Tras cinco días de trabajo, este viernes concluyó el 195º Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la capital del país.
Fue la cuarta vez que el organismo internacional sesionó en Uruguay, algo que el presidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch, subrayó por su “significado especial”. En un mensaje grabado, Mudrovitsch dijo que las actividades de esta semana fueron “muy gratificantes” y destacó que, a través de ellas, el organismo desarrolló “una nutrida agenda de diálogo institucional” con autoridades del gobierno uruguayo, así como organizaciones de la sociedad civil y representantes de otros organismos internacionales.
De igual forma, recordó que este año también constituye el vigésimo aniversario de “dos sentencias paradigmáticas” para la Corte IDH: el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, que originó la supervisión de la Corte IDH sobre el “control de convencionalidad” –esto es, de verificar que las normas y prácticas jurídicas internas a cada Estado firmante se den conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos–, y el caso Claude Reyes vs. Chile, que “reconoció el derecho autónomo humano al acceso a la información pública”.
Bajo esas circunstancias, el período de sesiones comenzó oficialmente el lunes, con un acto protocolar en el Palacio Legislativo. Concluida la ceremonia inaugural, se celebró una conferencia en el Salón de los Pasos Perdidos del recinto, en la que se abordaron las derivaciones del ya mencionado caso Claude Reyes vs. Chile, así como las buenas prácticas para los mecanismos de acceso a la información pública como un derecho ciudadano.
Acto seguido, el martes la Corte IDH se instaló en el edificio Mercosur y celebró tres audiencias públicas durante el transcurso de varios días, comenzando con el caso Navarro López y otros vs. Venezuela. Los querellantes denuncian a dicho país como el responsable de delitos de allanamiento y detención arbitraria, así como de otros “actos de violencia perpetrados por agentes estatales en perjuicio del defensor de derechos humanos Víctor Alfonso Navarro López”, informó el organismo. En la audiencia declararon tres testigos –dos víctimas y un experto–, mientras que el Estado venezolano no compareció.
Le siguió el caso Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno y sus miembros vs. Chile, cuyo tratamiento comenzó el miércoles por la tarde y se extendió hasta el mediodía del jueves. Según informó la Corte IDH, los denunciantes acusan “la afectación de los derechos a la igual protección ante la ley, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la participación política” ante “la variable ‘afrodescendiente’ en el censo nacional de 2017”, así como su “ausencia de un escaño reservado para representantes de dicho pueblo en la Convención Constitucional de 2021”. En este caso sí participó una delegación en nombre del Estado denunciado, encabezada por el director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Luis Felipe Kipreos.
Finalmente, y entre jueves y viernes, se trató el caso Pueblos Indígenas Mashco Piro, Yora y Amahuaca vs. Perú, en torno a la presunta violación del aislamiento de las referidas comunidades por parte de “empresas estatales, privadas o de terceros”, quienes habrían vulnerado el derecho de “intangibilidad” que rige sobre los territorios que habitan, tras llevar adelante actividades de infraestructura y extracción de recursos en dichos lugares, que infringen contra el derecho a un “clima sano”. Allí, intervino en calidad de testigo el militante indígena Ricardo Cusurichi, y participó también una delegación enviada por el Estado peruano.
Sin perjuicio de las particularidades de cada uno de ellos, la Corte IDH exhortó a las partes de cada caso –los representantes de las víctimas, los Estados denunciados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– a someter cualquier escrito con sus argumentos y observaciones hasta el 23 de octubre, fecha que es improrrogable.
Asimismo, el miércoles la Corte IDH también celebró dos audiencias privadas para supervisar el cumplimiento de las acciones encomendadas al Estado uruguayo en las sentencias de los casos Gelman y Maidanik y otros.
Según dijo a la diaria el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, en las instancias se identificaron incumplimientos en algunos de los puntos incluidos en dichos fallos: entre otros, los esfuerzos en torno a la búsqueda de los restos de María Claudia García de Gelman, la recolección de información sobre personas detenidas desaparecidas y las acciones de fortalecimiento a la fiscalía especializada.
También se accedió a una posible “fórmula de acuerdo” en lo que respecta al tratamiento psicológico y psiquiátrico de las víctimas y, según informó la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, se anunció la transferencia de todos los archivos vinculados a eventos del pasado reciente a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.