Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró este miércoles una audiencia privada para evaluar el cumplimiento de las sentencias por los casos Gelman vs. Uruguay y Maidanik y otros vs. Uruguay.
Según informó la diaria esta semana, la audiencia fue encabezada por la magistrada chilena Patricia Pérez Goldberg. Se abordaron las acciones encomendadas al Estado uruguayo para continuar con la “búsqueda efectiva” de Óscar Tassino y Luis Eduardo González, detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, el tratamiento psicológico o psiquiátrico de las víctimas y la situación que atraviesa la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a la que diferentes organizaciones de derechos humanos denuncian que se ha intentado debilitar.
Participaron en el encuentro el representante de la cancillería uruguaya Marcos Dotta, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) Mariana Mota, la coordinadora de Pasado Reciente de la Secretaría de Derechos Humanos, Mariana Risso, y el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe. Según supo la diaria, en la audiencia los representantes del Estado uruguayo reconocieron incumplimientos sobre algunos de los puntos mencionados y se comprometieron a establecer una mesa de coordinación que permita resolverlos.
En ese contexto, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República informó el jueves que transferirá a la INDDHH todos los archivos relacionados con acontecimientos durante la última dictadura cívico-militar. De acuerdo con lo que publicó el organismo en su portal web, Risso adelantó que se dispuso la creación de un grupo de trabajo interinstitucional a dichos efectos, que tendrá como cometidos “organizar, coordinar y ejecutar el proceso de transferencia, así como acordar los aspectos vinculados al manejo, traslado y recepción de la documentación”.
También explicó que la secretaría trabaja en un convenio junto con el Ministerio de Defensa Nacional para hacer “un inventario de sus archivos a nivel nacional”. Según sostuvo la jerarca, el insumo resulta “de especial interés para el estudio del período de quiebre de las instituciones y del posterior terrorismo de Estado, debido al papel que desempeñó el organismo durante ese período”. Ese material será procesado en conjunto con la INDDHH, de manera de facilitar la investigación de información que pueda aportar elementos para la búsqueda de personas desaparecidas.
Perciballe: fiscalía especializada “salvó la nota”, aunque “hay un retroceso notorio”
Por su parte, Perciballe dijo a la diaria que le parece “importante” poder comparecer ante la CIDH para “rendir cuenta de los avances, de los estancamientos y también, a veces, de los retrocesos”, los cuales “han pasado”. Mientras tanto, en lo que respecta a la fiscalía especializada, destacó algunos avances.
Perciballe expresó que si bien las víctimas criticaron algunos aspectos de la actuación del Estado con respecto al cumplimiento de las sentencias, resaltaron en igual medida “el trabajo importante” del órgano que preside e incluso “le exigieron al Poder Ejecutivo que en diez días emitiera un comunicado de apoyo”. “Me parece que es muy auspicioso para nosotros, porque [la fiscalía especializada] es el único organismo del Estado que podríamos decir que salvó la nota”, evaluó.
Punto por punto, y con respecto a las obligaciones incumplidas de la sentencia por el caso Gelman, Perciballe dijo que “no se pudo dar una respuesta concreta” con respecto a la búsqueda de María Claudia García de Gelman, por lo que se sigue “siendo omisos”. Lo mismo ocurrió en lo referente al “protocolo de recolección de información de personas detenidas desaparecidas, que también sigue siendo un debe” y el que “el Estado no dio una respuesta muy contundente”.
Respecto del caso Maidanik, destacó “un avance muy importante” en el caso de Óscar Tassino en relación con las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, que llevaron a las primeras sentencias por desapariciones forzadas; no obstante, la INDDHH no fue capaz de dar “una respuesta contundente” sobre los avances de la búsqueda. Con respecto al tratamiento psicológico y psiquiátrico de las víctimas, dijo que el Estado se comprometió al pago y que existen “fórmulas de acuerdo”. Finalmente, con relación al fortalecimiento de la fiscalía especializada, Perciballe lamentó que “en vez de avances, hay un retroceso notorio”.
Perciballe mencionó, en este sentido, las expresiones de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, ante la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la Cámara de Senadores, así como otras decisiones que, “en definitiva, van en contra” de la sentencia de la CIDH. De igual manera, reparó que el “ataque” contra la Fiscalía no se resume únicamente en las acciones de Ferrero, sino que se vincula también con “lo que han dicho distintos actores políticos de primer nivel sobre el trabajo de la Fiscalía” e incluso sobre su persona. Así, y a pesar de que acusó la falta de una “defensa” adecuada, aseguró que, “más allá de todo eso”, seguirá actuando como lo viene haciendo, de manera de “avanzar en verdad y justicia”.