Luego de una serie de intervenciones en las que predominó un buen clima de diálogo entre los legisladores, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles por unanimidad (31 en 31) el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida elaborado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que consta de 240 artículos, se divide en cuatro capítulos: agilización de los trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida, e innovación y aceleración de las inversiones. El proyecto ahora será tratado en la Cámara de Diputados.
La senadora del Frente Amplio (FA) Liliam Kechichian fue la miembro informante de la iniciativa. Al inicio de su intervención, además de valorar el trabajo conjunto con los senadores opositores, se refirió a las distintas delegaciones que en los últimos días se pronunciaron sobre el contenido del proyecto en la Comisión de Hacienda de la cámara alta. Resaltó que algunas de las observaciones fueron incorporadas al texto final, lo que da “sentido” a la actuación parlamentaria, “no como un trámite formal, sino como una instancia genuina de mejora legislativa”.
Kechichian también recordó la consulta pública que en su momento convocó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante la etapa de elaboración del proyecto, y afirmó que no se trata de “un proyecto redactado a puertas cerradas”, sino de “un proyecto que recoge la experiencia práctica de quienes día a día utilizan y administran la regulación”.
Según la senadora del FA, el objetivo de la iniciativa “puede resumirse en pocas palabras”: “Llevar adelante reformas horizontales para modernizar el Estado, reformas sectoriales para aumentar la competitividad de nuestra economía, promover la innovación y reducir el costo de vida de las uruguayas y los uruguayos”. En pos de dicho objetivo, señaló, “el proyecto busca modernizar el funcionamiento del Estado, reducir los tiempos y los costos administrativos que hoy enfrentan las personas y las empresas, incentivar la transparencia en la formación de precios, facilitar la actividad empresarial, promoviendo mercados más competitivos y estimular la inversión y la innovación”.
En cuanto al eventual impacto en la vida cotidiana de las personas y las empresas uruguayas, Kechichian comentó que la Comisión de Hacienda analizó una simulación sobre una empresa pequeña, con diez empleados y una facturación anual de 35 millones de pesos con costos de gestión y cumplimiento regulatorios que alcanzan el 5% de sus costos operativos, y afirmó que, en ese sentido, la “acumulación de la simplificación” prevista en el proyecto “permite reducir en un 26% esos costos de gestión”. Esto, agregó, supone “más recursos para producir, contratar, invertir y menos recursos destinados a trámites”.
Por su parte, el senador del FA Daniel Caggiani destacó la habilitación de importadores subsiguientes, algo que “podría generar, según la evidencia recogida por la comisión, un ahorro potencial cercano al 1% en el costo de vida de los uruguayos y uruguayas, por convergencia de los precios uruguayos, hacia el promedio regional en productos que son de consumo masivo”.
“Son cifras que, sumadas, dibujan una economía con menos fricciones; un Estado que exige una sola vez lo que hoy exige varias veces, mercados más abiertos a la competencia y más y mejores herramientas de financiamiento para proyectos productivos e innovadores”, resaltó.
Robert Silva: “Una ley no alcanza”
Tanto desde el Partido Nacional (PN) como desde el Partido Colorado (PC) ya se habían adelantado que acompañaría la iniciativa en general, así como la mayoría de sus artículos. Efectivamente, así terminó ocurriendo este miércoles en el plenario de la cámara alta, donde solo algunos cambios fueron aprobados únicamente con los votos del FA.
Hasta último momento hubo correcciones. Por ejemplo, en el transcurso de la votación del plenario se modificó la redacción del artículo que crea el Sistema de Finanzas Abiertas; en concreto, se agregó que “la negativa del usuario a autorizar la incorporación, utilización o intercambio de sus datos personales en el sistema de finanzas abiertas no podrá restringir la realización de trámites ni condicionar el acceso a productos o servicios”. Esto permitió que la oposición finalmente acompañase la creación del sistema.
El senador colorado Robert Silva dijo al momento de la votación tener una “cifrada esperanza” en que “muchas” de las disposiciones del proyecto “impacten directamente en la gente”, es decir, “que mejoren la calidad de vida de la gente”. “Vamos a votar esta ley en general porque Uruguay necesita ser más competitivo, eliminar burocracia, facilitar inversión, atraer inversión y generar empleo y trabajo; es lo que una y otra vez nos dice la gente cuando recorremos el país”, expresó.
De todas formas, Silva advirtió que “una ley no alcanza” para mejorar la competitividad del país, puesto que esta “también se pierde cuando se paraliza el puerto, cuando producir cuesta cada vez más, cuando la inversión encuentra obstáculos administrativos que esta misma ley pretende combatir o cuando la economía no logra despegar”. “De poco sirve que aprobemos aquí un capítulo entero de facilitación del comercio exterior si mientras tanto pasa lo que pasa con el puerto o con otras entidades, con paralizaciones que comprometen al país, al empleo y al trabajo”, agregó.
