Esta semana la empresa Fedir SA, uno de los principales proveedores del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), presentó una denuncia ante Presidencia por “presuntas irregularidades” en una licitación pública que “se ha pretendido ejecutar cuando hasta la fecha no existe resolución de adjudicación”, según informó Búsqueda y detalla el texto al que accedió la diaria.
El procedimiento, que abrió el 3 de setiembre del año pasado, refiere a la adquisición de 3.600.000 comidas elaboradas refrigeradas con un costo estimado de 972.000.000 pesos –unos 24 millones de dólares– para distribuir en centros de la cartera ubicados en Montevideo.
Tras ofertar, la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Cadea) formuló “solicitudes de aclaraciones” a los participantes, lo que entienden que les habilitó “una nueva oportunidad en la que completaron o modificaron su oferta”.
Además, el 25 de febrero la Cadea se reunió para analizar las propuestas, pero entienden que hizo una “errónea ponderación de los antecedentes”, lo que tuvo impactos en el puntaje global de cada interesado y derivó en un “orden de prelación viciado por los manifiestos errores en la consideración de los rubros analizados”. Aunque Fedir presentó sus consideraciones en marzo, no le notificaron otras actuaciones ni vieron el expediente.
En el informe elaborado por Cadea se sugirió una “adjudicación a todos los oferentes, en diferentes cantidades, dejando último a Fedir”. Eso implicó una pérdida de unos 5.000 platos diarios a entregar, lo que supone un descenso de 6.800 a 1.900 con impacto directo “en los puestos de trabajo de la empresa, mayormente ocupados por mujeres jefas de hogar”. Ante la disminución abrupta, hay “al menos 80 puestos de trabajo que inmediatamente se pierden”, más allá del impacto en proveedores y fletes.
Según supo la diaria, hasta ahora desvincularon a 28 personas y enviaron a seguro de paro a otras 12, aunque si la licitación se adjudica, la cifra podría llegar a 80 trabajadores. Asimismo, afectó a otras 14 personas que trabajan en los fletes tercerizados.
Hubo dos audiencias en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –el 20 de mayo y el 29 de julio– y también una reunión con autoridades del Mides el 6 de junio. Indicaron que en ninguno de los casos se obtuvo una “respuesta clara ni favorable” y siguen “sin tener ninguna novedad formal en relación con el expediente, con la licitación ni con su eventual adjudicación o modificaciones”.
La empresa también denunció aspectos vinculados con la ejecución. Sostiene que, a principios de agosto, por medio de un correo electrónico tomaron conocimiento de que INDA comenzó a ejecutar el procedimiento millonario “sin que existiera ninguna resolución” ni “acto administrativo dictado por ninguna autoridad competente”. Destacaron que el 31 de julio el expediente estaba en el Tribunal de Cuentas de la República para su intervención preventiva y el 5 de agosto fue considerado cuando desde el INDA “ya se había comunicado que se estaban haciendo los pedidos conforme ‘la nueva compra’”.
Según supo este medio, de siete ministros dos se retiraron de sala debido a que se requería el expediente de forma urgente y faltó tiempo para estudiarlo –Miguel Aumento y Álvaro Ezcurra– y hubo una discordia por parte de Darwin Machado.
A su vez, el legislador colorado Juan Martín Jorge solicitó al presidente de la Cámara de Diputados cursar un pedido de informes al Poder Ejecutivo para acceder a una copia de la denuncia y recibir “todas las actuaciones que le siguieron”, según consta en una publicación en sus redes sociales. “Es demasiado dinero público para que existan dudas sobre el procedimiento y denuncias sobre las condiciones de entrega de los alimentos”, dijo.
Irregularidades entre los demás oferentes y una relación de larga data
La empresa también denunció que, mientras la contratación se ejecuta de forma “ilegítima”, el resto de los oferentes generan incumplimientos que contravienen el pliego licitatorio y son tolerados por el INDA.
Entre ellos, listaron que algunos oferentes transportaron la comida en “cajones plásticos, apoyándola directamente en el piso”, se entregaron viandas que vencían en el mismo día o tenían el rótulo incompleto; hubo frutas suministradas “directamente desde el cajón del proveedor de frutas, sin una sanitización e higienización previas” y se distribuyó pan “sin fecha de elaboración y producido por otro elaborador”, además de que se están utilizando “vehículos que no fueron declarados en la oferta”.
Lo anterior resulta “aún menos comprensible” para la empresa en función del largo vínculo con la institución y dado que “ha estado constantemente a la orden de los requerimientos del INDA”, cumpliendo funciones para las que “no estaba contractualmente obligada”. Listaron más de diez eventos en los que desarrolló su actividad por fuera del marco contractual, como elaborar dietas especiales que no se solicitaron con anticipación o disponer personal para colaborar en los comedores, entre otros.
“Muchos de ellos se debieron a errores de planificación y dificultades de coordinación interna, más allá de urgencias, aumentos inesperados o necesidades extraordinarias. Pese a ello, Fedir SA no se limitó estrictamente a cumplir con la entrega contratada, sino que puso a disposición su capacidad productiva, personal, logística, vehículos, equipamiento e insumos”, cerró.