Un nuevo cambio tributario está en ciernes: la eliminación de un impuesto que actualmente paga el sector agropecuario. La derogación del denominado 1% a la enajenación de semovientes (que no tiene vínculo alguno con la propuesta del PIT-CNT para el segmento más rico de la sociedad) había sido planteada por el Poder Ejecutivo el año pasado, en ocasión del tratamiento del presupuesto quinquenal. Sin embargo, la resistencia de los gobiernos departamentales, que perciben lo que se recauda por el impuesto, frenó la iniciativa en aquel entonces. Ahora la situación es diferente.
Según supo la diaria, el martes hubo una reunión entre las autoridades de la Federación Rural y el presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista Carlos Enciso (Florida), en la que el impuesto a los semovientes fue el tema principal. En diálogo con la diaria, el presidente de la gremial, Rafael Normey, afirmó que, finalmente, “los intendentes ahora ya están todos alineados en acompañar la derogación” del gravamen. “Ahora es un tema de detalles administrativos para que los intendentes se queden tranquilos de que ellos no van a perder recursos”, señaló Normey, y recordó que la eliminación de este 1% “es una bandera histórica de la Federación Rural”.
Fue en el año 1960 cuando se legisló la creación de un impuesto sobre la venta de ganado, cuya recaudación se volcaría a los gobiernos departamentales. Décadas después, en 2012, se creó la posibilidad de que los titulares de las explotaciones agropecuarias pudieran acceder a un crédito fiscal para acceder a un descuento por un monto equivalente al gravamen. Esto último, sin embargo, ha acarreado algunas asimetrías en la práctica, según han señalado tanto desde el gobierno como desde el Congreso de Intendentes.
“A no ser los productores que tienen una contabilidad organizada, que pueden pagar una contabilidad organizada que todos los años te consigue el papel y te descuenta directamente en la DGI, en general los pequeños productores nunca levantaron un certificado de esto”, expresó el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, el lunes en el Parlamento, en el marco de la comisión que estudia la Rendición de Cuentas.
El ministro agregó que, “cuando maneja pequeñas cantidades –muchas veces el productor vende tres o cuatro vacas–, no solo no descuenta, sino que no va a regularizar la intendencia si se vendió particular, y cuando va a comprar una guía para vender otras tres vacas, tiene el interés, las multas, el recargo y el sube”, por lo que, a fin de cuentas, el impuesto “es una carga tributaria pesada para la inmensidad de los productores rurales”.
Según Fratti, desde abril del año pasado existe un acuerdo entre su cartera y el equipo económico para “eliminar el 1 % a la enajenación de los semovientes”. “Pensé que íbamos a tener dificultad con el ministro [Gabriel Oddone], porque los ministros de Economía, en cualquier gobierno, lo primero que te dicen es: ʻNoʼ, pero no fue el caso, tengo que decirlo”, comentó.
El ministro recalcó que fue la postura del Congreso de Intendentes lo que imposibilitó implementar la medida a través del presupuesto quinquenal. De hecho, en su momento hubo posiciones encontradas por este tema entre el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el senador Sebastián da Silva, ambos integrantes del Partido Nacional.
La eliminación del impuesto a los semovientes es uno de los compromisos asumidos por el gobierno para el quinquenio. De acuerdo con un documento elaborado por el Poder Ejecutivo, en el que se detalla el avance de cada compromiso, a partir de la supresión del gravamen “el Poder Ejecutivo transferirá anualmente, desde Rentas Generales, un monto equivalente al promedio de lo recaudado en los ejercicios 2020 a 2024 por concepto del impuesto que se deroga”.
“Quiero ser muy honesto intelectualmente, no quiero decir que esto sea una baja de impuestos, pero al final del día lo es”, manifestó Fratti en el Parlamento.
Las tres propuestas que presentó el gobierno
Fratti remarcó que la idea del gobierno es que “no pierdan las intendencias”. “Para las intendencias del interior es indispensable este dinero. Por lo tanto, la intención nuestra era que aquellos que recaudan no pierdan ningún peso de la recaudación por el 1%”, subrayó.
El ministro, que confesó a los legisladores de la comisión que esta era una de las dos cosas que lo tenían “bastante incómodo” (“una era la garrapata y otra era el 1%”), señaló que actualmente en el Congreso de Intendentes hay tres propuestas elaboradas por el Poder Ejecutivo para sustituir los ingresos que las intendencias tienen por este impuesto. “Nosotros hicimos nuestro trabajo y los intendentes del Frente Amplio están todos de acuerdo con retirar el 1%. Lo quiero decir para que quede claro dónde hay que conseguir los votos si es que queremos eliminar el 1%”, añadió.
El pasado jueves, unos días antes de la comparecencia de Fratti, la secretaria ejecutiva del Congreso de Intendentes, la nacionalista Macarena Rubio, informó en la misma comisión cuáles son las tres propuestas que presentó el gobierno. La primera, señaló, consiste en “fijar el monto de acuerdo con un criterio histórico”, lo cual supone que cada intendencia recibiría una partida equivalente a la participación que haya tenido en la recaudación total del impuesto durante los últimos cuatro años.
“La segunda alternativa sería fijar el monto en virtud de la recaudación; se haría una relación entre la recaudación y el stock ganadero”, apuntó; en este caso, el monto a transferirse “se determinaría en función de un coeficiente departamental, construido a partir de la relación del stock ganadero vacuno del departamento y la recaudación del impuesto”.
Por último, se maneja como una tercera opción que el valor de la transferencia se determine “en función de la información que surja del Sistema Nacional de Información Ganadera en cuanto a las transacciones de ganado registradas mediante las guías en cada departamento”, señaló.
Rubio remarcó que se trata de “un ingreso que las intendencias estaban acostumbradas a recibir todos los meses”; en ese sentido, sostuvo que el cambio tributario “debería ser incluido en alguna ley presupuestal –no sabemos si en la Rendición de Cuentas, o de otra forma– para garantizar la estabilidad de este recurso”.
Enciso señaló que, en el caso de Florida, el impuesto a los semovientes representa unos cuatro millones de dólares por año. El presidente del Congreso de Intendentes resaltó que estos recursos ya están incorporados a los presupuestos de los gobiernos departamentales, y señaló que en los últimos días se le envió una nota al equipo económico para que “le pongan un número al subsidio”.
Afirmó, además, que en la negociación con el gobierno “se acordó que lo que se haga debe hacerse por la vía legislativa para que quede firme, porque no solo podemos basarnos en el buen entendimiento coyuntural que los intendentes tenemos con el Poder Ejecutivo”. Enciso puntualizó que el tema no está laudado “de forma definitiva” en las bancadas del Congreso de Intendentes.
Según Normey, “todo indica que ya estamos en las etapas finales de la eliminación del impuesto”. Lo que resta, sostuvo, es la definición de qué parámetro se utilizará para la sustitución de los recursos que las intendencias reciben por el impuesto, es decir, “detalles, que esperemos que rápidamente se diriman”.
