En paralelo al trabajo de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado con relación a la Rendición de Cuentas 2025, este martes varios legisladores de la bancada oficialista mantuvieron reuniones con organizaciones. Dentro de las inquietudes planteadas sobre la iniciativa del Ejecutivo, apareció una de la Asociación Uruguaya de Laboralistas (AULA) sobre la reforma prevista del “plazo de apelación en proceso laboral” comprendida en el artículo 261 de la Rendición de Cuentas.
Concretamente, la modificación prevista en la iniciativa del Ejecutivo modifica el artículo 17 de la Ley de Abreviación de los Juicios Laborales aprobada en 2009. Según explicó a la diaria el presidente de AULA, Daniel Parrilla, la legislación que se pretende cambiar establece que el tribunal cuenta con un “plazo global de 30 días” para dictar sentencia ante un recurso de apelación. En ese período, los tres ministros del tribunal cuentan con siete días en forma simultánea para estudiar los casos y un plazo de diez días –dentro de los 30– para dictar sentencia.
En cambio, el planteo previsto en la Rendición de Cuentas establece un “plazo de diez días a cada ministro en forma sucesiva”, derogando a su vez el plazo general de 30 días. Para Parrilla, “quien se va a ver perjudicado es el trabajador”, teniendo en cuenta que se va en contra de la legislación de 2009 que planteaba el “achicamiento del proceso laboral para garantizar la igualdad de las partes”.
“El proceso era muy largo y muy engorroso, y lo que ocurría era que se ensanchaba la brecha de desigualdad entre empleador y trabajador; el empleador contaba con espalda financiera para aguantar los juicios, y el trabajador tenía que transar por un monto menor al que le correspondía”, explicó el presidente de AULA sobre la realidad antes de la aprobación de la Ley de Abreviación de los Juicios Laborales. Recordó además que la duración del proceso se traduce en la postergación del acceso a “créditos de los que dependen el trabajador y su familia”.
El impulso de la SCJ y el contraargumento
la diaria accedió a uno de los documentos que AULA entregó a los legisladores del Frente Amplio (FA), en los que también apunta contra los argumentos vertidos por la delegación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a favor de la modificación. En su visita a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes, desde el máximo órgano del Poder Judicial se planteó que la extensión de los plazos es a favor de que los ministros “puedan resolver mejor las cuestiones a su estudio”.
En el citado documento los abogados laboralistas dejaron constancia de su discrepancia “absoluta” con ese planteo, más aún cuando la modificación puesta sobre la mesa puede implicar “duplicar el plazo con que actualmente cuentan los tribunales para dictar sentencia”.
Parrilla reforzó la postura recordando que la propuesta de modificación prevé “plazos sucesivos” para el tratamiento de la apelación por parte los ministros, lo que repercute en la extensión del proceso y no tanto en el tiempo de análisis de cada ministro, que pasa de siete a diez días. El presidente de AULA agregó que “la práctica desmiente” el argumento de la necesidad de tiempo, dado que con el formato actual se ha llegado a “fallos de mucha calidad”.
El momento político para abordar el planteo
Más allá de la instancia de este martes, AULA volverá a reiterar el planteo el próximo viernes cuando visite la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado. En ese marco, el senador frenteamplista Aníbal Pereyra explicó a la diaria que este planteo, como otros –incluso de ministerios– que buscan modificar la Rendición de Cuentas luego de su sanción en Diputados, deberán ser estudiados por el oficialismo teniendo en cuenta si “hay margen” político para enfrentar una instancia de tercera cámara.
“Lo que hicimos fue recibir los planteos, luego veremos con el resto de la bancada y el Ejecutivo la realidad que está planteada sobre lo que se pueda modificar o no. Es una decisión política que todavía no está adoptada, que se va a adoptar cuando se vote la rendición en el plenario”, explicó Pereyra con relación a los argumentos puestos sobre la mesa por AULA y otras organizaciones que este martes hicieron saber sus inquietudes al oficialismo.
“Todos sabemos que la Rendición de Cuentas estuvo al borde de no ser aprobada, y ese sería el peor escenario. Políticas trascendentales estuvieron en riesgo, y hasta que no se apruebe definitivamente en las dos cámaras eso está en discusión”, remarcó el senador.
