Luego de una primera resolución en la que se convocó a “una reunión de trabajo” con las bancadas de ediles y legisladores, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) emitió este lunes una nueva declaración a raíz de las conexiones políticas de la operación Trazador, por la que Pablo Leiva fue condenado por un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones. Leiva figuraba como asesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez, integrante del sector Por la Patria. En el operativo policial también estuvo involucrado el hijo de Pablo Leiva, Lucio, también asesor de Gómez y vicepresidente de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del Partido Nacional (PN). Lucio Leiva fue detenido, pero posteriormente desafectado de la investigación.
“Los vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas de nuestra fuerza política”, señaló el FA en el comunicado. La fuerza política reafirmó su “compromiso absoluto con la defensa de las instituciones públicas y la confiabilidad del sistema político en su conjunto”. En ese marco, consideró “imprescindible” convocar “una reunión urgente de los partidos políticos con representación parlamentaria para impulsar iniciativas como la regulación y transparencia del financiamiento de los partidos políticos”.
Este domingo, luego de reunirse con Gómez, la Comisión de Asuntos Políticos del PN derivó el caso a la Comisión de Ética y, al mismo tiempo, aceptó la renuncia de Leiva como integrante de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo. Además, Gómez resolvió desvincularlo como su asesor y solicitó licencia en el Honorable Directorio del PN –que integra en representación de la juventud nacionalista– “hasta aclarar todas las responsabilidades en estos episodios”.
Los hechos también salpicaron al líder de Por la Patria, el exsenador Jorge Gandini, actual director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos, luego de que trascendiera que la Policía está investigando el eventual uso en el esquema de lavado de una sucursal de cobranza que está a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga.
El FA consideró que las decisiones adoptadas este domingo por el PN “avanzan en la dirección adecuada”. No obstante, la fuerza política solicitó a las autoridades del PN “una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos que tienen vinculación con un integrante de su directorio”, en referencia a Gómez. De igual forma, instó a que la bancada nacionalista en la Junta Departamental de Montevideo “brinde explicaciones al cuerpo, despejando dudas sobre los hechos”.
“Actuamos con la máxima responsabilidad que la ciudadanía nos exige, analizando en profundidad el alcance del hecho concreto, exigiendo transparencia y, sobre todo, impulsando las reformas de fondo que impidan que el crimen organizado condicione la política uruguaya”, manifestó el FA. “Es fundamental que las investigaciones del sistema de justicia y los mecanismos de contralor posibiliten llegar al fondo del asunto con la finalidad de evitar la degradación de la calidad democrática”, se sostiene en la declaración.
A través de X, el senador nacionalista Javier García cuestionó la declaración del FA, que “no tiene autoridad política ni ética para hacer emplazamientos al Partido Nacional”. “Bastante tuvimos con su vice [Raúl] Sendic y con la camioneta Hyundai del presidente como para andar dando clases. Y menos para poner nota a los demás. Asumir la gravedad de la amenaza narco requiere unir a las instituciones y no dividir en base de una pretendida superioridad moral”, escribió García.
Fernando Pereira: el PN “debería dar un poco más de explicaciones”
Al margen de la declaración, la Mesa Política del FA sesionó en la tarde de este lunes para recibir el informe de la “reunión de trabajo” con las bancadas de ediles y legisladores. En rueda de prensa, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, consideró que “el directorio del Partido Nacional, al que pertenece el edil Gómez, debería dar un poco más de explicaciones de las que se han dado hasta ahora”.
Horas antes de la reunión de la Mesa Política, el edil nacionalista brindó una conferencia de prensa en la que asumió “el error de no haber sido precavido en la contratación” de Pablo Leiva. Gómez aseguró que “desconocía totalmente las actividades ilícitas que llevaba adelante”.
Para Pereira, fueron “pocas explicaciones”. El presidente del FA sostuvo que “los partidos, cuando les sucede algo de esto, que le puede pasar a cualquier partido, tienen la obligación de explicar”, pero “hasta ahora no se ha explicado”. “Si lo quieren hacer, lo harán y, si no, no lo harán. Pero yo creo que hay que tener la humildad para explicarle a la sociedad qué fue lo que pasó y que todos tengamos claro qué fue lo que pasó”, remarcó.
En la conferencia de prensa, Gómez también consideró que “no hay mérito” para que él renuncie o solicite licencia de la Junta Departamental. Al respecto, Pereira dijo que “cuando uno contrata asesores debería prever verificar quiénes son”, porque, de lo contrario, “eso tiene un costo”.
Consultado sobre si se deberían controlar las contrataciones de los ediles, teniendo en cuenta que Pablo Leiva no realizó tareas durante su etapa como asesor de Gómez, Pereira sostuvo que “la centralidad no está en si le daba tareas o no”. “Lo que es grave es que alguien vinculado al lavado de activos de venta de pasta base y de cocaína estuviera de asesor de un edil y que el hijo, que convivía con el padre, viera una cantidad de plata arriba de una cómoda y no se alarmara”, aseveró.
En cuanto a si existen elementos para iniciar un juicio político contra Gómez en la Junta Departamental, Pereira dijo que “hay que trabajar este tema con prudencia y con humildad”. Señaló que la “prioridad” de los partidos políticos debería ser la aprobación de “una ley de financiamiento que evite que el narco se meta en la política”. En ese sentido, recalcó que el FA convocará a los partidos políticos “a discutir las posibles soluciones” al financiamiento. “Tiene que haber un proyecto [de ley] que garantice que la mayor parte del financiamiento de los partidos esté vinculado a dinero público, porque esto es sano para la democracia y sano para el sistema de partidos”, afirmó.
Consultado sobre si conversó por este tema con el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, Pereira respondió que no, pero puntualizó que lo hará “para plantear con sobriedad la necesidad de [debatir] entre los partidos la discusión del financiamiento”.
Pereira apuntó que en la legislatura pasada “se construyó un proyecto de ley que tenía los votos del Partido Colorado y del Frente Amplio y que, finalmente, no lo quiso votar el Partido Nacional”, por lo que, “para llegar a un acuerdo global, se votó un proyecto de ley de menor categoría”. “Creo que a esta altura el Partido Nacional debe comprender la urgencia que tiene tratar con seriedad un proyecto y votarlo antes de la campaña electoral que viene”, insistió.