La fiscalía respondió las mociones de la defensa de Sebastián Marset y defendió la legalidad de los procedimientos de expulsión de Bolivia, en marzo de 2026, y las declaraciones posteriores durante el trayecto hasta el Centro de Detención de Alexandría. Además rechazaron la existencia de persecusión vindicativa contra el narcotraficante uruguayo.
“El procesamiento de uno de los narcotraficantes más prolíficos y violentos del mundo no es vindicativo; más bien, es una respuesta apropiada y justa a la conducta criminal del demandado”, señala uno de una serie de documentos firmados por el procurador general, Todd W Blanche, la primera fiscal adjunta, Theophani K Stamos, y los fiscales del caso, Catherine Rosenberg y Anthony T Aminoff.
En la respuesta, las mociones de la defensa en las que se apuntó a la ilegalidad de la detención, considerando que no se cumplieron los procesos previstos en el artículo 37 de la ley migratoria boliviana para una expulsión, la fiscalía planteó que el procedimiento de arresto y expulsión se realizó bajo las leyes de Estados Unidos.
“Los Agentes Especiales de la DEA asignados al caso actuaron de manera legal y profesional durante toda la investigación, incluyendo sus interacciones posteriores al arresto con el demandado”, señalaron.
La fiscalía refiere a Marset como el autoproclamado “rey del sur”, y señala que “traficó toneladas de cocaína, por valor de millones de dólares estadounidenses, desde América del Sur hacia varios lugares del mundo, particularmente Europa, pero también hacia Estados Unidos”. El último punto es clave para justificar la extraterritorialidad de la acción del gobierno estadounidense y va contra uno de los puntos de apoyo de la fundamentación de la defensa de Marset que señalaba que no se le atribuía “haber enviado jamás un solo gramo de cocaína a Estados Unidos”.
“El demandado amenazó y cometió numerosos actos de violencia para promover su actividad de tráfico de drogas. Estos actos de violencia tenían la intención de hacer avanzar su organización de narcotráfico, asegurar su propia libertad e intimidar a otros para que se sometieran a su voluntad”, señalaron.
En cuanto a los primeros contactos con el entorno de Marset, la fiscalía coincide con la defensa en cuanto a que ocurrieron un año antes de la captura, en marzo de 2025, en el aeropuerto colombiano de El Dorado, donde el agente especial Michael Greisen se acercó a la pareja de Marset, Susana Castaño, y le entregó una tarjeta personal para que los contactara.
Luego de dos intentos por Whatsapp, Castaño los bloqueó y horas más tarde se contactaron con Marset. El documento transcribe parte del diálogo:
“Sebastián, mi nombre es Mike Greisen y soy agente de la DEA. Hemos intentado dos veces darte la oportunidad de establecer comunicación directa conmigo y con mi equipo. Parece que has rechazado ambas oportunidades. Queríamos informarte y explicarte cómo podrías resolver tus problemas con los Estados Unidos de manera discreta y profesional, reconociendo tus preocupaciones por tus hijos y otros seres queridos. Me gustaría explicarte cómo abordar esas preocupaciones mientras resuelves tus problemas con Estados Unidos, problemas que no van a desaparecer. Tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. De lo contrario, simplemente estás esperando el día de tu inminente captura. Estados Unidos tiene un brazo largo de la justicia, bastantes recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarte, tal como lo hicimos con El Chapo, Mayo, Caro Quintero, Otoniel y muchos otros. La decisión es tuya”.
“Llevo tres años huyendo y seguiré huyendo toda la vida si es necesario. Nunca me atraparán”, respondió Marset.
“Comprendo tu posición y las complejidades involucradas. Pero como profesional voy a seguir haciendo mi trabajo, hermano. Me comuniqué personalmente para enviarte este mensaje directamente. Sinceramente aprecio tu franqueza. Simplemente estoy tratando de ofrecerte una salida y salvar la vida de tus hijos”, insistió Greisen.
“¿Los van a matar o qué? Yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”, respondió.
El agente le dijo que “no necesitaba ser genio para reconocer su perfil, ya que tenía la foto de uno de sus hijos. Marset les respondió: “Estás acostumbrado a los sapos que tienen por tu país". Mira que nadie es inmortal, hijo de puta. Vos debes de ser un sapo más, convertido en DEA”. El narcotraficante volvió a advertir que no tenía miedo a la DEA: “No le tengo miedo a nadie. Todos somos mortales. Soy un criminal. Seré un criminal toda mi vida, venga quien venga a buscarme.”
