En febrero de este año, en una reunión entre la asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol y el presidente Yamandú Orsi, se avanzó en la posibilidad de concretar un “acuerdo amistoso” entre el Estado uruguayo y los 767 peticionantes que se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resolver algunos aspectos sobre la incompatibilidad de las pasividades y la pensión especial reparatoria (PER), prevista en la Ley 18.033, que comprende a quienes entre 1973 y 1985 fueron privados de su libertad, estuvieron detenidos y/o estuvieron en centros clandestinos fuera del país en operativos en los que participaron fuerzas represivas uruguayas.
La ley establece que no tendrán derecho a recibir la PER las personas que cobren jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios transitorios por incapacidad parcial, salvo que opten expresamente por la PER. Uno de los pedidos de Crysol a la CIDH es que, justamente, no haya que optar entre una cosa y la otra, dado que, según se argumenta, se trata de derechos distintos.
Durante la reunión entre Crysol y Orsi, el gobierno aceptó informar a la CIDH de que está dispuesto a iniciar las negociaciones que corresponden, de acuerdo con los protocolos internacionales, a los efectos de llegar a un “acuerdo amistoso” con la asociación. Sin embargo, a cuatro meses de esa instancia, el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, dijo a la diaria que el proceso está “trancado” y que los integrantes de la asociación están “muy molestos” con la CIDH, que todavía no ha propiciado el “encuentro” con el gobierno uruguayo para alcanzar un “acuerdo amistoso”. “Es la comisión la que tiene que convocar al gobierno y convocarnos a nosotros”, subrayó Grisoni.
En ese sentido, Grisoni adelantó que en el correr de esta semana van a notificarle a la CIDH sobre esta situación, para lo que llevarán una consulta jurídica. “Nosotros hemos dado los pasos, manifestado nuestras intenciones, enviamos nuevamente la lista de potenciales beneficiarios, pero no ha reaccionado la comisión”, lamentó. “Vamos a mandar una nota al presidente [de la CIDH] manifestándole nuestro desagrado, sabiendo que tenemos razón y que somos un colectivo de gente muy veterana”, apuntó.
Un “sistema de ayuda especial de asistencia”
El presidente de Crysol señaló que, en un principio, iban a enviar la comunicación a la CIDH la semana pasada, pero surgieron otros asuntos a atender. El martes, la asociación informó que se detectaron demoras en el Banco de Previsión Social (BPS) para procesar pensiones de sobrevivencia derivadas de la PER. La ley dispone que, en caso de que los beneficiarios fallezcan, su cónyuge o concubino, hijos menores o hijos mayores declarados incapaces podrán acceder a la pensión.
Grisoni explicó que, en general, quienes suelen recibir esta pensión de sobrevivencia son las viudas, lo cual se extiende a “todo el sistema previsional”. “Se trata de personas de edad avanzada, porque los titulares fallecen después de los 70 años y los cónyuges que pueden pasar a percibir ese dinero son de edad similar”, señaló.
Si bien dijo que los dos casos concretos que tenían en Crysol ya se solucionaron, ahora la asociación está planteando que el BPS tenga “un sistema de ayuda especial de asistencia para las personas que gestionan las pensiones de sobrevivencia” en general, y no solo las asociadas a la PER. “Hay gente de edad muy avanzada, el BPS no está en todos lados, hay que desplazarse. Hay dificultades de todas estas personas para ir a hacer los trámites”, señaló.
“Necesitamos un BPS que actúe de acuerdo con los plazos de tiempo modernos y las necesidades de este sector específico de la población, porque cuando fallece el titular, si quedan, se quedan sin ingresos, y las personas tienen que comer todos los días”, afirmó.