El Poder Ejecutivo presentó el miércoles una demanda contra Cardama Shipyard, el astillero español que fue contratado por el gobierno anterior para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) para la Armada Nacional, por un total de 82 millones de euros. Según informó El Observador, la demanda consta de 200 páginas, en las que se hace un listado de las irregularidades que detectó el actual gobierno en torno al proceso de compra durante la anterior administración.
El gobierno encabezado por Yamandú Orsi ya había presentado, en octubre del año pasado, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación tras constatar la falsedad de la garantía de fiel cumplimiento, presentada por Cardama y aceptada por el gobierno anterior, luego de sucesivas prórrogas otorgadas a la empresa española. La denuncia fue ampliada en varias oportunidades.
A su vez, en febrero de este año, el Poder Ejecutivo decidió rescindir el contrato firmado por el exministro de Defensa Nacional y actual senador del Partido Nacional, Javier García.
De acuerdo con El Observador, la demanda recaerá en el juez letrado en lo Civil de 9º turno, Alejandro Recarey. Recarey es el juez que, en el marco de la emergencia sanitaria, suspendió momentáneamente la vacunación en menores de 13 años de edad.
En la demanda se apunta que el Estado uruguayo ya abonó un total de 28.794.500 euros, y se sostiene que estos pagos fueron “realizados en la confianza de que las garantías contractualmente exigidas habían sido válidamente constituidas y resultarían efectivamente ejecutables en caso de incumplimiento”.
En el documento se señala que los “incumplimientos” por parte del astillero español “constituyen un patrón, una secuencia de conductas que, vista a la luz de todos los elementos probatorios, trasciende ampliamente la negligencia grave y presenta características propias del dolo”.