La DEA denunció ante la sede la amenaza que sufrió el agente y desestimó la versión de la defensa de Marset en cuanto a que el agente amenazó la seguridad de sus hijos. La conversación culminó con un mensaje de Greisen: “Me alegra que tus hijos estén contigo y a salvo. Debes respetar el hecho de que me estoy comunicando contigo directamente, como un hombre. Así que así lo dejaremos. Tienes mi número si cambias de opinión”.
La detención y las declaraciones en el trayecto
La fiscalía atribuye a inteligencia boliviana la detención de Marset y señala que fueron ellos los que les informaron que habían ubicado al narcotraficante, mientras que la versión de la defensa es que, en octubre de 2025, agentes de la Policía Federal brasileña colocaron un rastreador en la maleta de Susana Castaño en un aeropuerto y eso fue lo que condujo a la DEA hasta la casa del barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra.
La fiscalía también niega que el operativo del 13 de marzo haya sido violento y que haya estado comandado por la DEA. “Ningún personal de la DEA estuvo presente. El demandado fue arrestado sin incidentes. Luego registraron la residencia, un túnel que la conectaba a una casa vecina y otra ubicación cercana donde se encontraba su equipo de seguridad. No se realizaron disparos”, afirmaron.
En cuanto al traslado hacia Estados Unidos –donde la defensa de Marset planteó que fueron violadas las garantías y que, mediante engaños, Marset fue inducido a declarar sin un abogado–, la fiscalía sostiene que desde el primer momento los agentes de la sede en Lima de la DEA, Reyes y Vega, le leyeron los derechos Miranda en español y entregan ante la Justicia el documento firmado por Marset en el que reconoce haber sido informado de sus derechos. En el trayecto Marset leyó la acusación de la Fiscalía estadounidense y mantuvo una conversación con los agentes que fue grabada, en la que –según la versión de la fiscalía– Marset reconoció haber recibido dinero por parte de quien fuera su financista, el uruguayo Federico Santoro Vasallo.
Al llegar al aeropuerto de Dulles, los agentes Tyler Ganzel y Michael Greisen y la analista de Inteligencia Maritza Juno lo interrogaron en una sala del aeropuerto. Mientras que la defensa de Marset planteó que lo obligaron a renunciar a sus derechos diciéndoles que podría reducir su condena, la DEA planteó que siempre le advirtieron que la decisión última sobre el monto de su condena dependía de un juez. “Se le aclaró que el gobierno no hacía promesas”, señala el documento que detalla que el interrogatorio se realizó en español y duró desde las 11.00 a las 15.22. En él Marset entregó las contraseñas de seis equipos y renunció al tener un abogado durante su declaración. “Nunca se le prometieron puntos u ofertas concretas a cambio de contraseñas o información”, sostiene el documento en el que se califica como “espontánea y voluntaria” la declaración de Marset.
Sobre el no haber grabado ese interrogatorio, uno de los puntos cuestionados por la defensa, la fiscalía dijo que esa sala no está preparada para grabaciones y que es “habitual” que se realicen interrogatorios sin grabar. La fiscalía anexó el documento en el que Marset renuncia a sus derechos para declarar y otro para autorizar el registro de los celulares incautados.
En cuanto a la versión dada por la defensa, que planteó que durante el traslado al juzgado los agentes de la DEA intentaron extorsionarlo pidiéndole las contraseñas de sus billeteras digitales, la fiscalía sostiene que antes de ingresar al auto que lo llevaban, Marset planteó que quería entregar información adicional y se refirió a las contraseñas de las cajas fuertes que tenía en su casa en Bolivia, donde había dinero, relojes y otro celular. La DEA dice que el primer contacto con la madre de Marset –que tenía acceso a los cuadernos con las llaves de las billeteras de criptomonedas– fue realizado por iniciativa del narcotraficante y luego ella envió a la DEA fotos de los cuadernos donde estaban contenidas, pero nunca proporcionó las claves.
Los documentos también dan algunos detalles de la negociación, señalando que el acuerdo abreviado que se estaba gestando con Marset con base en la primera acusación que contenía solo el cargo de conspiración por lavado de activos se cayó unas semanas antes de que se presentara la segunda acusación, cuando la fiscalía planteó incorporar el delito de narcoterrorismo. Fracasadas las negociaciones, el 25 de junio la fiscalía presentó la acusación vigente hasta ahora, por los cargos de narcoterrorismo, conspiración para poseer, con intención de distribuir, cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos y conspiración para lavado de activos y lavado de dinero.
