Este martes, La mañana de la diaria recibió a Pablo Elizalde, presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, para abordar la situación presupuestal del Poder Judicial. Sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas –que ingresó en la recta final del tratamiento en la Cámara de Senadores–, dijo que se llevaron “una decepción”, puesto que se venía de “una de las peores asignaciones presupuestales de toda la historia” durante la última etapa del expresidente Luis Lacalle Pou, en la que se alcanzó el 1,03% del presupuesto nacional.
“Veíamos como una posibilidad que en esta nueva administración pudiera expandirse un poco el espacio fiscal. Así no fue. No hubo mucho. Fueron algunos retoques para llegar un poquito al 1,06% del presupuesto nacional, pero no mucho más”, señaló. Dijo que, en 2017, la asignación presupuestal para el Poder Judicial era el 1,2% del presupuesto y casi diez años después se está en cifras inferiores, con lo que detectó “un deterioro” en ese sentido.
En lo que respecta al impacto de la falta de recursos, señaló que repercute principalmente en las condiciones de trabajo pero también genera “disparidad” y “retrasos de procesos”. Además, indicó que la Suprema Corte de Justicia planteó la necesidad de “crear 24 juzgados de violencia de género: seis para Montevideo y 18 para el interior”, pero la asignación presupuestal solo contempló la creación de “un juzgado multimateria en Ciudad del Plata”.
Por otro lado, señaló que el impacto también se ve en el funcionamiento del Juzgado de Libertad: “Se van a abrir tres cárceles más en el mismo predio de Libertad con la competencia del Juzgado de Ejecución de Libertad. En esas tres cárceles se va a duplicar la cantidad de personas privadas de libertad –estamos hablando de casi 3.000 presos que van a haber— y la va a tener que seguir atendiendo, actualmente, un juzgado con seis funcionarios, un juez y un actuario”, señaló, y apuntó a una carga de trabajo “impresionante”.
También aseguró que el Poder Judicial “mal organiza el trabajo”, en el marco de lo que describió como una “especie de violencia institucional”, con capas que van “impactando una sobre la otra”: “El sistema político no le da recursos al Poder Judicial y el Poder Judicial, a su vez, no planifica de mejor manera su forma de funcionar, que termina impactando en la forma en que organizamos el trabajo dentro de las oficinas”.
En contraposición, otorgar más recursos permite “brindar un mejor servicio”. Sobre la perspectiva del sindicato de cara al futuro, adelantó que, con relación a los juzgados de Libertad, harán “una movida” mientras continúan “reclamando lo que es necesario”. En palabras de Elizalde, si bien es posible “reasignar algunas cosas” a la interna del Poder Judicial, también entiende que “se le puede dar, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, algún refuerzo” para poder “encaminar la situación” al menos en la “emergencia” que representa la situación en Libertad.
Uruguay debe “sentarse a discutir qué sistema de justicia quiere”
En el marco de los recursos disponibles, Elizalde también abordó la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) y las nuevas atribuciones que otorgó a la Fiscalía General de la Nación. “De hecho, yo creo que el Uruguay tendría que sentarse a discutir qué sistema de justicia quiere, porque muchas de estas propuestas de modificación del sistema de justicia son traídas por organismos internacionales donde se implementan de la misma forma en todos los lugares”, una mirada que según Elizalde pautó la reforma del CPP en 2017.
Según dijo, se trata de una propuesta de reestructura de los poderes judiciales de América Latina donde “tiene una fuerte incidencia la Organización de los Estados Americanos (OEA) por intermedio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas”. No obstante, remarcó que su mirada no es una defensa del anterior, sino un llamado a “rever el sistema”.
Dijo que el anterior “tenía problemáticas que había que subsanar” y no podían existir “privados de libertad sin condena” pero, al mismo tiempo, en la actualidad “99,1% de las personas que están privadas de libertad se hicieron por un mecanismo que habilita el nuevo código que es el [juicio] abreviado”, un elemento que cuestionó porque “no hay proceso” ni “garantías”.
La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad no se “está politizando”
La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, anunció que prevé reasignar tareas y redirigió temporalmente a personal de la fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a otras dependencias, algo que fue cuestionado desde la Asociación de Funcionarios Judiciales.
“Estas personas que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que ser juzgadas”, reafirmó Elizalde, y dijo que lograr condenas permite dar el mensaje de que “no se pueden hacer cosas fuera de los marcos legales”. En ese sentido, entienden que es “importantísimo” que no se debilite la fiscalía encabezada por Ricardo Perciballe y dijo no compartir el argumento de “algunos actores del sistema político que dicen que se está politizando”, sino que “hay todo un proceso” y “están todas las garantías”.