Más de 30 colectivos feministas, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, denunciaron este fin de semana a través de un comunicado que el proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) “violenta a las víctimas, las expulsa del sistema de justicia, les impone el silencio y propicia la impunidad”. Por eso, llamaron a “frenar de forma urgente este retroceso y corregir este proyecto”.
La declaración –suscrita por la Intersocial Feminista, Cotidiano Mujer y Fucvam, entre otras agrupaciones– surgió en respuesta a las declaraciones que dio, en una entrevista con El País, el catedrático Gabriel Valentín, grado 5 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, quien, en calidad de experto, formó parte del grupo asesor técnico conformado por Presidencia para diseñar la reforma. Actualmente el proyecto está a estudio de la Comisión de Constitución del Senado.
Las organizaciones señalaron que la reforma “culpabiliza a las víctimas tratándolas como sujetos investigados”, al admitir la posibilidad de que “el imputado investigue e invada la vida de la víctima” y que, “utilizando el poder del Estado con la fuerza pública (Policía), pueda acceder a su domicilio, sus objetos, datos, comunicaciones”.
Esto último en referencia a la modificación propuesta al artículo 144 del CPP, que dispone que el imputado y su defensa, en caso de que necesiten del Estado para recolectar evidencia a su favor, podrán solicitarlo al juez “sin noticia del fiscal y de la víctima”. A su vez, en el mismo artículo se agrega la potestad de la víctima de diligenciar su propia prueba, independientemente de la que realice la fiscalía a su favor.
En la entrevista con El País, Valentín señaló que actualmente el defensor no puede ordenar que se le saque a la víctima, por ejemplo, “un documento o un objeto relevante”. “Podría pedírselo y se lo dará o no se lo dará”, apuntó. En ese sentido, la reforma propone que el abogado pueda “pedirle al juez que le ordene que se lo entreguen”, explicó. Además, indicó que con la reforma un juez podría ordenar la inspección de “un lugar que está bajo el dominio de un tercero”, siempre y cuando exista una orden judicial.
Como segundo punto, las organizaciones cuestionaron la “pérdida del derecho a reclamar”, ya que “la reforma prohíbe a las víctimas apelar o pedir que un tribunal superior revise las siguientes decisiones: archivo de la investigación, impidiendo que otra Fiscalía revise el caso; sobreseimiento del imputado en todos los casos, que equivale a una sentencia absolutoria, y admisión de que la Fiscalía no investigue aplicando el principio de oportunidad”. Al respecto, Valentín comentó en la entrevista que se planteó eliminar la apelación tanto para la víctima como para el imputado.
En tercer lugar, en el comunicado los colectivos afirman que “la participación de las víctimas sigue sin ser efectiva y plena”. Entre otras cosas, señalan que las víctimas no pueden “pedir que el juez ordene práctica de evidencias” ni “solicitar el auxilio de peritos del Estado para su investigación”, a diferencia del imputado. Se apunta que las víctimas tampoco tienen la posibilidad de “intervenir en el acuerdo para arribar a un juicio abreviado”.
No es la primera vez que la reforma del CPP es cuestionada desde la sociedad civil. En abril, el Poder Ejecutivo resolvió retirar del proyecto la posibilidad de que condenados por delitos de lesa humanidad accedan a la libertad anticipada, luego de que la asociación de ex presos políticos Crysol rechazara el artículo en cuestión.
Teresa Herrera: “Se le da un lugar de supremacía al acusado que no se le da a la víctima”
“Las organizaciones de la sociedad civil y operadoras del sistema de justicia penal relacionadas expresamos nuestro enérgico rechazo al avasallamiento de derechos fundamentales y revictimización, el recorte de derechos de las víctimas y la falta de avances en aspectos clave, dando la espalda a los estándares en derechos humanos reconocidos internacionalmente”, sostienen los colectivos en el comunicado.
En diálogo con la diaria, Teresa Herrera, doctora en Ciencias Sociales e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual –una de las organizaciones que firmaron la declaración–, sostuvo que los cambios propuestos en la reforma significan “un tremendo retroceso”, y consideró que la aprobación del proyecto sin modificaciones sería el “colmo de la revictimización”.
Herrera afirmó que los cambios incluidos en la iniciativa son “contrarios a derecho” y violan convenios internacionales en la materia, principalmente los vinculados a la Convención de Belém do Pará. En particular, dijo que “sorprende la inequidad” entre víctima e imputado presente en el proyecto.
En cuanto a la posibilidad de que el imputado pueda recolectar evidencia “sin noticia del fiscal y de la víctima”, advirtió que esto haría “desaparecer” el “trabajo internacional que se ha hecho de protección a las víctimas, del derecho a declarar, a hacer declaración anticipada, a declarar bajo anonimato”. “Se le da un lugar de supremacía al acusado que no se le da a la víctima”, resaltó.
Sobre la eliminación de la posibilidad de apelación, Herrera señaló que implica que el imputado quede como sobreseído, cuando el archivo de una causa puede obedecer a múltiples motivos. “En los hechos, está tramitándose un caso como sobreseído directamente, como si ya estuviera totalmente cerrado”, apuntó.
Herrera sostuvo que lo “deseable” sería que “hicieran una reforma del CPP por la cual la víctima pueda ser querellante y pueda participar en el juicio al mismo nivel que el resto de los actores”. Con respecto a este tema, desde Presidencia señalaron a la diaria que “por el momento no hay declaraciones para hacer”, ya que “la discusión se está dando en el Parlamento”.