Con un evento en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, en la mañana de este lunes, quedó inaugurado formalmente el 195º Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sesión inaugural contó con la participación de la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez, quien actualmente se desempeña como presidente de la Asamblea General; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Doris Morales; y el presidente de la CIDH, Rodrigo Mudrovitsch.
Durante su intervención, Mudrovitsch agradeció a las autoridades del gobierno uruguayo por el recibimiento y señaló que es la cuarta vez que la CIDH sesiona en Uruguay. “Para la Corte Interamericana sesionar fuera de su sede en Costa Rica es un hecho fundamental para acercar al tribunal a las personas”, destacó.
Por su parte, Rodríguez expresó que “el Poder Legislativo uruguayo le asigna una relevancia especial a esta instancia en particular y a la tarea de la CIDH en general”. Dijo que el organismo “ha representado históricamente y representa en la actualidad una garantía del cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Afirmó que el trabajo de la CIDH “constituye uno de los pilares regionales en materia de garantías de los derechos humanos en la región, el desarrollo, la consagración y el efectivo cumplimiento de los derechos”.
Asimismo, la senadora del Frente Amplio comentó que actualmente existe “un momento de vértigo” con “cambios muy rápidos en el mundo de la tecnológica”, así como también con “cambios climáticos” y “cambios demográficos vinculados a las migraciones”. “Sabemos, además, que una parte de la humanidad vive más y mejor, pero esa es una parte de la fotografía de la realidad, [porque] tenemos todavía importantes sectores de nuestras sociedades que necesitan el acceso a determinados derechos”, comentó.
A su turno, Csukasi dijo que para Uruguay “es un honor recibir nuevamente a la CIDH”. “Para nadie es novedoso que Uruguay concede una especial importancia al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, al que considera uno de los pilares fundamentales de la arquitectura jurídica e institucional de las Américas”, expresó.
La vicecanciller sostuvo que, “desde hace décadas”, Uruguay ha entendido que “la defensa de los derechos humanos no puede quedar limitada a las fronteras de los estados”. “Por eso nuestro país ha procurado sostener una relación basada en un principio fundamental: los compromisos internacionales en materia de derechos humanos se asumen para ser cumplidos, incluso cuando su aplicación pueda resultar exigente para el propio Estado”, manifestó.
La presidenta de la SCJ, en tanto, dijo que “la calidad de parte de Uruguay con respecto a la Convención Americana lo mantiene atado a su jurisdicción”. “Pero también, y ello es lo más importante, lo mantiene como partícipe en la imperiosa necesidad de reconocer los derechos humanos consagrados en ella y honrar con sus actos su contenido”, añadió.
Posterior al acto inaugural, la jornada continuó con un seminario y un panel sobre el derecho de acceso a la información pública. En los días siguientes, asimismo, tendrá lugar una audiencia en la que se evaluará el cumplimento por parte del Estado uruguayo de las sentencias de la CIDH en los casos Gelman y Maidanik.
En esta instancia, la CIDH solicitará información sobre varias medidas de reparación. Se preguntará por los avances de las investigaciones vinculadas al asesinato de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, así como de las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González. También se solicitará información sobre las acciones realizadas para continuar con la “búsqueda efectiva” de González y Tassino. Además, se pedirá que se rinda cuentas sobre si las víctimas están recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico; por último, se pedirá información sobre las acciones para fortalecer la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
Todas estas medidas se encuentran comprendidas en la sentencia por el caso Maidanik y otros versus Uruguay del 15 de noviembre de 2021, en que se responsabilizó internacionalmente por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Se trata de la segunda sentencia de este tipo tras la de Gelman en febrero de 2011, por la cual la Corte IDH exigirá también que se rinda cuentas.