En una sala de eventos del edificio anexo del Palacio Legislativo totalmente colmada, en la que otra vez no faltó el extupamaro Héctor Amodio Pérez entre el público, en la noche del martes se realizó otra edición del ciclo de conferencias “La justicia en debate”, organizado por el senador colorado Gustavo Zubía. Con más o menos énfasis -según quien tome el micrófono-, el leitmotiv de estas charlas es la defensa de los militares presos por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar.
En la anterior edición, en mayo, la senadora nacionalista Graciela Bianchi afirmó, entre otras cosas, que hay que “convencer a la población de sacar a los presos de Domingo Arena”, que en Uruguay solo “quedan cuatro” desaparecidos y que de parte de los militares “no hubo voluntad de exterminio”, sino “desviaciones”.
En esta oportunidad se destacó lo dicho por el senador colorado Pedro Bordaberry, que fue uno de los exponentes. Bordaberry empezó su alocución refiriéndose al Código del Proceso Penal, que entró en vigencia en noviembre de 2017. “Quiero ser bien claro: para mí es un desastre, tiene que ser derogado. Salieron unos a imaginarse situaciones de otros países y trataron de implantarlas acá: veían las películas en la televisión, a los abogados que hacían cosas, y aparecía uno a último momento con la prueba, se abrazaban, lloraban y se iban todos felices, y dijeron: ‘Quiero lo mismo’. Pero la verdad es que es un desastre”, insistió.
Bordaberry criticó los acuerdos abreviados y dijo que a ese proceso, al que sus defensores catalogan como “súper garantista”, en realidad “lo transformaron en ir a comprar algo a la feria y pichulear el precio”. Además, sostuvo que el nuevo código creó “una Fiscalía equivocada, que está en los titulares de los diarios”, porque “el fiscal, para pedir más, va a la prensa, y el abogado defensor también”. “Entonces, hemos creado figuras mediáticas que son los fiscales y los abogados; mi amigo el gordo [Jorge] Barrera, todos los que salen a cada rato. Tenemos la cultura del espectáculo en la Justicia, y cuando entra la política en la Justicia, la Justicia sale por la ventana”, afirmó.
Más adelante, Bordaberry dijo que “lo otro que ha sido un desastre”, desde 2005 -cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio-, son las “normas que resulta que excluyen, en especial, a quienes están acusados por delitos del Estatuto de Roma [los de lesa humanidad, entre otros], de los mismos beneficios que tienen todos los ciudadanos”. “Lo cual es una flagrante omisión legislativa. Yo lo sufrí, no me lo tienen que contar; que me desmientan”, subrayó, en referencia a cuando su padre, el dictador Juan María Bordaberry, estuvo en prisión.
Luego, el senador colorado dijo que el actual gobierno quiso “liberar a 2.500 presos”, en referencia a la discusión en torno a la reforma del Código del Proceso Penal que se dio meses atrás. Pero destacó que, “por suerte”, la oposición lo paró, porque “70%” de los que salen de la cárcel “reinciden”. “Ahora, a estos otros que, vamos a decir la verdad, es imposible que reincidan, por edad y por el tipo de delito, no les damos el beneficio de la prisión domiciliaria. ¿Saben por qué? Disculpen, voy a hablar en criollo: porque no tienen los huevos para hacerlo”, sostuvo Bordaberry, y se ganó los aplausos de todos los presentes.
Así las cosas, el senador colorado anunció que en el marco de la Rendición de Cuentas, que ahora se está estudiando en la cámara baja y luego pasará al Senado, ya tiene redactado un artículo aditivo “disponiendo la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años”. “Y yo espero que todos los partidos de la oposición lo voten. Porque, que quede claro: esto no es una cuestión de beneficio para nadie, sino de justicia para todos. A mí me tocó vivir momentos muy duros, personales, creo que todos lo saben. Nunca me quejé ni me voy a quejar. Entiendo lo que están pasando muchos, rezaré por ellos”, finalizó.
Sotelo y Dalmao
Minutos antes, el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, otro de los exponentes, dijo que quería referirse “con toda claridad” a un caso que conoce “bastante” de una persona a la que trató y visitó, el general Miguel Dalmao, “procesado y encarcelado por la muerte de Nibia Sabalsagaray, detenida por las autoridades de la época en 1974”. “Es uno de los casos citados por quienes cuestionan el estándar probatorio aplicado”, acotó.
Sotelo dijo que fue “un caso que había sido archivado y que se desarchivó porque una persona que estaba allí, detenida y encapuchada, en condiciones realmente muy crueles, 40 años después recordó algo que no había recordado antes”. Dijo que esa persona recordó que escuchó a un soldado decir “al cabezón se le fue la mano”, pero no se refirió en forma explícita a Dalmao. “Efectivamente, cualquiera que haya conocido a Dalmao sabe que, entre otras características que tenía, efectivamente era cabezón”, añadió.
El diputado del Partido Independiente subrayó que “no fue la única prueba, pero fue una prueba decisiva para procesarlo como coautor de un homicidio, un hecho que además le costó la vida”. “Uno se pregunta: ¿es posible que este testimonio, además de insuficiente y notoriamente tardío, haya sido falso? No lo sabemos, pero no es el único, hay otros testimonios al respecto que podrían hacernos dudar de la veracidad”, finalizó.