La Cámara de Diputados aprobó este martes de manera definitiva la extensión de la intervención del Poder Ejecutivo en el Casmu por un nuevo plazo de dos años. El tratamiento en la cámara baja se dio luego de que, en el Senado, oficialismo y oposición acordaran aprobar únicamente la prórroga de la intervención. Se desglosó del proyecto de ley presentado por el gobierno la solicitud de acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva –creado por la Ley 18.439– por un monto equivalente a 120 millones de dólares. Este punto se someterá a votación cuando el gobierno envíe la información que fue solicitada por la oposición.
En vista de “las experiencias aprendidas en el proceso que determinó la liquidación del prestador Casa de Galicia”, el diputado frenteamplista Luis Gallo definió la ampliación de la intervención como “una herramienta preventiva” para evitar el pase a concurso de Casmu. Al momento de la votación, Gallo dijo que la medida aprobada este martes permitirá “finalizar la reestructura” que se está implementando en la mutualista.
“El Casmu nace con un patrimonio negativo. La ley que da origen al Casmu tal como lo conocemos hoy creó una institución con un patrimonio negativo, y desde ese momento no ha logrado revertir su situación patrimonial”, apuntó el diputado del oficialismo. En ese sentido, llamó a “trabajar en un plan” que permita “revertir una tendencia negativa”, a través de una “solución lenta, gradual y de mediano o largo plazo”.
Gallo aseguró que la intervención también permitirá “visualizar el mantenimiento, la calidad asistencial, las mejoras de gestión y los ahorros operativos”. “Esta prórroga busca reducir el riesgo para el Estado y aumentar las posibilidades de recuperación del prestador”, concluyó.
A su turno, el diputado nacionalista y exsubsecretario del Ministerio de Salud Pública José Luis Satdjian dijo que la situación del Casmu “evidencia nada más y nada menos que los múltiples fallos de diseño del Sistema Nacional Integrado de Salud”. En particular, mencionó “la gestión de los fondos públicos del Fonasa por actores privados”, ya sea a través de mutualistas o por parte de las instituciones de asistencia médica colectiva.
En cuanto a la “urgencia” para el tratamiento de la extensión de la intervención del Casmu –que finalizaba este miércoles 29 de julio–, Satdjian señaló que “se sabía hace un año” la fecha de vencimiento; sin embargo, el proyecto se remitió sobre el plazo para que no hubiera “tiempo de evaluar” no solo lo vinculado al seguimiento de la actuación del Poder Ejecutivo, sino también los otros aspectos incluidos en la iniciativa, que fueron desglosados por el Senado.
“Claramente la prórroga que vamos a votar hoy no es por el trabajo de los interventores, porque tenemos conocimiento solo de tres informes en este año, dos hechos por los interventores anteriores a este equipo y uno hecho por este equipo en diciembre de 2025”, cuestionó el diputado nacionalista, y afirmó que la motivación principal del oficialismo para continuar la intervención tenía que ver con el “temor” de que se pida el concurso de acreedores, como sucedió en el caso de Casa de Galicia.
El anuncio de Salle y el cuestionamiento de Nibia Reisch
Desde Identidad Soberana (IS), en tanto, el diputado Gustavo Salle anunció que presentará una propuesta de comisión investigadora “para que se profundice en la relación entre el Estado y el Casmu”. “Ayer en la comisión escuché del ministro [de Economía y Finanzas, Gabriel] Oddone, de señores senadores y de señores diputados, que se ha registrado en el Casmu conductas con apariencia delictiva”, afirmó.
Con respecto al pedido de acceso al Fondo de Garantías, la diputada colorada Nibia Reisch dijo que “resulta particularmente inaceptable” el hecho de que las deudas del Casmu se hayan contraído con “prestamistas particulares” a “tasas usurarias”. “Necesitamos saber quiénes son esos acreedores, en qué condiciones prestaron y qué sacrificio –entiéndase quita, espera o reducción de la tasa– están dispuestos a asumir antes de que el Estado traslade ese riesgo a los contribuyentes”, señaló.
“No resulta aceptable que mientras se sostienen costos asociados a la intervención, no se produzca el reordenamiento real de la conducción y se mantengan remuneraciones vinculadas a la gestión”, afirmó, en la misma línea que Reisch, el diputado nacionalista Federico Casaretto.
Desde el oficialismo, Gallo planteó “analizar en profundidad” la situación financiera del Casmu “cuando venga” la información que fue solicitada al Poder Ejecutivo. Por lo pronto, consideró que algunas de las intervenciones que se hicieron este martes en el plenario de la cámara baja son las que “hacen mal al Casmu”, dado que impactan en un escenario en el que “se borran cientos y cientos de usuarios mes a mes”.