En cuanto al detalle del texto, el legislador del PC criticó la existencia de “una delegación reglamentaria excesiva y reiterada”. Afirmó que “decenas de artículos remiten para su aplicación efectiva a lo que establezca la reglamentación”. “Umbrales, plazos, excepciones, requisitos técnicos y hasta el monto de tasas quedan librados a decretos futuros” del Poder Ejecutivo, apuntó.
A su turno, el senador colorado Andrés Ojeda dijo que las “cuestiones libradas a la reglamentación hoy representan casi un 60% de la ley”. En la misma línea que Silva, dijo que, en su mayoría, el proyecto no tiene una “aplicación directa”, es decir, “no estamos ante un texto que al momento de ser publicado en el Diario Oficial se transforme en realidad al día siguiente”.
En respuesta, Kechichian manifestó: “Este proyecto no promete una transformación instantánea, pero sí promete un Estado más ágil, unos mercados más abiertos y una economía más competitiva”.
Claves
Importadores. Se autoriza que haya múltiples proveedores de un mismo producto y se dispone un procedimiento de registro simplificado para productos previamente registrados por un tercero.
Mercaderías. Salvo excepciones, se establece que todo certificado de registro de mercaderías habilitante para su comercialización tendrá una vigencia mínima de diez años.
Aduanas. Se crea la figura del “autodespacho aduanero”, que permitirá que en determinados casos no sea preceptiva la intervención de un despachante.
Apoderados. Se establece un registro único de apoderados y representantes autorizados a realizar trámites con el Estado, a cargo del Ministerio de Educación y Cultura.
Defensa de la Competencia. Se transforma la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, en un servicio descentralizado.
Finanzas abiertas. Se dispone la implementación de un sistema de finanzas abiertas para, entre otras cosas, “promover la inclusión financiera” y “fomentar la competencia, la innovación, la eficiencia y la calidad de los servicios financieros y de pagos”.
Mipymes. Se crea un sistema integrado de soluciones de gestión, facturación y pagos electrónicos para micro, pequeñas y medianas empresas.
Trámites marítimos. Se dispone la creación de una “ventanilla única marítima” para la gestión electrónica integrada de los trámites marítimos y portuarios.
Autorizaciones ambientales. Se introducen cambios a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, limitando la Autorización Ambiental Previa a “la categorización de suelo, restricciones de uso o usos admitidos”.
Trabajo forzoso. Se prohíbe la importación de cualquier bien que haya sido producido con trabajo forzoso u obligatorio. Esto ha sido utilizado por Estados Unidos como argumento para el aumento de aranceles a varios países, incluido Uruguay.
Sebastián da Silva: “No es como el de Sturzenegger, pero va encaminado”
El senador del PN Sergio Botana, quien durante el debate en la Comisión de Hacienda se mostró a favor del proyecto, aunque con matices, afirmó que “hacen falta otras leyes” para mejorar la competitividad del país. “Vine acá a ofrecer los votos de mi partido para las leyes que haya que aprobar para que Uruguay deje de ser un país caro”, anunció.
“Acá hay que aprobar una ley de combustibles, [porque] la fijación del precio de los combustibles, que nos daba mejor competitividad que este [el mecanismo adoptado por la actual administración] todavía lo podemos mejorar con la desmonopolización de los combustibles y otras herramientas”, sugirió. Para Botana, es necesario llevar a cabo una reforma para “sacar los impuestos del precio de los combustibles de Uruguay”.
Por su parte, el senador del PN Sebastián da Silva celebró “el fin de las discusiones ideológicas absolutamente anacrónicas sobre lo que hay que hacer en este país”. En ese sentido, destacó el uso de ciertos conceptos por parte del oficialismo, como, por ejemplo, el de “prosperidad” y el de “desempapelamiento”. “El esfuerzo no es como el de [Federico] Sturzenegger en Argentina, pero va encaminado”, agregó, en referencia al ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Javier Milei.
En contexto
A pesar de su extenso articulado, el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida tuvo un rápido tratamiento en la cámara alta. Fue presentado por el Poder Ejecutivo el 18 de junio y aprobado en comisión la semana pasada, con un amplio consenso: 74% de los 240 artículos fueron aprobados por unanimidad. De hecho, oficialismo y oposición realizaron sesiones extraordinarias para concluir el trámite antes de que la Rendición de Cuentas –ya con media sanción– ingrese al Senado.
Cuando fue a presentar el proyecto al Parlamento, el titular del MEF, Gabriel Oddone, puso como ejemplo la increíblemente vigente prohibición de abrir carnicería los domingos, algo que, si bien “no se cumple desde hace muchos años”, forma parte de la legislación (desde 1941). “De ese tipo de ejemplos está lleno el proyecto de ley, pero hay cosas más sustantivas”, expresó en aquella oportunidad (ver Claves).
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