“El ministro ha reconocido que en su Plan de Seguridad y en la reforma del Código del Proceso Penal [CPP] está planteando liberar a personas privadas de libertad, es decir, largar presos a la calle como pasó en 2005”, manifestó el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, el jueves, durante la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro.
El legislador colorado se refería a uno de los cambios previstos en el proyecto de ley, elaborado por el Poder Ejecutivo, para reformar el CPP: la habilitación del pedido de libertad anticipada por parte de las personas privadas de libertad con sentencia firme. En concreto, la modificación incluye en ese beneficio a quienes tengan condena por delitos de lesa humanidad, delitos de narcotráfico, delitos sexuales, rapiña, homicidio agravado, secuestro y extorsión.
En medio de la discusión sobre si el actual gobierno va a “liberar presos”, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, fue consultada este lunes en Canal 5 sobre cuántos presos podrían recuperar la libertad en un año si se aprueba la reforma del CPP. La jerarca señaló, en primer lugar, que “el elenco de delitos que se suman no es el elenco de delitos mayoritarios en el universo de la población privada de libertad”, y apuntó que “la mayor cantidad de personas privadas de libertad lo está por delitos contra la propiedad”. Mencionó que, “en el caso de los varones, la segunda causal son todos los delitos vinculados a la ley de drogas” y después, “muy por debajo, vienen los homicidios y los delitos sexuales”.
Consultada sobre porcentajes, Juanche señaló que “los homicidios son menos del 10% y los delitos sexuales son menos del 6%”, por lo que “tampoco es una cuestión que va a engrosar muchísimo el escenario de posibles libertades”. “Esto también hay que tenerlo en cuenta”, subrayó.
En cuanto al impacto que puede tener el cambio de la reforma del CPP, Juanche consideró que “va a mover la aguja”, ya que “el 15% de 17.000 personas es mucha gente, son más de 2.000 personas”. De todas formas, ante la repregunta sobre si se podría liberar a 2.000 presos, Juanche aclaró que es un “cálculo a vuelo de pájaro”. “Por favor, no tomen la cifra como exacta porque estoy tomando guarismos”, agregó.
Las críticas de la oposición: “Van a cometer los mismos errores que nos llevaron a esta situación”
Las declaraciones de Juanche causaron una reacción casi inmediata desde la oposición. En X, Bordaberry posteó un recorte de la entrevista a Juanche y afirmó: “Hoy la directora del INR del Ministerio del Interior reconoció lo que el ministro negaba: el Frente Amplio [FA] propone –de nuevo como en el 2007 y el 2017– liberar presos; esta vez a 2.000, incluyendo rapiñeros, homicidas y violadores”.
Por su parte, el senador del Partido Nacional Javier García dijo en una rueda de prensa que el FA “vuelve a recurrir” a la “liberación de presos”, lo que sería “en torno a 2.500 presos de modificarse el CPP”. “Toda modificación que implique la liberación de presos no la vamos a acompañar”, sentenció.
“Confirma lo que Pedro Bordaberry dejó claro en la interpelación. No es por ahí, van a cometer los mismos errores que nos llevaron a esta situación. No a la liberación de 2.000 presos”, complementó en X el diputado colorado Walter Verri. Asimismo, el diputado nacionalista Diego Echevarría expresó: “¡Agarrate Catalina! Acá se dice lo que se negó a decir el ministro. El efecto sobre la inseguridad será doble: se liberarán presos y, además, algunos no ‘entrarán’. Por tanto la seguridad de nuestras calles estará más que comprometida. Y el mensaje para la Policía es desolador”.
En diálogo con la diaria, Juanche reconoció que su planteo en la entrevista en Canal 5 “quedó como confuso”. “Cuando me pregunta si son las personas que se beneficiarían, y yo cuantifico en el 15%, ahí falta un razonamiento que es complementario, que es que en realidad no todas esas personas, por ejemplo, al día de hoy, estarían en condiciones de ser liberadas”, detalló.
La directora del INR puntualizó que, si hoy en día estuviera vigente la reforma del CPP, “no sería esa cantidad de personas”, en referencia a los 2.000, sino que “serían, por ejemplo, de esas personas, menos de 400”.
Sobre la discusión acerca de si efectivamente va a existir un proceso de liberación de presos, Juanche aclaró que “no es el Ministerio [del Interior] el que libera a los presos”, sino que la decisión corresponde a un juez. También señaló que es necesario “ver si en esos casos que estarían en condiciones [de acceder a la excarcelación], porque cumplirían los tres cuartos de la pena, los jueces acceden a brindar la libertad anticipada con la anuencia de la Fiscalía”.
En la entrevista con Canal 5, Juanche explicó que el cambio tiene que ver con “restituir un instituto que ya estuvo vigente hasta hace cinco años”. “Es volver al escenario anterior y es darle la posibilidad a la Justicia de que, caso a caso, se otorga en todas las previsiones y en todas las condiciones que están dispuestas en el CPP”.
¿Qué se había propuesto en la campaña electoral?
El panorama del sistema carcelario estuvo presente en los programas de gobierno que presentaron los principales partidos políticos en las últimas elecciones nacionales. El Partido Colorado, por ejemplo, advertía en su programa que la situación actual "representa una flagrante violación de los derechos humanos debido al hacinamiento", lo cual, entre otros factores, "contribuye en alarmantes altas tasas de reincidencia". Una de las propuestas en ese sentido era "fortalecer el sistema de castigo de delitos mediante penas sustitutivas", contribuyendo de este modo a reducir "costos" y, al mismo tiempo, impedir que "personas que cometieron delitos leves entren en contacto con reclusos más peligrosos".
El Partido Nacional, en aquel entonces todavía en el gobierno, destacaba el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas a la Prisión, que había incorporado en el período a 65 nuevos funcionarios. Asimismo, se proponía la descentralización del INR, en el marco de "una visión holística de una reforma del sistema de justicia", que "contemple las necesidades de la privación de libertad, de las medidas alternativas (y su necesidad de ampliarlas) y del egreso del sistema penitenciario".
El Frente Amplio, en tanto, anunciaba en sus bases programáticas que, en un eventual cuarto gobierno de la fuerza política, pondría un "mayor énfasis en medidas no privativas de libertad y medidas de justicia restaurativa", a los efectos de "abatir la sobrepoblación carcelaria". La entonces oposición, hoy en el Poder Ejecutivo, señalaba, además, que promovería "los cambios normativos para garantizar la efectiva aplicación de los principios de racionalidad y proporcionalidad en la aplicación de las penas por tráfico ilícito, evitando que la criminalización y rigor punitivo recaigan sobre las personas y comunidades más vulnerables".