Desde noviembre del año pasado, Uruguay transita el proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que reúne a Japón, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunéi Darusalam, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Perú, Chile y Reino Unido. La semana pasada tuvo lugar la tercera ronda de negociaciones de Uruguay como país adherente, en la que se avanzó en el proceso de revisión del cumplimiento normativo del país y, además, se generaron “ciertas tranquilidades”, comentó a la diaria la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.
Dado que el CPTPP es un acuerdo que ya está cerrado, los países que solicitan su incorporación deben “demostrar cómo lo vas a cumplir, cómo tu normativa está de acuerdo o, si no, cómo vas a modificar la normativa para adecuarte a los estándares del CPTPP”, explicó la vicecanciller. El proceso implicó que Uruguay respondiera 1.300 preguntas y, tras una última revisión realizada la semana pasada, se concluyó que 12 de los 16 capítulos principales del CPTPP “se consideran terminados”, en el sentido de que la normativa uruguaya ya cumple con lo dispuesto por el tratado o requiere modificaciones “muy menores, pero que no implican cambios de política”. El resto de los capítulos continúan su estudio.
Además de ser un acuerdo sobre comercio de bienes, servicios y temas arancelarios, el CPTPP abarca un amplio conjunto de aspectos en materia de regulación estatal, empresas públicas, compras del Estado, propiedad intelectual, comercio electrónico, servicios financieros, telecomunicaciones, políticas de competencia, inversiones e incluso temas laborales y ambientales.
Csukasi llamó a tener tranquilidad porque, en relación con las empresas públicas, que era una de las “grandes preocupaciones”, “no hay nada en el CPTPP que obligue a Uruguay a modificar sus prácticas en la materia”. “Se entiende que las empresas públicas uruguayas ya hoy actúan de acuerdo a los estándares del CPTPP”, por lo que “no habría que modificar en nada”, aclaró. El mismo caso se da con las compras públicas, sobre las que existían dudas en torno a “si el acuerdo obligaba a eliminar prácticas que les dan una preferencia a las empresas domésticas”, pero tampoco supone modificaciones en ese sentido.
“Hay mayor conocimiento y entendimiento de ellos sobre la realidad de Uruguay y de Uruguay sobre lo que implica el CPTPP”, aseguró la vicecanciller, y afirmó que la ronda de la semana pasada fue “muy productiva” y “buena para aclarar, sacarnos las dudas, desmitificar algunos temas”.
Una vez que finalice esta etapa, Uruguay entrará en la discusión sobre el acceso a los mercados. Allí, “Uruguay es el que tiene que decir qué es lo que va a poner sobre la mesa y después, del otro lado, recién llega lo que van a ofrecer ellos, a ver si es exactamente lo mismo que ya está sobre la mesa o si cambia un poquito”, explicó Csukasi. “Ahora se sigue avanzando y se sigue trabajando para tratar de que, por lo menos, saquemos todo lo que no es fundamental de arriba de la mesa y ya nos podamos concentrar en el acceso al mercado”, señaló.
En paralelo, en febrero de este año, en el marco de la visita oficial a China, Uruguay comunicó su intención de solicitar el ingreso a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés). Se trata del acuerdo de libre comercio más grande del mundo: lo integran los países miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) –Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam– más China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Australia. A diferencia del CPTPP, el RCEP aún no tiene un proceso de adhesión definido. De hecho, a fines de setiembre se realizará una reunión de ministros “en donde van a discutir las solicitudes de incorporación y van a tomar alguna decisión”, señaló Csukasi. “Para finales del mes tendremos alguna novedad sobre si podemos iniciar el proceso de adhesión”, acotó.
Mientras tanto, Uruguay ha avanzado para quedar nivelado con los países que solicitaron formalmente su adhesión con anterioridad. El domingo, en una videoconferencia virtual, Uruguay –que ya respondió un cuestionario de unas 500 preguntas– presentó su caso y explicó “por qué nos interesa adherir”, apuntó Csukasi.