La acusación por narcoterrorismo
Al plantear la existencia de evidencia de que Marset envió cocaína a Estados Unidos, la discusión sobre la pertinencia de la anulación de este cargo dejó de estar enfocada en el nexo directo con Estados Unidos y se centró en las actividades de la organización criminal de Marset y la finalidad de los hechos violentos que figuran en la carpeta de investigación. Además, mientras en la acusación solo se mencionaba el Primer Cartel Uruguay, en las respuestas a las mociones, la fiscalía presenta elementos sobre el vínculo de Marset con los grupos criminales Primer Comando Da Capital y el colombiano Clan del Golfo declarados en los últimos meses como organizaciones terroristas extranjeras, lo que enmarca la discusión en otro marco regulatorio y acuerdos de cooperación entre estados sobre terrorismo y lavado.
El delito de narcoterrorismo, previsto en la sección 960 del título 21 del Código de los Estados Unidos, aplica cuando el acusado sabe que sus actividades de narcotráfico están generando recursos económicos para una organización terrorista extranjera o para individuos que hayan cometido actos de terrorismo, y Estados Unidos se reserva el derecho de actuar fuera de su territorio siempre que se vea afectado el comercio exterior o la seguridad de Estados Unidos.
“El acusado dirigía una enorme organización de tráfico de drogas que distribuía cocaína por todo el mundo, lavaba fondos a través de Estados Unidos, atentaba con bombas contra comisarías de Policía, amenazaba a agentes de la DEA y fiscales y asesinaba a testigos”.
La respuesta incluye la transcripción de la definición de terrorismo, incluida en la sección 1182 del título 8 del Código de Estados Unidos define el terrorismo como cualquier actividad que sea ilegal bajo las leyes del lugar donde se comete, o bajo las leyes de Estados Unidos, que involucre, sabotaje, secuestro extorsivo, ataques violentos a personas internacionalmente protegidas, asesinato, uso de agente biológico o explosivo, entre otros elementos.
La fiscalía planteó que entregó a la defensa el material probatorio que consiste en “voluminosos registros bancarios, grabaciones con coconspiradores y con el propio acusado, conversaciones de mensajes de texto en varias plataformas, informes de gobiernos extranjeros y otros elementos” y además tiene varias actas de entrevistas a testigos que aún no ha entregado.
“Para distribuir su cocaína, el acusado utilizó buques portacontenedores y lanchas rápidas sin bandera, entre otros métodos. También se asoció con otras organizaciones para facilitar su tráfico de drogas, incluyendo el Clan del Golfo de Colombia y el Primeiro Comando da Capital. Su organización lavó millones de sus ganancias a través de instituciones financieras de Estados Unidos”, señala el documento de la Fiscalía.
Además, señala que Marset “utilizó una violencia brutal para mantener el control”, apuntando a que la finalidad de los actos violentos van más allá de proteger sus intereses económicos. “Asesinó a individuos que sospechaba que colaboraban con las fuerzas del orden. Amenazó o mató a aquellos miembros de las fuerzas del orden a los que no pudo corromper, llegando a amenazar a un agente de la DEA de Estados Unidos. Y perpetró un atentado con bomba contra una comisaría de Policía uruguaya para que las fuerzas del orden uruguayas aprendieran a respetarlo”, sostiene la Fiscalía en su respuesta a la defensa. Además menciona el Convenio sobre Atentados Terroristas con Bombas y el hecho de que fue suscrito por Estados Unidos y Uruguay y defiende que, en la segunda acusación, se dan detalles de los actos calificados como terroristas, incluyendo el atentado a la Brigada Antidrogas, de mayo de 2020 y “la amenaza a una fiscal”, en referencia a Mónica Ferrero.
En esa línea, la fiscalía dice que la conducta de Marset “afectó intereses estadounidenses significativos” y encuadra “exactamente” con el tipo de delito que los legisladores buscaban perseguir con la tipificación de narcoterrorismo y plantea que “las actividades del acusado violaron las leyes penales de Estados Unidos” y afectó el comercio intencional, “ya que el acusado lavó millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense”.
Por otra parte, desestima los argumentos de la defensa sobre la violación del debido proceso en su contra. “El acusado era consciente de su condición de fugitivo; publicó videos burlándose de las fuerzas del orden sudamericanas por los intentos fallidos de apresarlo”, plantea y agrega en otro tramo “cuando es aprehendido tras años como fugitivo no puede entonces esconderse detrás de la cláusula del debido proceso”.
La respuesta culmina señalando que el objeto de debate, en cuanto a que si las actividades violentas de la organización de Marset respondían únicamente a un beneficio económico personal “es una cuestión que debe decidir un jurado”.