poco margen de justificar o de fundamentar su propia posición”.
Respecto del argumento de la falta de competencia del tribunal internacional, Abdala consideró que “no hay ningún tema de competencia”. “Cuando el 13 de febrero se anunció la rescisión, se dijo que se aprobaron dos resoluciones, una referida al tema de las garantías y otra referida a los temas constructivos que corresponden, de acuerdo a lo que se pactó en el contrato, al ámbito del arbitraje internacional, y es lo que Cardama está haciendo”, afirmó.
Concluyó que el Estado uruguayo “actuó muy mal” y “está siendo preso de su propia maraña”, “de su imprudencia, del apresuramiento y de la irresponsabilidad con la que actuó”. Advirtió que “quien paga las consecuencias y quien queda expuesto a demandas internacionales como esta que ya se entabló es el Uruguay”.
Abdala anunció que desde el Parlamento pedirán conocer la demanda presentada por Cardama y citarán a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, para que concurra a dar explicaciones sobre el caso.