El viernes, el Poder Ejecutivo emitió finalmente una resolución para garantizar los “servicios mínimos” en la Terminal Cuenca del Plata (TCP). La terminal especializada del puerto de Montevideo atraviesa desde hace algunas semanas dificultades en la negociación de un nuevo convenio colectivo entre la empresa Katoen Natie –accionista mayoritaria de TCP– y el sindicato de trabajadores. Las medidas sindicales llevadas adelante en ese marco han impactado en las importaciones y las exportaciones, lo que llevó al gobierno a tomar esta resolución, que busca reducir “los niveles de conflictividad y favorecer la construcción de acuerdos”, según planteó días atrás la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.
Si bien el Sindicato Único de Portuarios y Ramas Afines (Supra) no ha adoptado medidas en las últimas horas, la resolución no parecería haber apaciguado la situación. Este lunes, a través de un comunicado, el sindicato manifestó su rechazo a la resolución del Poder Ejecutivo, que “limita el derecho sindical”. El Supra informó que se resolvió convocar al equipo legal del PIT-CNT para obtener asesoramiento técnico y “definir las medidas a tomar”.
Por otra parte, este lunes también se conoció que Katoen Natie evalúa presentar una demanda civil por las pérdidas que se le generaron como consecuencia del conflicto sindical. Según informó El País, sobre la mesa está la posibilidad de iniciar “un juicio civil por daños y perjuicios o lucro cesante”, el cual podría ser eventualmente contra los trabajadores o contra el Estado uruguayo. Desde Katoen Natie confirmaron a la diaria que “los equipos legales están trabajando y evaluando” los distintos escenarios. La fuente señaló que, por lo pronto, se está “recopilando toda la información” para tomar una definición.
Asimismo, desde el sistema político también aparecieron algunas reacciones. Desde el oficialismo, el senador frenteamplista Gustavo González, además de responsabilizar a la Coalición Republicana por “haberle dado todo a Katoen Natie” durante el gobierno anterior, reivindicó “la huelga como medida fundamental para todas las conquistas”.
González señaló que, si bien “se habla mucho de las pérdidas patronales”, el huelguista también tiene que “pagar el alquiler, el agua y la luz” y “vive en angustia” durante un conflicto con el sector empresarial. Sobre la resolución del Poder Ejecutivo, el legislador valoró la capacidad que tiene en estos temas el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, y sostuvo que “era imposible seguir con la presión” que se estaba poniendo contra los trabajadores.
Para el senador nacionalista Javier García, en cambio, la resolución supone una “esencialidad edulcorada para buscar evitar una crisis con el ministro [de Trabajo y Seguridad Social, Juan] Castillo, dentro del gobierno”. “Lo más importante y lo de fondo es que hubo un daño muy serio al puerto, que se produjo durante estos meses”, expresó el legislador. En la misma línea, apuntó que la acción del gobierno “llegó tarde” y afirmó que ahora es momento de “recuperar la competitividad y el trabajo del puerto”.
“La resolución presenta importantes vulnerabilidades”, advierte el PC
Por su parte, el Partido Colorado (PC) trató este lunes la resolución del Poder Ejecutivo en el marco de una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Luego, mediante un comunicado, el PC expresó que “el gobierno llegó tarde y mal” porque “buena parte del daño” ya está “consumado”. El partido manifestó que, para evitar la declaración de esencialidad, se “recurrió a una estrafalaria construcción jurídica”.
Según el PC, “la resolución presenta importantes vulnerabilidades”, ya que “no existe una habilitación legal expresa para imponer tareas a trabajadores durante una huelga”. Tampoco “se determinan claramente las consecuencias de su incumplimiento ni un plazo cierto de vigencia”. A pesar de esto, el partido respaldó “la decisión de asegurar la continuidad mínima de la operativa portuaria”.
En la declaración, el PC resaltó la necesidad de “modernizar el régimen de servicios esenciales establecido” por la ley de declaración de los servicios de especialidad. Con miras a reformar esta legislación, que data de 1968, el PC anunció que “trabajará en un proyecto de ley que defina con precisión los servicios esenciales y los servicios mínimos, establezca criterios de necesidad y proporcionalidad, permita al Poder Ejecutivo actuar provisionalmente ante emergencias, garantice la participación de trabajadores y empleadores y confíe a un órgano independiente la resolución de las discrepancias”.
Detrás de este análisis realizado en el CEN estuvo Santiago Torres, ex subdirector nacional de Trabajo. En diálogo con la diaria, el exjerarca sostuvo que con el escenario jurídico actual “cualquiera de las dos partes” podría decidir ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Aseguró que si el sindicato decidiera no cumplir con los “servicios mínimos”, el gobierno “queda colgado del pincel”.
Torres mencionó que, si bien se recurre muchas veces a normas respaldadas por la Organización Internacional del Trabajo, un proyecto de ley le daría al tema un “marco mucho más sólido para manejar estos temas”. “Estaría bueno una ley más moderna y que, de alguna forma, tape los agujeros que se descubrió que hay”, sentenció.
Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en tanto, se prefirió no adelantar los argumentos para contrarrestar estos planteos, en el entendido de que “van a ser empleados” eventualmente “para impugnar la resolución”.