La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, reconoció que las multas efectuadas en puntos de control que no cuentan con marcadores de velocidad, es decir, radares pedagógicos en rutas nacionales, “no se están haciendo efectivas”. Así consta en la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Senadores del miércoles pasado, a la que compareció con motivo del tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
La no efectivización de las multas surge como consecuencia del artículo 290 de la Rendición de Cuentas de 2022, que dispone la instalación obligatoria de radares pedagógicos que indiquen a los conductores “la velocidad a la que deben transitar” a una distancia mínima de 100 metros de “todo radar de control de velocidad en rutas nacionales”.
La ley, promulgada en noviembre de 2023, otorgaba un plazo de 18 meses para su cumplimiento, y dispone la nulidad de “las multas que provengan de radares de velocidad que no cumplan con lo establecido”. Dicho plazo fue prorrogado en julio de 2025 mediante una ley de artículo único que lo extendió por un año, período que concluyó hace un par de meses.
En ese sentido, el articulado que se encuentra en discusión en la comisión de la cámara alta dispone la sustitución del artículo conformado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou por una redacción que establece que “todo radar de control de velocidad deberá instalarse conjuntamente con la señalización correspondiente”, suprimiendo la obligatoriedad de los radares pedagógicos.
En la fundamentación del articulado, el Poder Ejecutivo justifica la eliminación en el entendido de que los radares pedagógicos “cumplen una función informativa y preventiva, distinta de la fiscalización propiamente dicha”, y que su instalación obligatoria “implica elevados costos de infraestructura, comunicaciones, energía, mantenimiento y monitoreo”. Esto se asemeja a lo expresado por Etcheverry ante la comisión, cuando manifestó que si bien los insumos “se están colocando en algunos puntos críticos”, la cartera que preside comprende que “desde el punto de vista económico y técnico son ineficientes”.
Sin embargo, esa interpretación suscita críticas en filas opositoras: el senador nacionalista Sebastián da Silva acusó al gobierno de Yamandú Orsi de quererse “lavar las manos a lo Poncio Pilato de una obligación legal”, y anunció que daría “una batalla” contra la eliminación del artículo.
Asimismo, a la salida de la comparecencia y en una rueda de prensa que consignó el periodista Leonardo Sarro, el legislador llamó a “la rebelión del contribuyente” e instó a la población a no abonar multas generadas en puntos de fiscalización que estén ubicados en rutas nacionales y no cuenten con radares pedagógicos asociados. “Ministra, no puede cobrar un solo peso de multas de los radares”, afirmó.
Las idas y vueltas en el Parlamento con respecto al tema y la forma en la que tienen lugar recibieron reproches del presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, quien señaló que el tema es tratado con “liviandad” cuando los siniestros de tránsito constituyen “la principal causa de muerte de Uruguay”, incluso “más que los homicidios”. “Me parece que le hace muy mal al país, y eso es lo que uno se pone a discutir mucho”, se lamentó el jerarca.