El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que “no funcionaron las alertas que debieron funcionar” en el caso de Pablo Leiva -que figuraba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez-, quien fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones. De acuerdo con la investigación policial, Leiva utilizó una sucursal de Abitab para introducir dinero ilícito en el sistema financiero, y dicho local es propiedad de la esposa del director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini. Este último dijo en una conferencia de prensa que Leiva pagaba facturas de entre 300.000 y 400.000 pesos con billetes de 100 y 200 pesos.
En ese marco, luego de la reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que sesionó este martes y había sido anunciada días atrás, el prosecretario dijo en rueda de prensa que, si bien el uso de dinero en efectivo en grandes cantidades “ya de por sí es un elemento indicativo de riesgos”, el uso de grandes cantidades con billetes de baja denominación lo es “mucho más todavía”.
La comisión está integrada por representantes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), los ministerios del Interior, Economía, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación y Cultura; Fiscalía General de la Nación; el Banco Central del Uruguay (BCU) y la Junta de Transparencia y Ética Pública.
A partir del “caso de pública notoriedad y solamente con la información que es de uso público”, Díaz dijo que la comisión analizó la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) realizada en 2023 y llegó a la conclusión de que esta “no contempla algunos riesgos que se vieron aparentemente explicitados en los hechos de pública notoriedad”, como “la utilización de redes de pago”. El prosecretario señaló que las instituciones que participaron de la reunión se llevan “como deberes” trabajar en “una modificación de la ENR” con el objetivo de “incluir algunos aspectos que hoy no están incluidos”.
En la ENR, se señalan los principales sectores de actividad potencialmente utilizados para canalizar activos de origen ilícito o con finalidad ilícita. Estos son el sector financiero -que incluye a las casas de cambio, por ejemplo-, las estructuras societarias, el mercado inmobiliario, las zonas francas, el trading, los criptoactivos, los automóviles de alta gama, embarcaciones y aeronaves, las sociedades anónimas deportivas y la utilización de efectivo.
A su vez, Díaz apuntó la necesidad de “determinar, lanzar, disparar determinadas acciones” en la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva lanzada el año pasado y que se basó en la ENR. Esas acciones, dijo Díaz, “tienen que ver con el funcionamiento del sistema que hoy aparentemente no funcionaron”.
Por otro lado, la comisión también abordó el “no desarrollo de la investigación conjunta del delito precedente y el delito de lavado”, en referencia a que el 18 de setiembre la fiscal de Estupefacientes de primer turno, Angelita Romano, alcanzó un acuerdo abreviado con los implicados en el grupo criminal en el que estaba involucrado Leiva; posteriormente, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, a partir de nueva información otorgada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, resolvió abrir una nueva causa centrada en el blanqueo de dinero en casas de cambio y centros de cobranza de la organización criminal.
Díaz dijo que la investigación conjunta “es una acción concreta que sí está prevista en la estrategia y que lamentablemente en este caso concreto, por la información de origen público, no se ha cumplido”, y agregó que este punto “es un reclamo que hizo el Ministerio del Interior desde el primer día que se configuró la comisión”.
Otro tema abordado por la comisión fue la financiación de los partidos políticos, que según informó la Senaclaft “venía trabajando con la Corte Electoral” y lo seguirá haciendo para que, “si tenemos una herramienta de financiamiento de los partidos, controlar que esa normativa se cumpla”. Además, se intercambió sobre las criptomonedas y el oro, que, aunque “no tiene nada que ver con este caso en concreto”, sí “tiene correlación con la prevención del lavado”.
La comisión se propuso un plazo de 15 días para que cada organismo procese lo conversado “dentro de sus respectivas competencias”, y en función de eso, una vez transcurrido el plazo, se volverá a reunir para “discutir las modificaciones concretas a la ENR y a la estrategia nacional”.
Para Conrado Rodríguez, la estrategia antilavado “tiene herramientas” para supervisar las redes de cobranza
Con respecto a lo planteado por Díaz sobre incluir las redes de pagos en la ENR como potencial riesgo, el diputado colorado Conrado Rodríguez, que preside la Comisión de Lavado de Activos de la cámara baja, dijo a la diaria que “se está haciendo demasiado pamento para algo que en verdad ya existe normativa”, y que “en todo caso se puede generar normativa a través de instrucciones que dé el BCU a través de circulares y resoluciones”.
En ese sentido, sostuvo que las redes de pago están “dentro de los sujetos obligados en la ley”, por lo que “son instituciones que están supervisadas por el Banco Central”. “Me parece que a veces se generan escenarios para generar otros efectos políticos”, consideró.
Rodríguez sostuvo que el gobierno “no tuvo reparos” en cuanto a la ENR y que con base en ella se “confeccionó la estrategia”, la cual “tiene herramientas para poder lograr una mayor supervisión, en este caso, sobre las redes de cobranza”.
En esa línea, el diputado nacionalista Pablo Abdala, que también integra la comisión, valoró en diálogo con la diaria que “estamos frente a una situación de oportunismo político”, y dijo que, en materia de lavado de activos, el gobierno “ha sido mucho ruido y pocas nueces”. Aunque señaló que en lo vinculado a “mejorar la respuesta y fortalecer el sistema en cuanto a la prevención y al combate del lavado”, va a estar de acuerdo, dijo que le preocupa que “se actúe por reacción” ante hechos concretos.