Entre los más de 300 artículos de la Rendición de Cuentas aprobados en la Cámara de Diputados hay uno que ha sido especialmente criticado por algunos senadores del Partido Nacional (PN). Se trata del número 168, que establece que “todo radar de control de velocidad en rutas nacionales deberá instalarse conjuntamente con la señalización correspondiente”, y no conjuntamente con “un radar pedagógico” que informe sobre la velocidad a la que se debe circular “a una distancia no menor a los 100 metros”, como dispone la normativa vigente.
Como justificación de este cambio de “señalización correspondiente” por “radar pedagógico”, el Poder Ejecutivo ha señalado que la implementación obligatoria de estos dispositivos –como establece la ley– “implica elevados costos de infraestructura, comunicaciones, energía, mantenimiento y monitoreo, recursos públicos que podrían emplearse de manera más eficiente”. También ha apuntado que “en el mundo no hay antecedentes de obligatoriedad de instalación de radares pedagógicos asociados a sistemas de fiscalización”.
La modificación ya fue aprobada por la cámara baja y, dada la mayoría del Frente Amplio en la Cámara de Senadores, se prevé que entre en vigencia a partir del 1º de enero de 2027.
Este asunto fue comentado por los senadores del PN Sebastián da Silva y Rodrigo Blás este miércoles en la comisión de la cámara alta que analiza el proyecto presupuestal, en ocasión de la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, Da Silva sostuvo que con este artículo el MTOP “se quiere lavar las manos a lo Poncio Pilato de una obligación legal”, que fue votada por el Parlamento en 2023, para que el ciudadano “sepa que tiene que bajar la velocidad”.
“En los radares sí tengo un posgrado o un doctorado, y puedo decir dónde están bien señalizados, dónde están mal señalizados y dónde hay radares adrede para perjudicar al ciudadano”, se jactó el legislador nacionalista, y aseguró que cerca de Salto hay radares de fiscalización “encanutados”. “¿Qué es lo que quieren hacer? Perjudicar al ciudadano de trabajo, que va con un camioncito, llevando huevos de un lado para el otro, y el radar lo clava con un flash y esa multa le complica su presupuesto”, expresó.
En opinión de Da Silva, con este artículo se confirman “los dos estamentos de Uruguay”: por un lado, que hay “un Estado que se lava las manos con sus obligaciones”; por otro, que ese mismo Estado “es eficiente a la hora de recaudar y arrancar las cabezas en las rutas nacionales”.
El senador del PN dijo sentirse “víctima” de las multas, si bien contó que ahora maneja con asesoramiento. “Tengo una camioneta que cuenta con una aplicación que me avisa con un sonido distinto –el de Bob Esponja; se lo recomiendo a todos– y me dice: ‘¡Radar, radar, cuídate!’. Entonces levanto la pata del acelerador y paso”, comentó.
Da Silva afirmó que “el gobierno del Frente Amplio no quiere tener más la obligación de los radares pedagógicos”, y prometió “dar esa batalla”. “Es una batalla que vamos a dar los políticos contra los burócratas en la opinión pública”, añadió.
Por su parte, Blás dijo que “es una lástima que se derogue la obligación”. “Mi departamento no tiene un radar sin radar pedagógico. No quiere recaudar. Recauda, sí, pero no es el objetivo”, expresó, en referencia a Maldonado. “Entre una alternativa y otra tenemos la buena experiencia y la mala experiencia. Sin embargo, el gobierno quiere transitar por la mala experiencia y por la recaudación”, agregó.
Los datos que compartió el MTOP
En respuesta, el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, dio algunos números en la comisión. Por ejemplo, que en la actualidad hay instalados 124 dispositivos de fiscalización, los cuales recaudaron en 2025 un total de 1.219 millones de pesos.
El jerarca señaló que “se pierden más de 400 vidas por año en siniestros de tránsito”, que son “la principal causa de muerte en la población joven”. Apuntó, además, que el año pasado se registró una disminución de 53% de los siniestros fatales en los puntos en los que hay radares de fiscalización.
“Por otro lado, de 10.000 vehículos que circulan y pasan por un radar, siete no respetan la velocidad, es decir, 9.993 vehículos la respetan”, acotó Magnone. “No hay ninguna duda de que la instalación de los puntos de fiscalización baja la velocidad y disminuye los siniestros graves y fatales, que son los que más nos importan”, afirmó.
El director nacional de Vialidad negó que el objetivo sea la recaudación y señaló que, “si la recaudación fuera cero, la política de instalación sería un éxito y eso querría decir que estamos cumpliendo con el objetivo”. Aseguró, además, que “no hay ningún radar que esté escondido”.