Esta semana, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores que tiene a estudio la Rendición de Cuentas recibirá a las últimas delegaciones. Este lunes fue el turno del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, y está previsto que, de acuerdo con la agenda, el fin de semana se vote el articulado del proyecto presupuestal en la comisión.
En su propio proyecto de Rendición de Cuentas, el Poder Judicial hizo una serie de pedidos “para asegurar la continuidad y mejora del servicio de justicia, con especial énfasis en la protección de personas en situación de vulnerabilidad, el acceso efectivo a la Justicia y el fortalecimiento de las sedes judiciales especializadas”.
Concretamente, se solicitó la creación de juzgados especializados en Montevideo y en el interior del país, con cargos de magistrados, defensores públicos, actuarios, psicólogos, trabajadores sociales, médicos psiquiatras, médicos forenses y funcionarios administrativos, con el objetivo de “dar cumplimiento efectivo a la Ley 19.580 [ley de violencia basada en género] y brindar respuestas más rápidas, técnicas y sensibles a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”.
En el pedido también se incluyeron dos nuevos tribunales de apelaciones de familia, un nuevo tribunal de apelaciones de trabajo, dos juzgados letrados de primera instancia del interior de ejecución y vigilancia.
Sin embargo, en la Rendición de Cuentas elaborada por el Poder Ejecutivo no se incluyó ninguno de los pedidos del Poder Judicial. En diálogo con la diaria, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Doris Morales, señaló que solo les “dieron los artículos sin costo”. “El presupuesto fue de 1,06%; el anterior fue de 1,09%, o sea que va bajando cada vez más”, lamentó.
Otra de las prioridades mencionadas por Morales fue la necesidad de actualizar los gastos de funcionamiento de la SCJ, que “hace 15 años que no se ajustan”.
Además de los juzgados de género y de ejecución, Morales subrayó la necesidad de tener un cargo de técnico prevencionista, dado que “está creada la oficina de salud, que fue un reclamo muy largo de mucho tiempo de los funcionarios, pero no tenemos técnicos prevencionistas en el Poder Judicial”. En esa línea, Morales comentó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social les está “reclamando” que lo tengan y, por lo tanto, para cumplir con la disposición se le otorgó “un porcentaje más” a un funcionario para que “cumpla las funciones”.
Morales dijo que los legisladores de la oposición “mencionaron la posibilidad de aditivos” y apuntó que esa “sería la única forma” que habría para que obtengan los pedidos presupuestales. De todas formas, la jueza destacó que “eso depende de que haya acuerdos” entre el oficialismo y la oposición.
Blancos y colorados presentaron artículos aditivos
Hace un par de semanas, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta dijo a la diaria que el oficialismo “alcanzó los objetivos que el gobierno pretendía” con la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, por lo que actualmente, en el tratamiento en la cámara alta, no tienen “ninguna prioridad en materia de incorporación de elementos adicionales significativos”.
No obstante la mayoría que tiene el Frente Amplio en el Senado, los legisladores de los partidos Nacional y Colorado que integran la comisión propusieron, ante los planteos del Poder Judicial, una serie de artículos aditivos referidos al sistema judicial.
Según los artículos, a los que tuvo acceso la diaria, los senadores de la oposición propusieron crear 38 cargos nuevos, entre ellos, cuatro defensores públicos, un juez letrado, tres médicos y un psicólogo; esto se financiaría con casi dos millones de dólares de Rentas Generales.
Asimismo, en los aditivos se solicita una partida para gastos para poner en funcionamiento los juzgados letrados de primera instancia previstos en la Ley 19.580 de violencia basada en género; partidas anuales en gastos de funcionamiento para la contratación de servicio de limpieza en todas las sedes judiciales; una partida anual para la instalación de un juzgado letrado de primera instancia del interior, una partida anual para dos cargos de magistrado, técnicos y administrativos, así como una partida para su funcionamiento; y un cargo de técnico prevencionista.
Desde la bancada del oficialismo señalaron a la diaria que “casi todos” los artículos son “improcedentes” puesto que implican un aumento del gasto de Rentas Generales y el Poder Legislativo no tiene la facultad para hacerlo.