Un Solo Uruguay (USU) apuntó directamente contra el artículo 39 del proyecto de competitividad y reducción del costo de vida elaborado por el equipo económico. Este, uno de los 239 artículos de la iniciativa, dispone la creación de un sistema de trazabilidad de frutas y hortalizas frescas en el ámbito del Registro Nacional Frutihortícola. También establece que el Poder Ejecutivo será el encargado de reglamentar “los requisitos, la oportunidad, la forma y las condiciones para su implementación y funcionamiento” de dicho sistema, que funcionará bajo la órbita de la Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Ante la Comisión de Hacienda de Diputados -que actualmente tiene a estudio el proyecto, luego de que se aprobase por unanimidad en el Senado-, el dirigente de USU Alejandro Gorostidi aclaró que el cuestionamiento no se basa en que la trazabilidad “sea algo difícil de hacer”, sino en que, “como todo sistema, conlleva la burocracia y el costo de gestionar una estructura”. “El tema es que al agregar valor tiene que haber un valor percibido y un pago por eso; si no, de alguna forma, es un costo, y ese costo, ¿quién lo asume?”, preguntó, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
Gorostidi, que se presentó como un “un pequeño productor familiar con cinco hectáreas”, contó en la comisión una experiencia personal con la exportación de arándanos. Narró que, “en el arranque del sector de arándanos en Uruguay”, incorporó en su chacra un sistema de trazabilidad que permitía que, “si había un problema sanitario en un supermercado en Londres, por ejemplo, a partir de esa petaca de 125 gramos de arándanos [se] podía identificar, [se] podía rastrear para atrás y [se] sabía qué día se había cosechado, en qué cuadro y en qué cosechera”. “Pero ese era un sistema voluntario; el cliente te pedía eso; era un valor percibido, por lo cual había un negocio y te lo pagaban”, puntualizó.
Gorostidi sostuvo que una de las ventajas competitivas consiste en “que haya un valor percibido y que te paguen por ese valor percibido”. “Entonces, si esto no me agrega valor, lo que me agrega es costos, sencillamente”, recalcó.
“Yo vengo de tres ejercicios en rojo, y en realidad, ¿esto va a mejorar mi estructura de costos o la va a empeorar? Lo que yo necesito es una ayudita, justamente, para lograr competitividad; no que me aumenten los costos”, expresó el dirigente de USU, y aseguró que se trata de una preocupación de “toda la gente que está vinculada al sector en el entorno rural”.
La contadora Patricia Pertman, que también integró la delegación de USU, indicó que el sistema de trazabilidad de frutas y hortalizas frescas “ya estaba previsto” en la ley de presupuesto del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. “La principal diferencia es que ahora se crea por ley”, dado que, “en aquel momento, se le cometía a la Dirección General de la Granja la creación del sistema”, explicó.
Según Pertman, existe “una diferencia muy grande en que este sistema se cree por ley a que se cree por medio de un acto administrativo”. “Estas diferencias están, básicamente, en lo que tiene que ver con la cantidad de sujetos alcanzados, porque la Constitución nos dice que nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella prohíbe, y acá se está creando por ley y no por un acto administrativo”, resaltó.
Gorostidi sostuvo que el actual régimen de trazabilidad conlleva “una carga administrativa grandísima” y reiteró la preocupación de los productores por “los costos asociados que pueden generar sistemas de este tipo y, sobre todo, a la superposición de trámites con otros ya existentes, que a veces uno termina viendo que es, de cierta manera, innecesario”.
“Lo vamos a tener en cuenta a la hora de la votación”
En la comisión, el diputado del Frente Amplio Joaquín Sequeira rechazó que la incorporación de trazabilidad vaya en contra de la competitividad. “Creemos que incluirle trazabilidad a cualquier producto agrega valor agregado. Nadie cuestiona la importancia, por ejemplo, de la trazabilidad en la ganadería y cómo eso abrió nuevos mercados sobre Uruguay”, argumentó.
No obstante, Sequeira reconoció que “no es lo mismo si estamos buscando un nuevo mercado internacional, [con] un gran productor que persigue exportar, que un pobre productor más chico que, de pronto, apunta al mercado local y ese valor agregado no le aporta nada en términos comerciales y genera un sobrecosto”. En ese sentido, el legislador expresó: “Acusamos recibo de los planteos; no lo teníamos previsto. Lo vamos a evaluar y tener en cuenta a la hora de la votación para la decisión que tomemos”.
Desde la oposición, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez consideró que el artículo 39 “lo que hace es poner la carreta delante de los bueyes”. “Hablar de un tema antes de tener a quién venderle es estar hablando de cuestiones que no tienen sentido, sin tener la verdadera dimensión de las diferentes realidades”, afirmó, y se manifestó a favor de que el artículo “no sea aprobado oportunamente por la comisión y, mucho menos, por el plenario” de la Cámara de Diputados.
Se “desconocería la inversión de quienes lo hicieron primero”
Por su parte, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) propuso eliminar, o eventualmente desglosar, el artículo 140, relativo a la simplificación del registro de importadores subsiguientes. Este artículo autoriza “la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo”, lo que permitirá a una empresa importar un producto previamente registrado por un tercero.
El economista Álvaro Lalanne, integrante del equipo económico, explicó en su momento en la comisión que el objetivo de la medida es fomentar “la competencia intramarca”. “Si será importante este asunto de la competencia intramarca que nosotros hicimos un relevamiento de distintos productos, en los que hay una presencia dominante de algunas marcas; son productos de uso masivo, de uso generalizado en el consumo de los uruguayos”, señaló. El economista apuntó que, en comparación a los precios que hay en otros países de la región de “exactamente las mismas marcas”, en Uruguay existe un sobreprecio del 70% en promedio.
Según informó en primera instancia El País, la CIU advirtió en la comisión que “reducir los costos para los productos importados, sin corregir antes los problemas de competitividad que encarecen la producción en Uruguay, expone a la industria a una competencia completamente asimétrica”. En un documento, al que tuvo acceso la diaria, la gremial también advirtió que “abaratar los registros para importadores subsiguientes desconocería la inversión realizada por quienes lo hicieron primero”, lo cual configuraría una “ventaja injusta” para el importador subsiguiente. La medida, además, promovería “la existencia de importadores de oportunidad”, quienes “no darán garantías intertemporales de trazabilidad, responsabilidad sanitaria y control de vencimientos”. “Un trámite de importación simplificado convertiría al mercado uruguayo, por su tamaño reducido, en el destino ideal para liquidación de excedentes de Brasil y Argentina, o de Asia, o productos próximos a su vencimiento”, agregó la gremial.