Finalizada su participación en un seminario de formación política que tuvo lugar en China, el edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez regresó al país el pasado fin de semana. Ante la condena de su asesor Pablo Leiva por lavado de activos, en el marco de la operación Trazador, el curul se reunió el domingo con la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional (PN), que definió llevar el caso a la Comisión de Ética. Al día siguiente, Gómez decidió brindar una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, reconoció que Leiva, contratado por 52.000 pesos nominales, no tenía tareas asignadas como su asesor en la Junta. “No venía a la Junta Departamental”, admitió.
Luego de la conferencia, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró que el PN “debería dar un poco más de explicaciones”. En filas nacionalistas, en tanto, no cayó bien la confirmación de que Leiva, además de haber sido procesado por lavado de activos, no cumplía tareas en la Junta Departamental.
El senador del PN Javier García afirmó en rueda de prensa que el PN “no oculta” la “extremada gravedad” del hecho y señaló que el “desconocimiento” de la actividad delictiva del asesor por parte del edil “no exonera” de que se tomen “decisiones”. “Esperemos la decisión de la Comisión de Ética”, resaltó.
Por su parte, en entrevista con el programa Desayunos informales de Canal 12, el senador nacionalista Sergio Botana comentó que le “resultó extraño” que Leiva “no tuviera tareas asignadas”. Esto, sostuvo, “es inaceptable”.
El exintendente de Cerro Largo consideró que la resolución de la Comisión de Asuntos Políticos emitida el domingo “es bastante dura”, por lo que “hay una buena orientación” de cara a lo que definirá la Comisión de Ética con respecto a Gómez. “Los partidos no están libres de estas situaciones, lo importante es cuál es la actitud frente a estas situaciones”, afirmó Botana.
“La conferencia fue lamentable, toda la situación es bochornosa”, dijo a la diaria el senador del PN Sebastián da Silva. “Venimos de situaciones en donde Luis Calabria, por ir a tomarse la presión al Hospital Policial, dejó el tercer cargo de jerarquía del Ministerio del Interior. Esa es la vara”, señaló, en referencia a la renuncia, en agosto de 2022, del actual director por la oposición en la Junta de Transparencia y Ética Pública.
“La gente tiene que trabajar, esa es la norma”, remarcó Da Silva. “No voy a opinar por la Comisión de Ética del partido, pero conociendo quiénes son sus integrantes, el término lamentable va a ser bastante suave” en comparación con lo que se dictaminará, aventuró. “Ahora hay que dejar que la Comisión de Ética diga lo que dice cualquier uruguayo que en este momento está trabajando y deslomándose para llevar un plato de guiso a la casa”, agregó.
Un problema estructural
“Soy de los que creo, como se planteó en una reforma constitucional que no tuvo andamiento, que los ediles deben ser pagos”, comentó, por otra parte, García, con relación al hecho de que los ediles no tienen una remuneración propia, pero sí partidas para contratar asesores. “Hay que transparentar estas cosas. Los ediles realizan hoy en día una actividad que es de representación y que requiere mucho recorrido, mucho asesoramiento, [porque] se ha tecnificado mucho”, resaltó.
“Son personas que trabajan, sería bueno que tuvieran su remuneración”, coincidió Botana. Sin embargo, apuntó que la Constitución “dice otra cosa”, y señaló que cuando “se intentó reformar” ese aspecto en 1994, “la gente dijo que no”, por lo que esto se debe respetar.
Da Silva, en tanto, consideró que la falta de un sueldo para los ediles “no justifica” que se generen esquemas donde hay personas contratadas sin tareas. “Esto no tiene justificación en un país en donde la gente se desloma para ganar 30.000 pesos”, recalcó el senador nacionalista. “Ir a una conferencia de prensa y decir lo que dijo es vivir en una realidad que desconozco”, añadió.